Hoy martes, día 16 de xuño, desde las 12.00 horas, tuvo lugar una sesión de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible que tuvo por objeto la ratificación de la ponencia designada y emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la Proposición de ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Ente otras cosas dije:
I.- Introducción
Intervengo en esta
comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro más profundo descontento y rechazo a la actitud tomada por el Grupo Parlamentario
Socialista el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego y SUMAR que registraron el 25 de mayo, la víspera de la reunión
de la ponencia, cinco enmiendas
transaccionales que transformaban por completo el texto unánime que había
llegado al Congreso procedente del Parlamento de Galicia.
En la reunión de la
ponencia, del pasado 26 de mayo, nosotros pedimos tiempo para estudiar y conocer el alcance de esas
enmiendas tanto desde el punto de vista jurídico como del económico-financiero,
pero estos tres Grupos, de forma filibustera se negaron y forzaron una votación. Impusieron
una tramitación exprés después de 45
prórrogas y de tres meses de demora para constituir la ponencia…
De modo y manera que
el texto del informe que fue aprobado en la ponencia fue votado en contra por el Grupo Parlamentario Popular.
Es especialmente deplorable la
actitud del Bloque Nacionalista Galego ya
que al igual que el GPP se había comprometido a no presentar enmiendas al
articulado, sobre la base de que se
respetaría íntegramente lo que venía de la Cámara gallega.
Muy recientemente, el
22 de abril de 2026 en Santiago BNG, PSOE y PPdeG votaron
esto: “El Parlamento de Galicia acuerda como
resolución ratificar su apoyo al
contenido íntegro de la proposición de ley
orgánica de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad
y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9), aprobada por unanimidad en esta Cámara y reivindicación
plenamente vigente, e insta a la Xunta de
Galicia la adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer respetar este
acuerdo y garantizar una AP-9 plenamente gallega, con una gestión pegada al
territorio y libre de cargas."
El 29 de abril en la
reunión de la ponencia tanto el GPP como el BNG pidieron al PSOE y SUMAR que retiraran
sus enmiendas y que votaran el texto unánime del Parlamento de Galicia
Sin embargo, en una maniobra
política opaca y muy desleal, el BNG traicionó el mandato del Parlamento de
Galicia y el Sr. Rego firmó finalmente enmiendas transaccionales al
articulado.
¿Dónde está la
coherencia de la que tanto presumen los nacionalistas? ¡Votan una cosa en Galicia y otra en Madrid,
inmensa hipocresía!
Ahora lo venden, de
forma partidaria, como un acuerdo satisfactorio, pero nosotros lo consideramos
como muy insuficiente.
II.- Indicios de inconstitucionalidad
Las enmiendas
propuestas por PSOE, Sumar y BNG a la PLO aprobada por el Parlamento de Galicia
pretenden crear una apariencia de cumplimiento de la pretensión de Galicia
de transferencia en lo competencial, pero con matices y trampas importantes en
lo económico.
Suscribir un traspaso sin las garantías
mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia
implica que Galicia asumiría una infraestructura clave pero potencialmente
condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas, lo que
desnaturalizaría el propósito de la transferencia y podría comprometer la
capacidad de la Comunidad para abaratar la AP-9 y avanzar hacia su futura
gratuidad.
A la luz de la
Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina
especializada, se concluye que el enfoque de las enmiendas transaccionadas por PSOE–Sumar–BNG presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Ya que en el
Artículo 1 no se transfiere inmediatamente la autopista y sus competencias,
sino que obliga al Estado y a Galicia a acordar las condiciones concretas del
traspaso, lo cual es incorrecto.
Esto vulnera
la exigencia del art. 150.2 de la Constitución al no transferir por sí
misma las competencias, dejando su atribución efectiva en manos de un acuerdo
posterior de la Comisión Mixta.
En suma, el texto que ahora nos proponen se limita
a “autorizar y encargar” la negociación de la transferencia, sin ejecutarla
de inmediato.
III.- Comparación del texto de la propuesta de Galicia con el texto enmendado
La Proposición
de Ley del Parlamento de Galicia de 2024 aprobada por unanimidad es un texto
completo y garantista. Impone claramente al Estado la obligación de asumir los principales costes
pasados y futuros de la concesión, blindando la sostenibilidad financiera de la futura
gestión autonómica. En otras palabras, Galicia
recibiría la autopista sin cargas indeseadas ni “facturas ocultas”. La
lógica subyacente es que la AP-9 fue construida y concesionada por el Estado,
por lo que debe traspasarse “libre de cargas”.
El texto transaccionado reformula la asunción de
obligaciones económicas, sustituyendo las previsiones detalladas de la
Proposición original por un esquema de límites y reparto de cargas en el
seno del futuro Acuerdo de la Comisión Mixta.
Eliminaciones
notables: El texto
transaccionado suprime varias disposiciones
clave del original:
Desaparece del artículo 1 del texto
original lo siguiente: “Del mismo modo, la Administración general del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales del
Estado, el cumplimiento de todas aquellas actuaciones
e infraestructuras ya comprometidas, así como de aquellas que fuesen necesarias
en el futuro para el
cumplimiento de normativa, para una explotación adecuada o para que el nivel de
servicio de la autopista se mantenga en un rango adecuado”.
Desaparece del artículo 1
del texto original: “4. Con
la finalidad de garantizar el imprescindible equilibrio territorial e igualdad
de oportunidades de Galicia con el resto de España, la Administración del Estado dotará a la Comunidad Autónoma
de Galicia de los medios económicos necesarios
para ampliar las bonificaciones a las personas usuarias
recurrentes, aumentándolas para todas las categorías de vehículos pesados, y
extendiéndolas a familias numerosas y a viajes nocturnos”.
Desaparece del artículo 1 del texto
original: “5. La Administración del Estado
asumirá, con cargo a los presupuestos generales del Estado, cualquier
consecuencia económica derivada de
decisiones o situaciones que no fuesen responsabilidad de la Comunidad Autónoma
de Galicia y que tengan consecuencias en el contrato de la concesión”.
Desaparece del artículo 1 del texto
original: “6. Por
último, y con esa misma finalidad de evitar el desequilibrio en materia de
política de peajes que supone un agravio para la Comunidad Autónoma gallega, la Administración del Estado asumirá, con cargo a
los presupuestos generales del Estado, la supresión de la aplicación del
incremento de tarifa del uno por ciento acumulativo anual durante los próximos veinte años,
previsto en el Real decreto 1733/2011, de 18 de noviembre”.
En consecuencia, la posibilidad de eliminar ese lesivo 1 % anual queda comprometida sin dotación estatal (pues implicaría que la Administración autonómica asuma la compensación a la concesionaria equivalente a 20 años de subidas, un importe potencialmente muy elevado). Este es un cambio crucial: la Proposición original quería que el Estado asumiese ese coste, en tanto la propuesta transaccionada lo suprime totalmente, cargándolo implícitamente sobre Galicia si decide acometerlo.
Por
cierto, que ese ruinoso Real Decreto 1733/2011 para los usuarios de la
AP-9, fue aprobado
por el Goberno socialista presidido por Zapatero, del que era parte
destacada José Blanco.
Desaparece el Artículo 3 (Acta de entrega): que contemplaba la reglamentación detallada del procedimiento y plazo de formalización de la entrega de la autopista a la Xunta.
Desaparece la Disposición adicional 3.ª (Nulidad de prórrogas del peaje): Se elimina la cláusula de garantía que obligaba al Estado a asumir las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión.
La supresión de esta garantía
explícita es de alta relevancia, pues sustituye
la seguridad jurídica inmediata por un esquema más genérico (art. 1.3
del nuevo texto) donde la protección de Galicia ante tal hipótesis queda menos clara.
Esta
desaparición es muy preocupante ante el escenario derivado del dictamen de
la Comisión Europea sobre las prórrogas de la AP-9 en el que
Bruselas cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria de contratación
pública. La Comisión advirtió, además, de que España podría ser llevada
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta las medidas
oportunas, por lo que se trata de un asunto de enorme trascendencia para la
Comunidad Autónoma de Galicia.
IV.- Cierre
Demandamos que se respeten los términos esenciales aprobados unánimemente por el Parlamento de Galicia, asegurando que la transferencia de la AP-9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin “trampa ni cartón” ni riesgos ocultos para Galicia.
Por ello Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del
Reglamento de la Cámara , presentó el pasado viernes para su debate y votación
en esta Comisión siete votos particulares de vuelta al texto remitido por el
Parlamento de Galicia, a la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de
la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la
Comunidad Autónoma de Galicia , en relación con la introducción en
Ponencia, con el voto en contra de este Grupo Parlamentario, de
numerosas modificaciones al texto recibido.
