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viernes, 14 de marzo de 2025

Recordamos el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19

 


Hoy se cumplen cinco años del 14 de marzo de 2020, una aciaga fecha en la que se celebró un Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez,  y en el que se aprobó declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de quince días, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España.

El Gobierno dijo entonces que “hace uso de este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública.

Así lo hacía constar en mi Blog: http://www.celsodelgado.gal/2020/03/drasticas-medidas-relacionadas-con-el.html

Este fue el contenido del citado decreto:

"Durante el periodo establecido, la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de trabajo.

El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la mitad durante los próximos 15 días, salvo los servicios ferroviarios de cercanías, que la mantendrán. Los vehículos de transporte de pasajeros seguirán una rutina de limpieza diaria basada en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

El suministro de alimentos quedará garantizado, asegurando no solo el funcionamiento de los centros de producción, sino también de la cadena de distribución. En particular, se podrá, si es necesario, acompañar a los vehículos de transporte de alimentos, y establecer corredores sanitarios para la entrada y salida de productos. Asimismo, las aduanas priorizarán el tránsito de productos de primera necesidad.

Del mismo modo, se garantizará el abastecimiento de los productos necesarios para la salud pública, pudiendo el Ministro de Sanidad impartir las órdenes necesarias para hacerlo efectivo.

Los comercios de hostelería podrán prestar exclusivamente servicio a domicilio, mientras que otro tipo de locales de espectáculos, o donde se realicen actividades culturales, artísticas, deportivas, y similares deberán suspender su apertura estos días.

Igualmente, se suspende la actividad escolar presencial en todos los niveles educativos en favor de actividades educativas online durante este periodo.

La declaración de estado de alarma afectará a todo el territorio nacional durante los próximos 15 días naturales, prorrogable en los términos y con los requisitos previstos en la normativa aplicable. El decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”

jueves, 14 de marzo de 2024

Hoy se cumplen cuatro años de la declaración del estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19


Hoy se cumplen cuatro años del 14 de marzo de 2020, una aciaga fecha en la que se celebró un Consejo de Ministros extraordinario presidido por el presidente, Pedro Sánchez,  y en el que se aprobó declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de quince días, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España.

El Gobierno dijo entonces que “hace uso de este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública.

Así lo hacía constar en mi Blog: http://www.celsodelgado.gal/2020/03/drasticas-medidas-relacionadas-con-el.html

"Contenido del citado decreto

Durante el periodo establecido, la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de trabajo.

El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la mitad durante los próximos 15 días, salvo los servicios ferroviarios de cercanías, que la mantendrán. Los vehículos de transporte de pasajeros seguirán una rutina de limpieza diaria basada en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

El suministro de alimentos quedará garantizado, asegurando no solo el funcionamiento de los centros de producción, sino también de la cadena de distribución. En particular, se podrá, si es necesario, acompañar a los vehículos de transporte de alimentos, y establecer corredores sanitarios para la entrada y salida de productos. Asimismo, las aduanas priorizarán el tránsito de productos de primera necesidad.

Del mismo modo, se garantizará el abastecimiento de los productos necesarios para la salud pública, pudiendo el Ministro de Sanidad impartir las órdenes necesarias para hacerlo efectivo.

Los comercios de hostelería podrán prestar exclusivamente servicio a domicilio, mientras que otro tipo de locales de espectáculos, o donde se realicen actividades culturales, artísticas, deportivas, y similares deberán suspender su apertura estos días.

Igualmente, se suspende la actividad escolar presencial en todos los niveles educativos en favor de actividades educativas online durante este periodo.

La declaración de estado de alarma afectará a todo el territorio nacional durante los próximos 15 días naturales, prorrogable en los términos y con los requisitos previstos en la normativa aplicable. El decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”



viernes, 4 de agosto de 2023

O Tribunal Supremo rexeita compensar á concesionaria da AP-53 pola caída de ingresos polo confinamento derivado do coronavirus

Esta semana coñecemos a sentenza de o Tribunal Supremo, que desestimou o recurso interposto pola Autoestrada Central Galega  fronte á resolución do Consello de Ministros do 14 de xuño do 2022, que rexeitou varias solicitudes de reequilibrio económico presentadas por diversas firmas concesionarias de autoestradas nacionais de peaxe, entre elas Acega. 

Segundo a sentenza do TS, Acega, concesionaria da autoestrada de peaxe Santiago-Dozón  AP-53 reclamou un reequilibrio concesional pola perda de ingresos durante o período que foi do 13 de marzo ao 15 de xullo do 2020, en pleno confinamento pola pandemia do coronavirus. Afirmaba que a situación motivara unha caída moi relevante do tráfico no vial, única fonte de ingresos da sociedade, o que supuxo que o contrato non se puidese executar baixo parámetros de normalidade e nas condicións pactadas, provocando unha forte perda de ingresos que tivo que asumir.


Celebro moito esta sentenza que vén coincidir co criterio que expresei o 22 de setembro de 2020 cando intervín na Comisión de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana do Congreso para fixar a posición no debate dunha Proposición non de Lei sobre prórrogas na concesión de autoestradas de peaxe en motivo da COVID-19, do Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. 


Dixen : “Es muy discutible, realmente, si esta ampliación de la duración inicial que se proponen las normas gubernamentales, hasta un máximo del quince por ciento la modificación de las cláusulas de contenido económico, es una pretensión justa, porque las consecuencias de la pandemia la han vivido absolutamente todos los españoles y muy especialmente, los conductores y usuarios que por las autopistas han dejado de circular como quisieran haberlo hecho porque, simplemente, su actividad económica estaba suspendida, paralizada o limitada. 

Y habrá que preguntarse si es realmente justo y proporcionado  que grandes empresas que obtienen enormes beneficios como consecuencia de los peajes que cobran deban ser solicitantes de  un reequilibrio y, por lo tanto, en la tramitación parlamentaria de esos proyectos de ley habrá que moderar y determinar el alcance de estas normas.


Esta iniciativa se refiere a Cataluña, pero esta problemática es general de todas las autopistas del Estado. En Galicia, por ejemplo, la autopista del Atlántico,  AP9, es una autopista ya con unos peajes muy caros y con unos plazos de concesión excesivamente ampliados  y creemos que hay que mirar las cosas más desde la perspectiva de los usuarios, que desde la perspectiva de las empresas.”


Criterio que coincide con el de la Xunta de Galicia que hoy en un comunicado dice:


“ O Tribunal Supremo vén confirmar o que sempre veu defendendo a Xunta ao negar que se deba compensar á concesionaria da AP-53 pô-la caída de ingresos polo confinamento.

 

A sentenza avala a postura do Goberno galego, contraria a que as concesionarias das autovías ou autoestradas, estatais ou autonómicas, teñan dereito a unha compensación pola perda de ingresos derivada das restricións de mobilidade no estado de alarma.

 

Neste sentido, a Xustiza xa lle dou con anterioridade a razón á Xunta ao desestimar as solicitudes de reequilibrio de concesións presentadas polas concesionarias das autovías do Barbanza e de Celanova ante a caída do tráfico derivada da pandemia.

 

O Goberno galego desestimou todas as solicitudes de compensación presentadas polas empresas que explotan estas vías de titularidade autonómica ao considerar que:

 

- a rendibilidade de concesións longas non pode medirse en función do tráfico rexistrado durante 3 meses, o que agora avalan os tribunais.

 

- e cando nunca se forzou o peche parcial ou temporal das autoestradas na pandemia, senón que só se limitou o movemento dos cidadáns.

 

Polo tanto, esta nova sentenza avala o que defende a Xunta.”

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Celebrando la sentencia del Tribunal Supremo que avala la medida acordada por la Xunta en agosto que exigía el pasaporte Covid para acceder a bares y discotecas en Galicia

En una reunión que mantuvimos esta mañana los diputados gallegos del Grupo Popular hicimos una valoración muy positiva de la sentencia dictada ayer por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo autorizando la obligación de exhibir el pasaporte Covid en determinados establecimientos -ocio y restauración- de Galicia, acordada por la Xunta gallega el pasado mes de agosto para reducir los contagios, al considerar que la medida es idónea, necesaria y proporcionada. 

La Sala afirma que “el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales”. 

En su sentencia, en la que estima el recurso de la Xunta contra el auto del TSJ de Galicia que rechazó la medida, establece que la exigencia de exhibir el pasaporte Covid debe someterse a autorización o ratificación judicial ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona. Argumenta que la limitación resulta precisa para permitir su pacífica coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes constitucionalmente protegidos que se traducen, en este caso, en una potente presencia del derecho a la vida y a la integridad física, y a la defensa y protección de la salud de los ciudadanos. 

La sentencia, ponencia de la magistrada Mª del Pilar Teso, indica que la exhibición del pasaporte Covid no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. “Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación de la Covid-19 si ha pasado la infección.” 

En todo caso, la Sala aprecia que concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, mediante una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia. 

La Sala rechaza también que exigir el pasaporte Covid vulnere el derecho a la intimidad y asegura que no puede esgrimirse la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública. “Es cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad en este caso”, subrayan los magistrados. 

Del mismo modo, el tribunal descarta la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos personales cuando lo que se establece, para entrar en el interior de un determinado establecimiento, “es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la documentación en cualquiera de las tres modalidades exigida. Sin que, desde luego, puedan recogerse los datos de los asistentes a tales locales, ni pueda elaborarse un fichero, ni hacer un tratamiento informático al respecto”.  

Tras constatar la afectación “tenue” de los citados derechos fundamentales, concluye que la medida resulta necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido. Afirma que la exhibición de la documentación en estos establecimientos es idónea debido a las características de estos lugares de ocio en los que a diferencia de otros establecimientos abiertos al público “no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y para beber, del mismo modo que resulta difícil mantener en ellos la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o incluso cantar,  lo que favorece la “inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado” que es “la principal vía de trasmisión del SARS-CoV-2”, según señala el  informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes del Comité Clínico que asesora a  la citada Consellería. 

La sentencia recoge los informes aportados por la Xunta que ponen de manifiesto la abundancia de datos científicos que avalan que la única medida eficaz posible, para proceder a la apertura de los locales de ocio, que proporcione un alto nivel de protección para la salud pública es la implantación del denominado pasaporte Covid, “pues solo ella puede disminuir considerablemente el riesgo de contagio en dichos establecimientos”.

Recuerda que en el caso concreto la Xunta de Galicia no la ha implantado de forma indiscriminada en todo el territorio, sino que establece una suerte de mapa que gradúa la incidencia de la pandemia en cada lugar y los diversos niveles de restricción según la gravedad de la incidencia de la Covid-19 en los diferentes municipios. Además, señala que la medida reviste un carácter temporal, adecuada a la realidad necesariamente cambiante por lo que ha sido justificada respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

La sentencia menciona el precedente de este tribunal que en una sentencia anterior rechazó la exhibición del pasaporte Covid en Andalucía. Explica que en ese caso no se había justificado la necesidad de la medida que se había extendido al conjunto del territorio andaluz de forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución. 

La sentencia incluye el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca en el que entiende que la exigencia del pasaporte Covid afecta de forma “severa, extensa e intensa” a los derechos de igualdad e intimidad.

domingo, 5 de septiembre de 2021

Terminó agosto con la vacunación completa del 70 % de la población adulta de la Unión Europea

El martes de esta semana, 31 de agosto, la Comisión Europea comunicó por medio de una nota de prensa un hito crucial: la vacunación completa del 70 % de la población adulta de la Unión Europea. 

Decían: “En total, más de 256 millones de adultos en la UE han recibido una pauta completa de vacunación. Hace siete semanas, antes de lo previsto, se alcanzó el objetivo de la Comisión en cuanto a suministro de dosis de vacunas: proporcionar a los Estados miembros, antes de finales de julio, suficientes dosis para administrar la pauta completa de vacunación al 70 % de la población adulta de la UE.


La vacunación rápida y completa de todas las poblaciones destinatarias, tanto en Europa como en el resto del mundo, es fundamental para controlar el impacto de la pandemia. La UE ha liderado la respuesta multilateral y ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en Europa a otros países del mundo, tantas como ha suministrado a sus ciudadanos. Equipo Europa ha aportado cerca de 3 000 millones de euros al Mecanismo COVAX para ayudar a garantizar el suministro de al menos 1 800 millones de dosis para 92 países de renta baja y media-baja. Actualmente, el Mecanismo COVAX ha entregado más de 200 millones de dosis a 138 países.


Además, como parte de los esfuerzos de la UE en este sentido, Equipo Europa pretende compartir al menos otros 200 millones de dosis de vacunas obtenidas gracias a los acuerdos de adquisición anticipada de la UE con países de renta baja y media hasta finales de 2021, en particular a través del Mecanismo COVAX.


Preparación ante las nuevas variantes.


Dada la amenaza de nuevas variantes, es importante seguir velando por la disponibilidad de vacunas suficientes, incluidas las vacunas adaptadas, también en los próximos años. Esa es la razón por la que la Comisión firmó un nuevo contrato con BioNTech-Pfizer el 20 de mayo, que prevé la entrega de 1 800 millones de dosis de vacunas entre finales de año y 2023. Por el mismo motivo, la Comisión también ha hecho uso de la opción de 150 millones de dosis del segundo contrato con Moderna. Los Estados miembros pueden revender o donar dosis a países necesitados fuera de la Unión o a través del Mecanismo COVAX, contribuyendo así a crear un acceso a las vacunas global y justo en todo el mundo. Además, podrían celebrarse otros contratos. Estas medidas funcionan como un seguro común de la UE contra futuras olas de contagio de COVID-19.


Contexto.


Una vacuna segura y eficaz es nuestra mejor baza para derrotar al coronavirus y volver a nuestra vida normal. La Comisión Europea ha estado trabajando sin descanso para obtener dosis de vacunas potenciales que puedan compartirse con todos.


Hasta la fecha, la Comisión Europea ha asegurado el suministro de hasta 4 600 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y se están negociando dosis adicionales. La Comisión también está trabajando con la industria para intensificar la capacidad de producción de vacunas.


Al mismo tiempo, la Comisión ha empezado a trabajar para combatir las nuevas variantes, con el objetivo de desarrollar y producir rápidamente vacunas eficaces contra estas variantes a gran escala. La Incubadora HERA ayuda a hacer frente a esta amenaza.”


Celebró esa noticia, y sobre todo que la Comunidad Autónoma  de Galicia, supere esos índices con creces, ya  que a la misma fecha, el 95,7% de la población mayor de 40 años ya cuenta  con la pauta completa de vacunación y que, 150.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años (85% de este grupo) ya recibiron al menos la primera de las dosis. 

jueves, 15 de julio de 2021

O Parlamento de Galicia aproba o ditame da Comisión de Reactivación, cun fondo de 115 millóns de euros e 506 medidas de actuación

O pasado martes o Pleno do Parlamento galego aprobou o ditame da Comisión de estudo para a reactivación económica, social e cultural de Galicia ante a crise da Covid-19, que inclúe a distribución dun fondo de consenso de 115 millóns de euros e 506 medidas de actuación. Sen dúbida unha excelente noticia.

O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy salientou que poñen as bases para “a recuperación da pandemia e crear emprego de calidade para os mozos" e considerou “paradóxico que o BNG non se opuxera ao 72 por cento das propostas e o PSdeG ao 100 por cento na votación por separado do ditame, pero finalmente votaran en contra do ditame na votación en conxunto”.

Na súa intervención, Puy salientou o traballo desenvolvido nesta Comisión de estudo creada hai nove meses, pola que pasaron máis de 50 comparecentes e se analizaron máis de 150 informes realizados por entidades públicas e privadas. “Realizamos un informe final coa mesma responsabilidade coa que os traballadores da sanidade, os servizos sociais, os servizos básicos públicos e privados e os funcionarios fixeron o seu labor nestes meses de pandemia”, sinalou.

Porén, lamentou que “ante a pandemia hai quen viu a posibilidade de acadar utopías organizativas e reformas absolutas da nosa sociedade”, pero salientou que “dimos unha resposta civilizada, solidaria e baseada en recuperar a saúde pública como primeiro paso para poder recuperar social e economicamente unha sociedade afectada pola pandemia”.

Pedro Puy lembrou que “conseguimos acadar consensos para a constitución desta Comisión de estudo e saudamos que houbera acordos”, aínda que amosou a súa preocupación polo reparto dos fondos europeos a cargo do Goberno de España.

TRANSACCIÓNS

O portavoz popular referiuse en concreto ao fondo de consenso aprobado, no que se recollen apoios para os sectores máis impactados pola crise económica (42,7 millóns de euros); para avanzar na transición ecolóxica e dixital (26,5 millóns de euros); para impulsar a innovación e a investigación (14,8 millóns de euros); e para garantir unha recuperación cohesionada socialmente (31 millóns de euros).

“Pero, logo de escoitar ás entidades locais, decidimos que os concellos galegos xestionen 27,5 millóns de euros deste fondo de consenso, o que supón un 24 por cento do mesmo”, salientou.

Para rematar, Pedro Puy lembrou que o Grupo Popular ofreceu 104 propostas de transacción sobre os textos dos grupos da oposición, das que aceptaron 46. Neste sentido, lamentou que tanto BNG e PSdeG “se limitaran a analizar as emendas de transacción formuladas polo Grupo Popular, sen facer propostas alternativas, a excepción de dous casos por parte do BNG”.

Deste xeito, e logo de salientar que o BNG non se opuxo a 365 das 506 propostas do ditame e o PSdeG non votou en contra de ningunha, Puy sinalou que os grupos da oposición rexeitaron apoiar actuacións que se recollen no ditame como que non se incremente a presión fiscal, o control do gasto público, o impulso do diálogo social, a simplificación normativa, as bonificacións para a adquisición de solo industrial, a axenda galega de transición xusta, o Pacto de Estado por Ferrol, o Pacto Social pola Vivenda ou o reforzo dos recursos humanos do Sergas.

sábado, 15 de mayo de 2021

La pandemia de la covid-19 pudo haberse evitado y, sin embargo, el mundo aún no está preparado para afrontar otra

 

UNICEF/Aleksey Filippov
Leo esta mañana en  la web de Naciones Unidas una de las noticias de esta semana, titulada: “La pandemia de la covid-19 pudo haberse evitado y, sin embargo, el mundo aún no está preparado para afrontar otra”.

La leo con atención y la reproduzco aquí:

“El viejo refrán “prevenir mejor que curar sigue estando vigente: La pandemia COVID-19 podría haberse evitado, según el informe del Panel de expertos independientes nombrado por la Organización Mundial de la Salud para examinar el origen y desarrollo de aquella. Y, sin embargo, esos especialistas están convencidos de que, si surgiera un nuevo virus altamente infeccioso, el mundo seguiría sin estar preparado.

“El tiempo transcurrido desde la notificación de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre hasta la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional fue demasiado largo”, señala el Panel.

Los expertos se refieren al tiempo que pasó entre la detección del virus SARS-CoV-2 en China a finales de 2019 y la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional hecha por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2021.

“Además, febrero de 2020 fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber tomado medidas para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste”, añaden.

Se podía haber contenido

El informe también indica que los países variaron significativamente en la aplicación de medidas de salud pública medidas para mantener bajo control la propagación del virus. Algunos buscaron contener la epidemia de forma agresiva e impulsar la eliminación; otros tuvieron como objetivo la supresión de virus; y algunos intentaron mitigar solo los peores impactos.

UNICEF: Amarjeet Singh
“Los países con la ambición de contener agresivamente y detener la propagación del virus cuando y donde sea que ocurra han demostrado que es posible conseguirlo. Dado lo que ya se sabe, todos los países deberían aplicar las medidas de salud pública consistentemente y a la escala epidemiológica que la situación requiere”, agrega el documento, que destaca que, para ello, es crucial el liderazgo de los Jefes de Estado y de Gobierno.

Y, sin embargo, el Panel, presidido por Helen Clark, ex-Primera Ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex-Presidenta de Liberia, considera que “el sistema actual es claramente inadecuado para evitar que otro patógeno nuevo y altamente infeccioso, que podría surgir en cualquier momento, provoque una pandemia”.

“La pandemia de COVID-19 es una señal de cuán vulnerable es y frágil es nuestro mundo -se lee en el informe-. El virus ha trastornado sociedades, ha puesto a la población mundial en grave peligro y ha expuesto profundas desigualdades. La división y la desigualdad entre los países y dentro de ellos se han exacerbado, y el impacto ha sido severo para las personas que ya están marginadas y desfavorecidas”.

En menos de año y medio, el COVID-19 ha infectado al menos a 150 millones de personas y ha matado a más de tres millones. La pandemia está considerada la peor crisis combinada de salud y socioeconómica en la memoria viva del mundo, y una catástrofe en todos los niveles.

El Chernobyl del sigo XXI

Para los expertos, el COVID-19 es “el Chernobyl del siglo XXI”, no porque el brote de una enfermedad sea como un accidente nuclear, sino porque ha demostrado claramente la gravedad de la amenaza a nuestra salud y bienestar.

“El nuevo milenio ha visto los estragos que pueden causar las amenazas para la salud mundial como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el ébola y el zika. Los expertos habían advertido sobre la amenaza de nuevas enfermedades pandémicas y habían instado a cambios importantes en la forma de protegernos contra ellas, pero el cambio necesario no se produjo. Tan pronto como una amenaza para la salud o un brote mortal se desvanece de la memoria, la complacencia se acomoda, en lo que se ha denominado un ciclo de pánico y negligencia. Este ciclo debe terminar”, reza el informe.

El COVID-19 ha provocado una crisis tan profunda y amplia que los presidentes, primeros ministros y jefes de organismos internacionales y regionales deben ahora aceptar urgentemente su responsabilidad de transformar la forma en que el mundo se prepara y responde a las amenazas para la salud mundial.

El mundo también tiene que prepararse urgentemente para evitar que un futuro brote se convierta en una pandemia. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”, se preguntan los miembros del Panel.

Recomendaciones para detener futuras pandemias

A tal fin, el Panel Independiente hace un llamado a los Jefes de Estado y de Gobierno para que se comprometan a liderar los esfuerzos de transformación del sistema actual. El Panel pide una serie de reformas audaces y con visión de futuro, que incluyen:

  • Establecer un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud que mantenga el compromiso político con la preparación y la respuesta frente a pandemias y que haga responsables a los actores, en particular mediante el reconocimiento y el examen entre pares. Los países también deberían adoptar una convención marco sobre pandemias en los próximos seis meses.
  • Establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia. Este sistema proporcionaría a la Organización Mundial de la Salud la autoridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos de forma inmediata sin necesidad de aprobación. También le permitiría enviar expertos a investigar a la mayor brevedad posible cuando sea necesario.
  • Invertir ahora en la preparación nacional contra las pandemias, ya que será demasiado tarde cuando llegue la próxima crisis. Todos los gobiernos deberían revisar sus planes de preparación y asignar los fondos y el personal necesarios para prepararse frente a otra crisis sanitaria.
  • Transformar el actual Acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19 (Acelerador ACT) en una plataforma verdaderamente mundial destinada a proporcionar bienes públicos mundiales, como vacunas, pruebas diagnósticas, tratamientos y suministros que puedan ser distribuidos rápida y equitativamente en todo el mundo, de modo que se pase de un modelo de mercado a otro destinado a suministrar bienes públicos globales
  • Focalizar y reforzar la autoridad y la financiación de la Organización Mundial de la Salud, en particular desarrollando un nuevo modelo de financiación para acabar con los fondos asignados a fines específicos y aumentar las contribuciones de los Estados Miembros.
  • Crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias, que tendría la capacidad de movilizar contribuciones a largo plazo (10-15 años) de entre 5000 y 10.000 millones de dólares al año para financiar la capacidad de respuesta continua. También debería estar preparado para desembolsar entre 50.000 y 100.000 millones a corto plazo adelantando los compromisos futuros en caso de declaración de pandemia. El Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud asignaría y supervisaría la financiación a las instituciones que tengan la capacidad de apoyar el desarrollo de las capacidades de preparación y respuesta.
  • Los Jefes de Estado y de Gobierno deberían adoptar en una cumbre mundial una declaración política bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas para comprometerse con estas reformas transformadoras.

Acabar con la pandemia de COVID-19

El Panel está también profundamente preocupado y alarmado por los altos niveles persistentes actuales de transmisión de SARSCoV-2, que continúan provocando un enorme número de casos y muertes, y el desarrollo de variantes de virus, todo lo cual sigue imponiendo una carga intolerable a las sociedades y economías.

La vacunación por sí sola no acabará con esta pandemia. Debería combinarse con pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena, enmascaramiento, distanciamiento físico, higiene de manos y comunicación efectiva con el público.

Además, el Panel hecho un llamado a la comunidad internacional para que ponga fin a la pandemia de COVID-19 y ha formulado una serie de recomendaciones inmediatas para detener su propagación:
  • Compartir vacunas: Los países de altos ingresos con una reserva de vacunas suficiente para una cobertura adecuada deberían comprometerse, a la vez que amplían su cobertura, a proporcionar a los 92 países de ingresos bajos y medios participantes en el compromiso anticipado de mercado de COVAX*, promovido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de 2021.
  • Suspensión de patentes: Los principales países productores de vacunas y los fabricantes deberían reunirse, bajo los auspicios conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, para acordar la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología. Si no se toman medidas al respecto en un plazo de tres meses, debería entrar en vigor inmediatamente una exención de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
  • El G7 debería comprometerse inmediatamente a proporcionar el 60% de los 19.000 millones que el Acelerador ACT necesita en 2021 para vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos y para el fortalecimiento de los sistemas de salud, y debería adoptarse una fórmula de reparto de la carga para financiar estos bienes públicos mundiales de forma continua.
  • Todos los países deberían aplicar las medidas de salud pública de probada eficacia a la escala necesaria para frenar la pandemia. Para ello, es crucial el liderazgo de los Jefes de Estado y de Gobierno."

domingo, 9 de mayo de 2021

Feijóo:”Remata o estado de alarma pero non remata a pandemia”

 

Este domingo 9 de maio ás 0:00 horas finalizou o estado de alarma que afectou durante o últimos seis meses os dereitos fundamentais dos cidadáns, como o da libre circulación.

Esta semana o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, informou das novas medidas acordadas polo comité clínico para seguir avanzando no proceso de apertura gradual e medido, e adaptarse á nova situación que se abre co fin do estado de alarma.

Nesta liña, afirmou que o Executivo autonómico seguirá escoitando aos expertos sanitarios que integran o comité clínico para tomar decisións, co obxectivo prioritario de xestionar a pandemia e protexer aos cidadáns dos riscos sanitarios, económicos e sociais.

Así, en primeiro lugar, e a consecuencia do remate do estado de alarma, anunciou que desde hoxe Galicia no seu conxunto deixará de ter peche perimetral, permitíndose a mobilidade para entrar e saír da Comunidade.

Con este fin, precisou que se reforzará o Rexistro de viaxeiros. “Darémoslle unha maior visibilidade ao rexistro, e as persoas que cumpran coa obriga de apuntarse serán chamadas para realizar unha proba diagnóstica. No caso de que viaxen persoas cun certificado de vacinación, só terán que acreditar que o teñen; e os cidadáns que cheguen a Galicia en avión teñen a disposición un posto de cribado nos tres aeroportos”, precisou, ao tempo que anunciou a proposta de manter o peche perimetral naqueles concellos que se atopan no nivel máximo -os que superan os 500 casos de incidencia acumulada a 14 días-. Unha medida, aseverou, que terá que ser autorizada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Por outra banda, Feijóo explicou que, se ben o toque de queda se eliminará a partir do domingo, o sábado ampliarase ata a medianoite, para evitar a situación de que os cidadáns teñan que estar nas súas casas ás 23 horas e poidan volver saír a medianoite, co fin do estado de alarma.

Así mesmo, resaltou o obxectivo de mantelo ás 23 horas naqueles concellos cunha situación epidemiolóxica de risco extremo, para o cal tamén se terá que contar co preceptivo respaldo xudicial.

No tocante á hostalería, asegurou que se seguirán ampliando os horarios. Deste xeito: os bares poderán abrir ata as 23 horas; e os restaurantes terán agora ata a unha da madrugada. “Sempre mantendo os criterios establecidos no seu día, é dicir, que conten con licencia de restaurante, que funcionen con cita previa e conserven un rexistro de clientes e que garantan a calidade do aire e controlen o CO2 do local”, dixo.

De acordo con estas medidas, o titular da Xunta afirmou que tamén se pedirá aval xudicial para limitar as reunións de non conviventes desde a unha ata as seis da mañá.

Medidas segundo os niveis de risco

Feijóo aproveitou tamén a comparecencia para especificar como quedarían os niveis de risco establecidos e as restricións que implicarían. Ao respecto, e sobre o nivel máximo -cunha incidencia a 14 días superior a 500 casos-, as medidas que rexerán serán: non se poderá entrar e saír deles salvo por causa xustificada; haberá toque de queda entre 23 e 6 horas; a hostalería permanecerá pechada; e estarán prohibidas as reunións de non conviventes, unha cuestión para a que haberá que pedir o referendo das autoridades xudiciais.

No caso do nivel alto -para taxas de entre 250 e 500-, as medidas serán: libre mobilidade; non haberá toque de queda; a hostalería poderá abrir só terrazas ao 50%; e estarán permitidas as reunións de catro persoas en lugares pechados e seis en exteriores, cuestión que terá que ser ratificada polos tribunais.

Sobre o nivel medio -para incidencias entre 150 e 250-, Feijóo subliñou que para estes concellos establecerase: libre mobilidade, non haberá toque de queda, a hostalería terá un aforo do 30% no interior e do 50% no exterior, e permitirase a reunión de 4 persoas en lugares pechados e de 6 en exteriores.

Por último, no nivel medio-baixo, é dicir, con taxas de menos de 150, establecerase: libre mobilidade, non haberá toque de queda, a hostalería ao 50% en interior e 75% en exterior, e poderán reunirse 4 persoas en lugares pechados e 6 en exteriores.

Novos avances nas residencias de maiores e nos centros de día

Ao longo da súa intervención, Feijóo referiuse tamén ás medidas para seguir avanzando na apertura das residencias de maiores e dos centros de día. Así, nos centros de día que superen o 90% de usuarios vacinados: permitirase aos usuarios pasear pola contorna, sempre coa compañía dos seus coidadores; e nos centros de día que compartan instalacións cunha residencia, o persoal que estea vacinado poderá rotar entre ambos os centros.

Nas residencias, os maiores poderán saír para pasar uns días coas súas familias -como mínimo cinco días e realizando unha PCR ou proba de antíxenos ao volver ao centro-, agás cando o domicilio da familia estea nun concello de nivel de risco máximo. Nas residencias situadas nos concellos cun nivel medio e medio baixo de risco, poderase pasar de 3 saídas por semana a un máximo de 5, de ata 4 horas cada unha. Por último, e durante as visitas dos seres queridos aos usuarios, poderá volver manterse o contacto físico.

Remata o estado de alarma pero non remata a pandemia

Feijóo concluíu lamentando que ante o fin do estado de alarma a única solución que ofreza o Goberno central sexa a de xudicializar a pandemia, de forma que os tribunais teñan que avalar moitas das medidas que se deban tomar a partir de agora.

“Remata o estado de alarma pero non remata a pandemia”, abundou, incidindo en que Galicia traballará para afrontar a nova situación na que ten que xestionar a pandemia con seguridade xurídica, con argumentos e co máximo rigor; “motivando todas as nosas decisións para obter a autorización do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

 

miércoles, 28 de abril de 2021

Valeriano Martínez critica a discrecionalidade do Goberno central no reparto dos fondos para loitar contra a pandemia e denuncia que Galicia tería que recibir 660 millóns máis


Onte o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, compareceu no Pleno do Parlamento galego para informar sobre o avance do resultado do peche do ano 2020 e do gasto ocasionado pola pandemia do coronavirus nese exercicio.

Criticou a discrecionalidade do Goberno central no reparto dos fondos para loitar contra a pandemia e denunciou que Galicia tería que recibir 660 millóns de euros máis dos que leva percibidos.

E neste sentido, pediu o apoio de todos os grupos parlamentarios da Cámara para demandar que nos recursos vinculados ao Plan Nacional de Recuperación, Transición y Resiliencia “se corrixa esta discriminación a Galicia”.

Durante a súa intervención, o conselleiro explicou que os recursos procedentes da Unión Europea son unha peza fundamental “e unha oportunidade se realmente o Executivo central conta coas comunidades autónomas e permite o acceso a eses fondos en igualdade de condicións, pero non todas as comunidades están sendo tratadas por igual”, apuntou.

Así, apelou á necesidade dunha cogobernanza real entre o Goberno de España e as CC.AA. e lamentou que o Goberno central “leve moitos meses prexudicando a Galicia no reparto de todos os fondos que se habilitan para a loita contra a pandemia”.

Gasto extraordinario derivado do covid

Durante a súa exposición, o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez explicou que a pandemia supuxo no 2020 un gasto extraordinario para a Xunta de 629 millóns de euros, cun esforzo adicional para a Administración Autonómica de 90 millóns, xa que tivo que gastar esa cantidade por riba dos recursos recibidos.

En canto aos desglose por áreas, destes 629 millóns de euros, 270,3 millóns –a maior parte- destináronse á Sanidade; 115,8 millóns a Educación; 70,2 millóns de euros foron para o reforzo das políticas sociais; e finalmente, 53,7 millóns destináronse a emprego.

O 2020 foi un ano excepcional no que o Executivo galego tivo que tomar medidas orzamentarias extraordinarias cunha triple prioridade: a sanitaria, a económica e a social. Neste sentido, xa no mes de marzo aprobou un Plan de Tesourería con 1.800 millóns de euros para dotar de liquidez a tesourería da comunidade e axudar ás familias e empresas; creou un Fondo Covid-19 para poder financiar os gastos adicionais vinculados á pandemia no SERGAS e nos servicios sociais; e aprobou un Plan de reactivación e dinamización para mobilizar máis de 3.000 millóns.

A isto hai que engadir que de maneira inmediata, o Goberno galego decidiu suspender os prazos das autoliquidacións dos impostos de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, dos impostos de Sucesións e Doazóns e dos tributos do Xogo porque segundo apuntou o conselleiro, “cunha caída de ingresos tan extraordinaria tiñamos a responsabilidade de proporcionar á cidadanía facilidades para cumprir as súas obrigas e optamos por diferir os pagos tributarios”.

Líderes en esforzo investidor e pago a provedores

Valeriano Martínez subliñou que nun ano excepcional, Galicia mantivo as súas fortalezas habituais e sinalou que “no 2020 liderou o esforzo investidor de toda España, encabezamos o gasto que crea riqueza para as empresas e para as familias galegas”. De feito, foi a Comunidade Autónoma con maior peso dos investimentos sobre o total do gasto non financeiro, cun 13,5%, case o dobre que a media, que foi do 7,2%.

Por outra banda, a Xunta foi un ano máis, a administración autonómica más áxil no pagamento aos seus provedores. Galicia pagou nunha media de 18,7 días –a metade de tempo que o conxunto de comunidades- aos seus máis de 14.800 provedores. Nun ano con moitas dificultades de liquidez para as empresas, o importe pagado pola Xunta acadou os 3.380 millóns de euros nun total de 606.827 facturas.

Control do déficit e da débeda

O conselleiro explicou tamén que no 2020, ano no que se suspenderon as regras fiscais, Galicia pechou o ano cun déficit do 0,1% do PIB. O Goberno galego gastou todo o necesario para atender todo o relativo á pandemia e ao mesmo tempo controlou o déficit e a débeda.

Ademais, a comunidade pechou o 2020 cun diferencial de débeda coa media autonómica de 7,2 puntos, o máximo da serie histórica, segundo os datos publicados polo Banco de España, e foi a terceira comunidade de réxime común con menor endebedamento, cun 19,9% de ratio débeda/PIB, fronte ao 27,1% da media das CC.AA. “E isto tradúcese en beneficios para os cidadáns, xa que cada galego e cada galega deben 2.160 euros menos que media de cidadáns do resto de CC.AA.”, apuntou.

Finalmente, Valeriano Martínez subliñou que en todo momento, a tres prioridades do Goberno galego foron combater a pandemia, impulsar a reactivación económica e atender as necesidades das familias, pemes e autónomos.