El Gobierno llega al final de los fondos Next Generation con un plan muy distinto al que presentó en 2021: no ha ejecutado el Plan que prometió y lo ha cambiado a lo largo de nueve adendas. “Cinco años después, el Plan ha sido una oportunidad perdida.
España fue el segundo país de la UE con más recursos, 163.014 millones, de los cuales el Gobierno ha renunciado a 61.706 millones, casi el 38%”, subrayan el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, en un encuentro con periodistas. Básicamente, los PERTE, que iban a transformar la economía, caen un 41,5 %: de 42.480 a 24.869 millones y se han recortado inversiones por 13.500 millones en sectores estratégicos.
El Gobierno ha renunciado además a 18 leyes, entre ellas la Ley del Suelo, que ha afectado negativamente a que nuestro país pudiese beneficiarse de más fondos europeos. En plena crisis de vivienda, el alquiler social baja de 20.000 a 15.718 viviendas.
España afronta el cierre del Plan de Reconstrucción y Resiliencia (PRTR) con menos fondos, un último pago excepcional y la mayor parte de los compromisos pendientes retocados. La novena adenda eleva la renuncia acumulada a 61.706 millones de euros y facilita el cierre al modificar, eliminar o rebajar la acreditación de numerosos hitos y objetivos. “El Gobierno ha acabado recortando el Plan que debía transformar España”, destacan para señalar que detrás de cada objetivo rebajado hay inversiones que se recortan y reformas que se abandonan. “Cuerpo tendrá que explicar por qué, con una oportunidad histórica para modernizar el país, su Gobierno ha terminado adaptando el Plan a sus incumplimientos. Los españoles necesitan resultados, no una nueva versión de lo que se les prometió”, señalan.
EJEMPLOS TANGIBLES: REDUCCIÓN EN VIVIENDA
La pérdida de ambición se traduce en menos vivienda, conectividad, protección social, formación e infraestructuras autonómicas. La última adenda reduce o sustituye compromisos materiales que afectan directamente a hogares, población vulnerable y servicios públicos por importe de 1.900 millones de euros y en casi 12.000 millones de euros la pérdida acumulada de inversiones.
Por poner algunos ejemplos, se elimina la exigencia de acometer inversiones por un importe de 450 millones de euros en infraestructuras y servicios para la atención de la infancia y la adolescencia, se reducen las inversiones en el sistema de acogida de emigrantes en 24 millones de euros, se rebaja el compromiso de los 30.000 dispositivos de alerta y control de alejamiento en violencia contra las mujeres y una aplicación para víctimas y una plataforma de Big Data e IA. Ahora son 9.500 dispositivos de alerta (-68,3%) y 7.600 sets de monitorización, que ni siquiera se han entregado.
Y todavía peor, en plena crisis habitacional, se vuelven a revisar a la baja los compromisos ligados a la construcción y rehabilitación de vivienda: Se pasa de la renovación o eficiencia energética de 576.000 viviendas a 32.390 certificados energéticos y se vuelve a reducir la construcción de vivienda para alquiler social, con una caída del 21,4%. De las 20.000 pasamos a 17.365 viviendas en enero de 2026 y ahora han quedado en 15.718 viviendas.
LA OPACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO
Desde el punto de vista de la ejecución de los fondos, el gobierno tendrá que aclarar cuántos fondos realmente han llegado a fecha de 31 de agosto a la economía real, familias, y empresas porque el Gobierno reserva 15.254 millones de euros en “Esquemas de Ayudas” (IDAE, SEPIDES, RED.es, SETT, ICO, Biodiversidad), acuerdo que permite cumplir con determinados hitos antes del 31 de agosto de 2026, aunque la inversión material pueda ejecutarse posteriormente.
Los 13.691 millones de euros de fondos asignados al ICO, que se han visto incrementados en 391 millones de euros en la 9ª Adenda respecto a la de enero, tampoco se habrán movilizado a 31 de agosto de 2026. El Gobierno sigue ocultando cuánto dinero ha llegado realmente a las familias y a las empresas. La Intervención General del Estado (IGAE) dejó de publicar en agosto de 2021 el desglose del Plan en contabilidad nacional y Eurostat sitúa el gasto en 45.054 millones a diciembre de 2025. Son 56.254 millones los fondos pendientes de ejecución: 34.800 en transferencias (entre ellos, 17.000 millones en esquemas de ayudas) y 21.454 de préstamos (entre ellos los 13.691 asignados al ICO, un 64% del total de préstamos).
Y lo más grave es que el gobierno no se marca una fecha límite para la ejecución de los gastos pendientes. Amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio, el 1 de septiembre el Gobierno acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución. Además, eliminar el control de la Intervención General del Estado (IGAE) “El cierre contable del Plan puede preceder durante años a la llegada efectiva del dinero a empresas y familias”, considera.



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