El pasado martes 26 de mayo por la
mañana se reunió la Ponencia de la Comisión de Transportes y Movilidad
Sostenible sobre la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la
titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Una potencia en la que, en representación del GPP, estamos los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.
En esa reunión de la ponencia, intervine para manifestar mi enorme sorpresa por la divulgación el día anterior, por conducto de comunicados de prensa por parte del PSOE, Sumar y BNG, de un presunto acuerdo en relación con la tramitación de esta PLO sobre la base de cinco enmiendas transaccionales.
Señalé que lo correcto y deseable sería haberlas presentado primero en la reunión de la ponencia y haberlas comentado antes con los ponentes del GPP.
Y por lo que les afeé el interés de estos grupos en marginar al principal partido de Galicia, que tiene mayoría en la cámara gallega y que es la primera fuerza de Congreso de los Diputados.
Les dije que tras una primera lectura, y todavía pendientes de un análisis jurídico y económico financiero profundo, ya podíamos afirmar que estas enmiendas transaccionales pactadas por PSOE, Sumar y BNG se apartaban en aspectos esenciales de lo demandado de forma "unánime" desde el Parlamento gallego y que rompían por tanto la unanimidad alcanzada.
Y les expuse este BREVE RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES Y SUPRESIONES QUE SE PRETENDEN POR MEDIO DE LAS ENMIENDAS TRANSACCIONADAS.
Se modifica el Artículo 1 de modo que las enmiendas planteadas por PSOE–Sumar–BNG, renuncian a detallar en la ley el alcance material del traspaso, ya que no transfiere inmediatamente la autopista y sus competencias, sino que obliga al Estado y a Galicia a iniciar el proceso ante la Comisión Mixta de Transferencias.
Desaparece del texto de la enmienda transaccional el párrafo segundo del punto 3: “Del mismo modo, la Administración general del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales del Estado, el cumplimiento de todas aquellas actuaciones e infraestructuras ya comprometidas, así como de aquellas que fuesen necesarias en
el futuro para el cumplimiento de normativa, para una explotación adecuada o para que el nivel de servicio de la autopista se mantenga en un rango adecuado.”
Desaparecen del texto de la enmienda transaccional los puntos 4, 5 y 6 de la PLO:
“4. Con la finalidad de garantizar el imprescindible equilibrio territorial e igualdad de oportunidades de Galicia con el resto de España, la Administración del Estado dotará a la Comunidad Autónoma de Galicia de los medios económicos necesarios para ampliar las bonificaciones a las personas usuarias recurrentes, aumentándolas para todas las categorías de vehículos pesados, y extendiéndolas a familias numerosas y a viajes nocturnos.”
“5. La Administración del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales del Estado, cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones que no fuesen responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Galicia y que tengan consecuencias en el contrato de la concesión.”
“6. Por último, y con esa misma finalidad de evitar el desequilibrio en materia de política de peajes que supone un agravio para la Comunidad Autónoma gallega, la Administración del Estado asumirá, con cargo a los presupuestos generales del Estado, la supresión de la aplicación del incremento de tarifa del uno por ciento acumulativo anual durante los próximos veinte años, previsto en el Real decreto 1733/2011, de 18 de noviembre. Ello permitirá la amortización de las obras de ampliación de capacidad de la autopista del Atlántico (AP-9) entre los enlaces de Santiago de Compostela norte y Santiago de Compostela sur y entre los enlaces de Cangas y de Teis.”
Se modifica el artículo 2.
“El cambio de titularidad de la autopista del Atlántico (AP-9) se formalizará mediante acta de entrega y recepción, suscrita por los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Comunidad Autónoma de Galicia, lo cual determinará la cesión.
En el acta de entrega y recepción se determinarán con precisión los límites de los tramos afectados y de los bienes anexos a los mismos. El cambio de titularidad será efectivo a partir de la formalización del acta de entrega correspondiente, a suscribir en el plazo de quince días desde la entrada en vigor del real decreto de traspaso de servicios a que se refiere el artículo anterior, en cuyo momento se realizará la entrega de la documentación y del expediente de la carretera objeto del cambio de titularidad”.
Desaparece la Disposición Adicional Tercera: “La Administración general del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las cuales se acordó la ampliación del periodo concesional”.
Esta desaparición es muy preocupante ante el escenario derivado del dictamen de la Comisión Europea sobre las prórrogas de la AP-9 en el que Bruselas cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria de contratación pública. La Comisión advirtió, además, de que España podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta las medidas oportunas, por lo que se trata de un asunto de enorme trascendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia.
Finalizada la anterior exposición les pedí que se mantuviern las condiciones que se incluyeron en la proposición de ley acordada de forma unánime por la Cámara gallega y que fue tomada en consideración por el Congreso en junio de 2024 para su tramitación. Y les dije que mientras no rectifiquen no aceptaríamos el acuerdo que proponía por esos tres grupos.
En nombre del GPP les pedí que celebrásemos una nueva reunión de la ponencia pasados unos días para que pudiéramos tener un informe valorativo en profundidad de las enmiendas por parte de nuestro partido y de la Xunta de Galicia. Pero se negaron a ello, de modo que se procedió a la votación.
Gracias al apoyo de los grupos nacionalistas se incluyeron las cinco enmiendas de modo que el texto unánime de la PLO quedó totalmente sustituido. Por parte del GPP votamos en contra de la inclusión de esas enmiendas al informe de la ponencia.
Esto es lo que ocurrió en la reunión de la ponencia y no las falsas versiones dadas por los ponentes de PSOE, Sumar y BNG.
El PP quiere la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9, pero con las garantías necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia.
No podemos recibir una infraestructura clave, potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas, lo que desnaturalizaría el propósito de la transferencia y podría comprometer la capacidad de la Comunidad para abaratar la AP-9 y avanzar hacia su futura gratuidad.
No admitiremos una ley de transferencia que no incluya los términos esenciales aprobados unánimemente por el Parlamento de Galicia, asegurando que la transferencia de la AP-9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas que no favorezcan únicamente la posición del Estado, sin “trampa ni cartón”, ni riesgos ocultos para Galicia.
