Estamos a la espera de conocer el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022, que prepara desde hace semanas el Gobierno de Pedro Sánchez.
Iban a ser aprobados en el Consejo de
Ministros de hoy pero lo cierto es que las discrepancias existentes en el seno
del Gobierno entre socialistas y comunistas-populistas son todavía importantes,
especialmente en cuanto a la fiscalidad, la vivienda, etc. Y las negociaciones sin cerrar con sus socios parlamentarios de referencia: ERC, EH-Bildu y PNV.
Lo cierto es que los PGE para 2002 podrían ser una oportunidad para España siempre y cuando..
· Partan de un
cuadro
macroeconómico y unas previsiones fiscales que sean realistas y no estén
infladas como hicieron en los PGE de
este año en los que, 4 meses después de aprobarse, se vieron obligados a
revisar a la baja el crecimiento económico (del 9,8% al 6,5%) y al alza el
déficit público (del -7,7% al -8,4%), convirtiendo los presupuestos en papel
mojado tal y como denunciamos en el PP.
· El ajuste no recaiga en los españoles, ni las familias, ni los autónomos y
empresas, sino en el
propio gobierno reduciendo el gasto
improductivo:
o
Como ejemplo, el Instituto de Estudios Económicos presentó un trabajo sobre
la “Eficiencia del gasto público. Medición y propuestas de mejora” en el que
estiman que España puede mejorar su eficiencia un 14% para igualar el nivel
medio de la OCDE. Esto supone que se podría ajustar el gasto entre 58.000 y
60.000 M€ manteniendo los mismos niveles de calidad de nuestros servicios
públicos.
o
En la misma línea van los diferentes “spending reviews” realizados por
AIReF que, con el ahora ministro Escrivá, encontró que se podía mejorar el
gasto en torno a 30.000 M€.
· No suban ningún impuesto, y a ser posible revierten alguno de los que
este gobierno ha impuesto de forma unilateral (p.e. el Impuesto sobre el uso de
determinados servicios digitales) con una recaudación muy pequeña, pero con
grandes distorsiones en términos de competitividad de nuestras empresas en un momento
clave para avanzar en el proceso de digitalización. Suprimen definitivamente tanto el
impuesto sobre el patrimonio como el de sucesiones y donaciones.
· Incluyan un Plan de Reequilibrio
fiscal, tal y como exige el art. 11.3
de la LOEPSF, que permita recuperar la credibilidad de nuestra economía y
reduzca la vulnerabilidad asociada al déficit y al alto volumen de deuda
pública.
· Y se ejecuten de forma eficiente los
fondos europeos, cosa que no ha
sucedido este año en el que, con los últimos datos disponibles, sólo se han
ejecutado 1.786 M€, ni el 7.5% de los 24.200 M€ presupuestados para 2021.
Mucho nos tememos que estas premisas no serán consideradas.