Baltar: "Debemos situar en la justa medida el hecho de la que falta de población signifique falta de desarrollo"

 

Hoy en el Senado, tuvo lugar en el acto de presentación del “Estudio de percepción de los avances realizados en la España Despoblada desde el 31 de marzo de 2019” –fecha de la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid- que España “Legisle con perspectiva demográfica”. 

 

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, participó, junto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la presidenta del Senado, Pilar Llop, y representantes políticos, institucionales y sociales en una jornada que analizó los avances del reto demográfico en España desde 2019, afirmando: “No basta con que seamos más, debemos aspirar a ser mejores, y el rural tiene ahora una oportunidad con los fondos europeos de recuperación en la etapa poscovid, donde el protagonismo y el liderazgo de las entidades locales tiene que ser una realidad”, expresó Baltar. 

 

El estudio presentado hoy, elaborado en colaboración con Fundación AXA, mide el grado de aceptación de las políticas gubernamentales, el impacto por la retirada de servicios, la contribución de grandes empresas en el territorio, el peso del medio rural en la sociedad española y la importancia que se concede a la lucha contra el cambio climático.  

 

Este “termómetro del reto demográfico” ha contado con las opiniones de 200 voces representativas del medio rural (individuales y colectivas) que incluyen plataformas, ayuntamientos, diputaciones, periodistas y entidades.

 

En palabras de Manuel Campo Vidal, director del estudio y presidente de Next Educación, “debemos medir el impacto en la opinión pública de los avances que se produzcan porque estamos jugando una partida decisiva para la España Despoblada y no podemos recorrer el camino de la recuperación a ciegas”. 

 

En este sentido, Manuel Baltar destacó los aspectos positivos de la conocida como “España vacía”, afirmando que está “vacía de estrés y de contaminación; un territorio que, en Ourense, somos la España de las fuentes, ese entorno socializador vinculado a un agua, que es vida y que tiene que suponer un recurso económico extra para nuestros territorios, como venimos demandando desde Femembalses, ahora que caducan las concesiones hidroeléctricas”. 

 

También subrayó Baltar que el Senado “es la cámara de la demografía, la de la representación territorial”, pero para que haya equilibrio territorial tiene que haber equilibrio político, como en el Senado, donde se elige el mismo número de senadores por provincia con independencia de su población. Un equilibrio político como el que tienen en Euskadi, con tres provincias que aportan, cada una, 25 escaños al parlamento vasco, con independencia de la población”.  

 

El discurso del territorio 

 

Por este motivo, pide “que se legisle con perspectiva demográfica, potenciar ese papel en el Senado”, y añade: “El mío es el discurso del territorio, soy presidente de un gobierno provincial, somos 52 en España, y actuamos en clave de provincia, pero también en clave de los 8.131 ayuntamientos, de ellos, 6.828 tienen menos de cinco mil habitantes”.

 

Y con la perspectiva que da presidir una organización europea de provincias, como es Partenalia, Baltar expresa que debemos situar en la justa medida el hecho de la que falta de población signifique falta de desarrollo. Puso como ejemplo a Finlandia, donde todas sus provincias, excepto Helsinki, tienen una densidad de población igual o inferior a la nuestra; también 14 de las 21 provincias de Suecia, o 17 de las 19 de Noruega. Por eso, nosotros desde Ourense, que tenemos una densidad de población de 49,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lanzamos la reflexión de que no solo debemos aspirar a ser más, sino a ser mejores”. “No solo basta con tener recursos económicos y financieros, se trata de liderar; no es hora de poner excusas y debemos actuar para seguir haciendo frente al reto demográfico”, concluyó. 

 

Junto a Manuel Baltar, en la jornada han participado: Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; Pilar Llop, presidenta del Senado; Manuel Campo Vidal, presidente de Next educación y Director de la Cátedra de la Despoblación y Reto Demográfico; Manuel Gimeno, de Teruel Existe; Enrique Muñoz, de Soria Ya!; Silvia del Río Martín, de Jóvenes de Castilla y León; Ana María Romero, alcaldesa de Montoro, Córdoba; Chema López Juderías, director del Diario de Teruel; Teresa López, de Fademur, y María Teresa Bardají, secretaria general de Femembalses y alcaldesa de La Puebla de Castro, Huesca. 


La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, convocó el Foro Permanente para el Reto Demográfico en las próximas semanas, un órgano abierto que dará voz a los actores locales, asociaciones del medio rural, académicos y expertos cuyas aportaciones y experiencias sobre el territorio contribuyan a avanzar en cohesión territorial y en la lucha contra la despoblación.


“Con este Foro, unido a las 130 medidas del Plan de Recuperación ante el Reto Demográfico, damos un salto cualitativo en la atención a nuestros pequeños municipios y en la convicción, por parte de la sociedad, de que este asunto no es sólo del interés de unos pocos”, ha destacado Ribera en la clausura del acto celebrado en el Senado para conmemorar el segundo aniversario de la manifestación de la España vaciada.


En una nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se dice que el "Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico’ es fruto de la acción coordinada de todos los departamentos ministeriales para marcar una agenda de igualdad y cohesión social y territorial. Los más de 10.000 millones destinados a desarrollar políticas activas sobre el territorio suponen el mayor esfuerzo inversor realizado nunca en el ámbito rural.


Los objetivos del plan, que ya está , pasan por mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico. De este modo, el plan prevé unas actuaciones iniciales que se pondrán en marcha a partir de 2021 y se extenderán hasta 2023, por lo que se articula como un documento abierto a la inclusión de nuevas propuestas de intervención. 


En este sentido, el Plan orienta sus actuaciones a la consecución de dos objetivos fundamentales para la cohesión social y territorial: garantizar la igualdad de derechos en cuestiones como la prestación de servicios, la igualdad de género o la eliminación de brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento e impulso de la actividad económica en los territorios con mayores dificultades para competir en mercados globalizados.


A su vez, el Plan identifica la igualdad de derechos como otra de sus líneas de acción prioritaria y cuenta con una amplia batería de medidas efectivas orientadas al refuerzo de los servicios públicos, la mejora del bienestar social, el impulso de la economía de los cuidados y la puesta en marcha de una agenda social que sitúe a mujeres y jóvenes en el centro de las políticas de igualdad.


La transición ecológica y digital, la diversificación económica de las zonas más desfavorecidas, el impulso de la innovación, el refuerzo de los vínculos rurales y urbanos, la adecuada prestación de servicios o la incorporación de la perspectiva demográfica en el proceso de toma de decisiones del Gobierno son algunos de los elementos que vertebran el Plan y exigen un ejercicio de gobernanza multinivel para articular las actuaciones sobre el territorio.


En línea con el Foro Permanente para el Reto Demográfico, el Plan también tiene el objetivo de ser cercano a la administración local, por lo que destaca la necesaria implicación de los actores territoriales, cuyas experiencias y aportaciones serán atendidas por las administraciones a través de este tipo de foros y grupos de trabajo, que permitirán replicar modelos de inteligencia territorial a distintas escalas y en cualquier territorio.


Asimismo, el Plan busca esa participación social a través de mecanismos de gobernanza abierta, que promuevan alianzas público-privadas con el tercer sector y el sector privado, así como con los centros de investigación, con las universidades y con la ciudadanía, a través del fomento de los centros territoriales de la UNED o programas como el Erasmus Rural para que los estudiantes en sus últimos años de formación puedan hacer prácticas sobre el territorio y conozcan de primera mano las posibilidades del entorno rural.”

 

 

 


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