El Pleno da luz verde a la tramitación de la reforma de la Ley Electoral para eliminar el "voto rogado"


Debatimos ayer la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero.

Una iniciativa, impulsada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En concreto, se reforma el artículo 75 para, entre otras cuestiones, suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto con el objetivo de "permitir que todos reciban la documentación en su domicilio". 

Además, también se introduce el uso de una papeleta que podrá descargarse telemáticamente para "adelantar los plazos de envío de la documentación electoral". 

Por otra parte, el texto amplía de tres a siete días los plazos para el depósito del voto en urna, y de tres a cinco días los de la apertura de los votos emitidos desde el extranjero, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general.

Por último, el texto mantiene el sistema de identificación de los votantes introducido en la reforma aprobada en el año 2011, ya que continuará siendo obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre de votación, una fotocopia del pasaporte o del documento nacional de identidad expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia.

En este debate intervino en nombre del Grupo Parlamentario Popular el diputado José Antonio Bermudez de Castro. Señaló que “el debate de esta tarde necesariamente tenemos que abordarlo desde el rigor y la seriedad, porque no estamos debatiendo una ley cualquiera. Estamos hablando de la Ley Electoral, que es la ley que contiene las reglas del juego de nuestro sistema democrático. Estamos debatiendo una iniciativa que afecta al núcleo, al elemento esencial y sagrado de toda democracia, que es el ejercicio del derecho de sufragio. Y es verdad, como ha recordado el señor Legarda, que en la XII Legislatura hubo una subcomisión para abordar el tema del voto rogado, y que nos habíamos intercambiado propuestas para intentar alcanzar un acuerdo. 

Pero si entonces no pudimos avanzar más no fue por culpa de los que trabajamos en esa subcomisión, sino porque entonces el señor Sánchez decidió disolver las Cortes de manera anticipada, caducando con ello todas las iniciativas legislativas en tramitación. Me alegro, señora Cancela, de que haya reconocido esta tarde que el procedimiento introducido en el año 2011, que hoy tanto critican y denostan, fue impulsado precisamente por el Grupo Socialista y votado por la mayoría de la Cámara y que, según palabras de su entonces portavoz, perseguía una mayor transparencia y evitar la posibilidad de fraude, objetivo que en su día el Grupo Popular también compartió. 

Todos podemos recordar que en esos años los grupos nacionalistas y de izquierdas lanzaban durísimas acusaciones de fraude y de manipulación en el voto de la emigración, y eso es algo que no merecían nuestros compatriotas en el exterior. Por eso se introdujo la solicitud previa del voto, el llamado voto rogado, como medida de garantía de personalidad del sufragio, medida que se sumaba a una instrucción de la Junta Electoral Central que, años antes, ya exigía que en el voto por correo se incorporara fotocopia identificativa del elector. Sin embargo, ese procedimiento ha tenido un efecto no querido por el legislador, que ha sido el descenso inaceptable de la participación ―de una media del 30% a menos del 10%―, lo que hace indispensable su reforma

Y añadió “por eso, nosotros estamos a favor de suprimir el voto rogado, pero, eso sí, sin reducir las garantías en el procedimiento. En cuanto a las medidas que nos proponen, hay muchas con las que necesariamente tenemos que estar de acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque son nuestras, porque las propusimos nosotros en esa subcomisión. Sí, señor Simancas; ya veo que con la cabeza afirma. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en retrasar dos días el escrutinio general o en duplicar el periodo para depositar el voto en urna en embajadas, si fueron propuestas que nosotros realizamos en la subcomisión y que ustedes han introducido en esta iniciativa como si fueran propias? Deberían tener un poco más de prudencia, porque la hemeroteca está ahí y luego les deja en evidencia. Sin embargo, hay otras medidas que también propusimos y que no aparecen en su proposición.

Nosotros queremos que se generalice el voto en urna y, para ello, queremos que se incrementen de manera significativa los centros de votación; que no solo se vote en las embajadas, sino que se pueda también votar en los consulados, en los viceconsulados, en los institutos Cervantes, en las casas regionales, etcétera. Si hay voluntad, se puede hacer. Pero de ese compromiso no aparece ni una sola coma en su iniciativa. Nosotros pediremos que se haga. 

En lo que no podemos estar de acuerdo es en eliminar las garantías de identificación del elector en el caso del voto por correo. El voto por correo en España para cualquier ciudadano, como ha recordado el señor Legarda, es siempre rogado e identificado. Es más, la Ley Electoral establece un doble trámite de identificación del elector: cuando vamos a votar por correo, tenemos que ir a Correos y solicitar el voto, y en ese mismo momento tenemos que identificarnos ante el funcionario de Correos; pero es que, después, cuando recibimos en casa por correo certificado la documentación para votar, nos tenemos que volver a identificar.

Pues bien, para facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior, estamos dispuestos a eliminar el requisito previo de solicitar el voto, el ruego del voto, pero pensamos que debe haber, al menos, no dos pero sí un trámite de identificación de la identidad del elector, por razones de seguridad jurídica. Eso no es ni un obstáculo ni una indignidad, eso es una garantía, porque, como recuerda la propia Junta Electoral Central, la identificación del elector es el requisito sustantivo previo al ejercicio del derecho a sufragio, precisamente para evitar sospechas de fraude o delegación de voto. 

Tampoco podemos estar de acuerdo en que se envíe la documentación para el voto sin papeletas físicas, solo con una hoja informativa para que luego el elector se las descargue de forma telemática. ¿Han pensado ustedes en las personas que vivan en el campo? ¿Han pensado ustedes en aquellas personas compatriotas que vivan en países donde tengan dificultades de acceso a Internet? ¿Han pensado en las personas mayores que no manejan las nuevas tecnologías o que no dispongan, por ejemplo, de una impresora en su casa? ¿Han pensado en ello? Creo que no; porque, miren, si la justificación para eliminar el voto rogado es que supone un obstáculo a la participación, lo que no podemos añadir es un nuevo trámite que, para muchos electores, no es que sea un obstáculo, es que es un impedimento para poder votar. 

En definitiva, suprimir el voto rogado, sí, pero generalizando el voto en urna, que es un voto siempre transparente, y garantizando, al menos, un trámite de identificación del elector en el caso del voto por correo; adelantar el envío de la documentación electoral, sí, pero incluyendo también papeletas físicas, además de la posibilidad de descarga telemática de las mismas; facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior, sí, pero sin merma de garantías, para lo que entendemos imprescindible que haya un informe previo de la Junta Electoral Central. 

Ese es nuestro compromiso firme con los españoles que viven lejos, pero que sienten a su patria muy cerca y quieren seguir participando en el destino de esta gran nación, que es España; un compromiso —y con ello termino— que, por nuestra parte, también se expresa en nuestra voluntad firme de trabajar para mejorar esta iniciativa, que vamos a apoyar en este trámite, a pesar de nuestras dudas y reservas, como un paso para intentar conseguir el consenso que tiene que presidir toda reforma de nuestro sistema electoral. Nosotros estamos dispuestos a ello; el tiempo dirá si ustedes también lo están. Nada más

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 103 más 240 votos telemáticos, 343; a favor, 103 más 240 votos telemáticos, 343. Aprobada pues por unanimidad.

Una vez superado este primer examen parlamentario, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, 15 días prorrogables. 

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