El artículo está escrito en gallego y ahora además de adjuntar el enlace al periódico publico aquí su transcripción al castellano:
“Okupación: tenemos que cambiar la ley”
Decía Feijóo en su discurso de investidura en el Parlamento de Galicia, que “como la mayoría de los ciudadanos, estamos preocupados por la ocupación ilegítima de viviendas. Daña la convivencia, atenta contra los valores que nos hacen fuertes como sociedad. Y, como en el resto de España, está creciendo de forma preocupante, por lo que se debe reaccionar a nivel nacional con rapidez y contundencia, modificando la normativa legal idónea.”
Mi plena coincidencia con estas palabras, que integran la posición del Grupo Parlamentario Popular, que registró en el Congreso de los Diputados el 17 de julio una Proposición de Ley Orgánica para -desde los ámbitos civil, penal, procesal y administrativo- combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas y garantizar así la propiedad privada, la convivencia vecinal y la seguridad de las personas.
Entre sus puntos fundamentales se encuentra: el refuerzo del delito de usurpación, pasando de penas de multa a privación de libertad de uno a tres años; la agilización del proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia; la determinación de que el ocupante ilegal de un inmueble no disfrutará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública, que además podrá desalojar la vivienda en un máximo de 48 horas con plena seguridad jurídica.
Que la ocupación ilegal no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal; la penalización de las mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas; la dotación de potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y poder acudir a las autoridades, cuando, en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
El Gobierno de Sánchez e Iglesias y los grupos que lo apoyan no pueden dar la espalda a esta urgente reforma de la legislación y minimizar un problema de enorme importancia. Solo en la primera mitad de este año, se registraron en España 41 denuncias diarias, un 5 % más que en el mismo período de 2019, experimentando en Galicia un notable incremento.
Los cambios legales que proponemos desde el Partido Popular nada obstan a la protección de los más desfavorecidos y a la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social y que guía las políticas públicas. No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y de las cosas."
