Intervengo hoy en la Comisión de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para fijar la posición en el debate de una Proposición no de
Ley sobre prórrogas en la concesión de autopistas de peaje en motivo de la
COVID-19, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
Estas fueron mis palabras: "El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña plantea
que se inste al Gobierno de España que no se amplíe ni prorrogue en ningún caso
las concesiones de las autopistas AP2 y de la AP7 y
que no se amplíen , en ningún caso, las tarifas y precios de los peajes de
estas mismas autopistas hasta que finalice la concesión y nosotros estamos de acuerdo con esta
petición que, además, viene a coincidir con lo que, gobernando el Partido
Popular en el pleno del Congreso del trece de diciembre del 2016, por una
mayoría de la cámara de trescientos cuarenta votos y uno solo voto en contra ya aprobó en su día porque,
realmente, como aquí bien se ha dicho, estas autopistas tienen su plazo de
vencimiento de la concesión a punto de concluir.
Pero la cuestión de fondo por la que Esquerra trae esta
iniciativa a esta casa es porque, como consecuencia del estado de alarma y de los efectos negativos que la pandemia ha
tenido sobre el conjunto del país, el
gobierno, en sucesivos Reales Decretos, primero en el ocho, después en el
diecisiete y luego en el veintiséis, ha introducido la posibilidad de que las
concesionarias de autopistas puedan solicitar compensaciones para, lo que se entiende, recuperar el equilibrio
económico alterado como consecuencia de estas circunstancias.
Es muy
discutible, realmente, si esta ampliación de la duración inicial que se
proponen las normas gubernamentales, hasta un máximo del quince por ciento la
modificación de las cláusulas de contenido económico, es una pretensión justa, porque
las consecuencias de la pandemia la han vivido absolutamente todos los
españoles y muy especialmente, los conductores y usuarios que por las
autopistas han dejado de circular como quisieran haberlo hecho porque,
simplemente, su actividad económica estaba suspendida, paralizada o limitada.
Y
habrá que preguntarse si es realmente justo y proporcionado que grandes empresas que obtienen enormes beneficios
como consecuencia de los peajes que cobran deban ser solicitantes de un reequilibrio y, por lo tanto, en la
tramitación parlamentaria de esos proyectos de ley habrá que moderar y
determinar el alcance de estas normas.
Esta iniciativa se refiere a Cataluña, pero esta problemática
es general de todas las autopistas del Estado. En Galicia, por ejemplo, la
autopista del Atlántico, AP9, es una
autopista ya con unos peajes muy caros y con unos plazos de concesión
excesivamente ampliados y creemos que
hay que mirar las cosas más desde la perspectiva de los usuarios, que desde la
perspectiva de las empresas.
No obstante
lo cual, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y estamos de acuerdo en
que estudiemos en esta legislatura el modelo de gestión de las carreteras en
nuestro país. Deberemos hacerlo intentando procurar el consenso y el equilibrio entre las diferentes administraciones
que se ven implicadas.
Y sí, termino también haciendo la misma reflexión que
hacía el portavoz del Partido
Socialista: es bueno que aquellas administraciones autonómicas que tienen
titularidad de carreteras, como es el caso también de la Generalitat de
Cataluña, que tienen autopistas, reflexionen sobre si es razonable, en su territorio, subir los peajes de una
manera tan alta como se suben y
prorrogar o ampliar los plazos concesionales como en algunas de esas autopistas
ha tenido lugar."
