La sesión comenzará con las 15 preguntas que han
registrado los Grupos Parlamentarios, de las cuales tres están dirigidas al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; una al vicepresidente segundo y
ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; una a la
vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño; una a la vicepresidenta cuarta y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; dos a la ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; dos al ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska; dos a la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto; dos al ministro de Sanidad, Salvador Illa; y una
dirigida de forma general al Gobierno.
A continuación, se debatirán las tres interpelaciones
urgentes registradas. La primera del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego
Candamil), a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital para que exponga las medidas que prevé el
Gobierno para garantizar una salida social y justa a la crisis económica tras la
pandemia de la COVID-19.
La segunda del Grupo Parlamentario VOX, para que el
Gobierno explique las medidas que ha adoptado y que va a adoptar para proteger
a la población de mayor edad en España.
Y la tercera del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que exponga cuáles son sus
responsabilidades como coordinadora del proceso de "desescalada", así
como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase.
Reales Decretos-Leyes
Tras la sesión de control, se pasarán a debatir dos
reales decretos-leyes. El primero es el Real
Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. El texto
pretende el amparo de las víctimas, no solo de violencia de género, sino también
de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, durante la crisis
ocasionada por el COVID-19. A tal efecto, este real decreto-ley presenta un
paquete de medidas, entre las que se incluyen el refuerzo de los sistemas de
atención telefónica y la introducción de un canal a través de WhatsApp; la
consideración como esenciales de los servicios de atención a las víctimas; la
garantía del normal funcionamiento de centros de emergencia, acogida, pisos
tutelados y alojamientos seguros, así como la disponibilidad de
establecimientos de alojamiento turístico en el caso de ausencia de vacantes en
los centros designados durante el estado de alarma. Por último, esta norma
garantiza los servicios de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento
de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
A continuación, se debatirá el Real
Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo
para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación
tributarias. Esta norma establece que pymes y autónomos con una facturación de
hasta 600.000 € no tendrán que presentar estos pagos tributarios en abril, como
es habitual, sino que extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar
el impacto económico provocado por la crisis del COVID-19. Es decir, podrán
aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago
fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de
declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de
abril al 15 de mayo. Según el Ejecutivo, esta medida beneficiará a 3,4 millones
de contribuyentes, que representan el 95% de empresas y autónomos que deben
presentar su declaración tributaria en abril y supone una liquidez de 3.558
millones para pymes y autónomos.
