Según
el GPP, “es un pilar fundamental de la industria turística nacional y son
muchas las familias que dependen de su supervivencia, directa o
indirectamente”. Por ello, rechaza “la incertidumbre y el desasosiego” que
generan a diario los miembros del Ejecutivo con declaraciones como las
realizadas por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cuando
aseguró que hoteles, cafeterías y restaurantes no reabrirían hasta Navidad.
“Estamos hablando de la peor crisis en la historia de
un sector muy potente e imagen de España en el exterior”, recalca el PP, “que
representa el 9% del empleo a nivel nacional”. Ante “la crítica situación” que
viven bares y restaurantes, y que puede provocar que 40.000 establecimientos no
vuelvan a abrir, el Grupo Popular pide al Gobierno que actúe en consecuencia, y
le recuerda que existen 1,7 millones de trabajadores “que tienen sus negocios
cerrados sin saber cuándo van a volver y en qué condiciones lo podrán hacer”.
Por ello, urgen medidas para reactivar el consumo tras la
crisis, si bien “lo más necesario en este momento es ayudar al sector ampliando
las medidas económicas de los Reales Decretos-leyes a las empresas con
interdependencia directa con la hostelería, así como nuevas medidas que hagan
más llevadero su día a día mientras dure el estado de alarma”.
Concretamente, el GPP exige al Gobierno que atienda ya la
reclamación del sector y que, además de simplificar los procesos de tramitación
de los ERTE, los amplíe por fuerza mayor con bonificación en las cuotas
empresariales de la Seguridad Social más allá del estado de alarma, mientras
siga habiendo condiciones restrictivas de carácter social. Ve también necesario
que “se amplíe el RD 8/2020 en lo relativo a medidas adoptadas en materia de
suspensión temporal de empleo a las empresas proveedoras de hostelería”.
Con dicha batería de preguntas, firmadas por el secretario
general del GPP, Guillermo Mariscal, y el portavoz de Turismo del GPP, Agustín
Almodóbar, se reclaman también medidas de respaldo en el pago de obligaciones
derivadas de los arrendamientos de los establecimientos durante el estado de
alarma. Además del aplazamiento de los alquileres, se reclama el aplazamiento
de impuestos y un plan de protección del sector turístico.
