El GPP propone que la anulación de una parte de un plan urbanístico “deje de conllevar automáticamente la suspensión completa del mismo y derogue solo la parte afectada para que los municipios sigan desarrollándose con normalidad”


Hoy el Grupo Parlamentario Popular planteó en el Congreso que la anulación de un plan general urbanístico deje de implicar “un limbo jurídico sine die para los municipios que paralice la inversión y haga inviable el desarrollo económico”.
Participé en una reunión con alcaldes de municipios afectados por planeamientos generales suspendidos – entre ellos el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad-  y con representantes del sector inmobiliario y del derecho, en la que la portavoz de Vivienda del GPP, Ana Zurita, explicó que la Proposición de Ley planteada por su formación en favor de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística “persigue evitar las consecuencias desproporcionadas que conlleva la anulación de un plan general urbanístico”.
Según explicó Zurita al término de esta reunión, en la que también han estuvieron presentes la portavoz del GPP, Dolors Montserrat, y el portavoz adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, “la anulación de una parte de un plan general urbanístico conlleva automáticamente la suspensión completa del mismo, hecho que provoca que entre en vigor el plan general anterior que, como tardan tanto tiempo en desarrollarse y aprobarse –“unos 15 años de media”, precisó-, hace que la realidad social y económica actual del municipio no se corresponda con la entrada en vigor de un plan anterior aprobado hace 30 años atrás”.
“Con esta proposición de ley lo que planteamos es que se propicie la anulación de la parte afectada del plan general si la hubiere, no del plan general completo, lo que dejaría en vigor el resto del planeamiento general, de modo que el municipio pueda seguir desarrollándose con normalidad y con su previsión de suelo y crecimiento”,subrayó . De este modo, indicó, “evitaremos a futuro la nulidad total y en cascada de los planes generales urbanísticos”.
Actualmente, según detalló Zurita, “15 millones de personas viven en municipios afectados por la derogación de su planeamiento urbanístico”, una circunstancia que “afecta tanto a las administraciones públicas como al sector privado”, y que tiene efectos directos sobre la economía municipal y el ciudadano.
“El PP es un partido sensible con una necesidad que nadie ha sido capaz de resolver, y con el apoyo de alcaldes y regidores adoptamos esta propuesta para continuar con la marcha y en buen desarrollo de la economía de este país y solucionar problemas como el precio del alquiler y de la vivienda que se ven afectados por la falta de suelo que, a su vez, es consecuencia directa de la parálisis de los planes generales urbanísticos”,indicó.
“Esta iniciativa es además uno de los pilares necesarios para la obtención de suelo finalista para la construcción de vivienda social”, remarcó, “tan necesaria para estabilizar los precios del alquiler”.
El portavoz adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, señaló también sobre el sentido de dicha iniciativa que el GPP “quiere levantar los escollos para la generación de confianza y riqueza en los municipios de nuestro país”.


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