Participé en una reunión con alcaldes de
municipios afectados por planeamientos generales suspendidos – entre ellos el
alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad- y con representantes del sector inmobiliario y
del derecho, en la que la portavoz
de Vivienda del GPP, Ana Zurita,
explicó que la Proposición de Ley planteada por su formación en
favor de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación
territorial y urbanística “persigue evitar las consecuencias desproporcionadas que conlleva
la anulación de un plan general urbanístico”.
Según explicó Zurita al
término de esta reunión, en la que también han
estuvieron presentes la portavoz del GPP, Dolors Montserrat, y el portavoz adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, “la anulación de una parte de un plan general urbanístico conlleva
automáticamente la suspensión completa del mismo, hecho que provoca que entre
en vigor el plan general anterior que, como tardan tanto tiempo en
desarrollarse y aprobarse –“unos 15 años de media”, precisó-, hace
que la realidad social y económica actual del municipio no se corresponda con
la entrada en vigor de un plan anterior aprobado hace 30 años atrás”.
Actualmente, según detalló
Zurita, “15 millones de personas viven en
municipios afectados por la derogación de su planeamiento urbanístico”, una circunstancia que “afecta
tanto a las administraciones públicas como al sector privado”, y que tiene
efectos directos sobre la economía municipal y el ciudadano.
“El PP es un partido
sensible con una necesidad que nadie ha sido capaz de resolver, y con el apoyo
de alcaldes y regidores adoptamos esta
propuesta para continuar con la marcha y en buen desarrollo de la economía de
este país y solucionar problemas como el precio del alquiler y de la vivienda que se ven afectados por la
falta de suelo que, a su vez, es consecuencia directa de la parálisis de los
planes generales urbanísticos”,indicó.
“Esta iniciativa es
además uno de los pilares necesarios para la obtención de suelo finalista para la construcción de
vivienda social”, remarcó, “tan necesaria para estabilizar los precios del
alquiler”.
El portavoz adjunto del
GPP, Guillermo Mariscal, señaló también
sobre el sentido de dicha iniciativa que el GPP “quiere levantar los escollos
para la generación de confianza y riqueza en los municipios de nuestro país”.
Recibirá resposta
