Las Entidades Locales podrán destinar más dinero de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles al incluirse nuevos servicios públicos


Hoy en Consejo de Ministros fue aprobado un decreto-ley que habilita a las entidades locales con superávit en el ejercicio 2017 a realizar inversiones financieramente sostenibles sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del año 2012, el superávit de las administraciones públicas debe destinarse a rebajar la deuda, pero desde 2014 las entidades locales saneadas pueden dedicar parte de ese superávit a "inversiones financieramente sostenibles" (IFS) en determinados servicios públicos esenciales. La norma aprobada hoy prorroga esa posibilidad y amplía los capítulos que encajan dentro de esas inversiones.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, detalló las nuevas categorías de inversión incluidas en el concepto de IPS: seguridad y orden público,  protección civil, servicios de prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales y museos e instalaciones deportivas.

La norma reduce, además, el número de casos en que la inversión requiere de la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El decreto-ley, destacó Montoro, es resultado del acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del diálogo entre formaciones políticas con ideologías muy diferentes.

Una prueba, dijo, de que el Gobierno es capaz de aprobar medidas para reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. Montoro elogió el esfuerzo de las corporaciones locales para prestar los servicios esenciales y generar superávit presupuestario "en unos años muy difíciles".

El titular de Hacienda ligó este refuerzo de la inversión en los servicios de interés general a la evolución positiva del déficit público, que cerró 2017 en el 3,07% del PIB. "Aquello que en el año 2012 se planteaba el Gobierno de que había que cerrar ayuntamientos y diputaciones se vuelve a demostrar que hubiera sido un error; lo que había que hacer era promover las condiciones para que tuvieran sus cuentas saneadas y pudieran facilitar los servicios públicos a los ciudadanos”, manifestó .

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