De
acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, del año 2012, el superávit de las administraciones públicas debe
destinarse a rebajar la deuda, pero desde 2014 las entidades locales saneadas
pueden dedicar parte de ese superávit a "inversiones financieramente
sostenibles" (IFS) en determinados servicios públicos esenciales. La norma
aprobada hoy prorroga esa posibilidad y amplía los capítulos que encajan dentro
de esas inversiones.
El
ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, detalló las nuevas
categorías de inversión incluidas en el concepto de IPS: seguridad y orden
público, protección civil, servicios de prevención y extinción de
incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros
docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial, bibliotecas y
archivos, equipamientos culturales y museos e instalaciones deportivas.
La
norma reduce, además, el número de casos en que la inversión requiere de la
autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El decreto-ley,
destacó Montoro, es resultado del acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y del diálogo entre formaciones políticas con
ideologías muy diferentes.
Una
prueba, dijo, de que el Gobierno es capaz de aprobar medidas para reforzar el
crecimiento económico y la creación de empleo. Montoro elogió el esfuerzo de
las corporaciones locales para prestar los servicios esenciales y generar
superávit presupuestario "en unos años muy difíciles".
El
titular de Hacienda ligó este refuerzo de la inversión en los servicios de
interés general a la evolución positiva del déficit público, que cerró 2017 en
el 3,07% del PIB. "Aquello que en el año 2012 se planteaba el Gobierno de
que había que cerrar ayuntamientos y diputaciones se vuelve a demostrar que
hubiera sido un error; lo que había que hacer era promover las condiciones para
que tuvieran sus cuentas saneadas y pudieran facilitar los servicios públicos a
los ciudadanos”, manifestó .
