Esta mañana tuvo
lugar en el Congreso de los Diputados una Jornada Parlamentaria, dedicada al “25
Aniversario de la modificación de la Ley de Atribuciones Profesionales de la
Ingeniería Técnica” y que fue promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
La Sala de Columnas esta totalmente completa de profesionales venidos de todo el Estado.
La Sala de Columnas esta totalmente completa de profesionales venidos de todo el Estado.
La citada Ley
33/1992 modificó la Ley 12/1986, que regulaba las atribuciones profesionales de
los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.
La Jornada tuvo dos
partes. En la primera y tras realizar el moderador una referencia histórica, se
produjeron las intervenciones del que fuera presidente de este Colegio en el
año 1992, Carlos García Cuesta, además de dos de los responsables políticos que
entonces impulsaron la aprobación de esta Ley; Diego López Garrido y Alfonso
Guerra.
En la segunda
parte, y después de una introducción por el moderador, tuve ocasión de dirigir
unas palabras a todos los asistentes.
En nombre de
la Comisión de Fomento, les di la bienvenida
al Congreso, y dije que “una de las actividades principales de este Parlamento,
que no la única, es la legislativa. Y es por ello un motivo de satisfacción que
25 años después de la aprobación de una Ley, hayan Vdes. considerado oportuno
celebrar su aprobación”
Hablé luego de
que a la Comisión de Fomento del Congreso, le corresponde todo lo relativo a
las áreas de Infraestructuras (Carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos) y
Transportes, así como a la Vivienda. Lo que supone controlar la actividad del
Misterio de Fomento que alcanza al 9,4% del PIB español.
Manifesté que “seguimos con mucho interés desde la Comisión todo lo que tiene que ver con la Ingeniería de Obras Públicas, la Ingeniería civil. Su contribución al progreso, ha sido una constante. Difícilmente se tendrían unas infraestructuras tan extraordinarias (ferroviarias, viarias, portuarias y aeroportuarias), si detrás de ellas no hubieran profesionales de primera que las proyectasen y ejecutasen”.
Recordé luego que en “esta Legislatura tramitamos un Proyecto de Ley que afectaba de modo notable a los ingenieros y que culminó con su aprobación definitiva con la publicación en el BOE del 9 de noviembre de 2017 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Una ley que es
fruto del consenso, del acuerdo, del
diálogo, de la cesión de las partes para conseguir un objetivo común, que era
lo mejor para nuestros conciudadanos”
Y aludí a
algunas de las referencias de interés para la ingeniería, como la previsión de
que “los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran
calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en
los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones
de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura”
La expresión
de normas específicas de contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería,
consultoría y urbanismo en las que “se reconoce la naturaleza de prestaciones
de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería,
consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones
contenidas en esta Ley.”
Finalmente hablé de la alta valoración de la ingeniería en nuestro País y en general en el mundo. Muchas de nuestras más grandes empresas generan la mayor parte de su negocio en el exterior. Y dije que somos conscientes de que es fundamental que la Administración pública del Estado, especialmente los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, apoyen a las ingenierías españolas para que compitan por tecnología, innovación y calidad.
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
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