Debate sobre las pensiones de nuestro sistema de Seguridad Social


Hoy en el Pleno del Congreso hemos tenido el debate final del Proyecto Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Y fue aprobado con la ratificación de todas las enmiendas incorporadas por el Senado, gracias a los votos de PSOE y CiU, y con la oposición del GPP.

Esta reforma del sistema de Seguridad Social introduce modificaciones en el régimen jurídico de la pensión de jubilación. Así se prevén los 67 años como edad de acceso a la jubilación, al tiempo que mantiene la misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses.

La implantación de estos nuevos requisitos de edad se realiza de forma progresiva y gradual, en periodo de quince años, período de aplicación que también se aplica para completar los periodos de cotización que permiten el acceso a la pensión a partir de los 65 años, de modo que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el periodo de 38 años de cotización y seis meses será exigido en el ejercicio de 2027.

Por otra parte, se modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación, que pasa a ser de 25 años, si bien con una aplicación paulatina, en la forma recogida en el Acuerdo social y económico, hasta el año 2022.

Se modifica, asimismo, el periodo de tiempo preciso para alcanzar el cien por cien de la base reguladora de la pensión, estableciendo los siguientes porcentajes de aplicación a la base reguladora: por los primeros quince años cotizados, el 50 por 100. Y a partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y los que rebasen el mes 248, el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación.

Además se contempla muchas otras modificaciones.

Intervino en este debate y en nombre del Grupo Popular, nuestro portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, el diputado vallisoletanoTomás Burgos, que calificó de “mal arreglo y parche de circunstancias” el citado Proyecto de Ley al considerar que se trata de una reforma “hecha contra los ciudadanos, contra sus derechos, contra las amplias mayorías y contra el deseable acuerdo al menos de los dos grandes partidos”.

También lamentó que esta reforma supondrá “importantes sacrificios para los ciudadanos que serán inútiles por la falta de congruencia entre las medidas tomadas y con una notable confusión sobre sus objetivos que ha llevado más desorientación e incertidumbre a los ciudadanos”.

En este sentido, añadió que la reforma “deteriora las expectativas de pensión digna para muchos, incrementa las exigencias de aportaciones al sistema con menores expectativas y perjudica a sectores vulnerables de la sociedad, especialmente los jóvenes y las mujeres”.

Además, criticó que el Gobierno comenzó la legislatura diciendo que en esta materia no habría ninguna reforma o ley que no fuera pactada con el PP y “la finaliza con la ruptura del consenso en Seguridad Social”.

Así, explicó que la reforma no consolida el sistema, sino que consagra al menos tres grandes disensos, en el modelo de jubilación, en el modelo institucional y en el modelo de financiación.

Respecto a la jubilación, Tomás Burgos denunció que “todo el esfuerzo recae sobre el ciudadano”, con “menos pensiones, más bajas y durante menos tiempo”. “Aquí se obliga a trabajar más a quien no lo desea o a quien le va a resultar imposible para conseguir el mismo derecho, mientras se obliga a dejar la actividad a quien quiere y desea seguir en activo”.

Respecto al modelo institucional, señaló que la reforma pretende “su conversión en agencia sin acuerdo con el PP”, lo que tachó de “irresponsabilidad que pone en riesgo serio de inestabilidad el modelo de Seguridad Social española”.

En cuanto al modelo de financiación, nuestro portavoz explicó que no se atiende a lo fundamental, es decir, a “cómo se financia el sistema, qué está ocurriendo con los recursos económicos, desde las cotizaciones al fondo de reserva, desde sus fuentes financieras hasta la previsión social complementaria”.

SIN CONSENSO

Para el GPP, el Proyecto de Ley que dice garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sistema de la Seguridad Social acaba precisamente con el desmantelamiento y la pérdida del patrimonio acumulado durante décadas por las cotizaciones de millones de trabajadores y empresarios.

Insistió Tomás Burgos en que “no se ha querido, no se ha buscado un amplio consenso” y lo que se ha visto es “la entrega total del Gobierno a un único objetivo, que es conseguir una mayoría exigua a golpe de disposición adicional”, una manera “impropia de legislar”.

En relación a lo que aborda la reforma sobre los beneficios por hijos, nuestro portavoz denunció que discrimina a las mujeres que siguen trabajando tras tener un hijo porque quieren o porque lo necesitan y a quienes no se encontraban en activo cuando dieron a luz.

“Esta medida –añadió- genera discriminaciones, está desenfocada y sólo contribuye a reforzar la idea de que al tener un hijo la mujer tiene que abandonar el mercado de trabajo”.

Con respecto a la viudedad, Tomás Burgos afirmó que los requisitos que se establecen, muy exigentes, “sólo permitirán mejorar un número muy limitado de esas pensiones, la mayoría con complementos a mínimos”.

Así, explicó que en el asunto de la viudedad, tras la reforma “la Seguridad Social pagará más y el Estado pagará menos, pero la afectada recibirá lo mismo en la inmensa mayoría de los casos”. “La pensión de viudedad se hace mucho más pensión asistencial y menos pensión contributiva”, concluyó.
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