Hoy asistí a una sesión convocada por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo a cuya consideración se sometía el borrador del informe de evaluación y seguimiento del citado Pacto.
La expectación era enorme y ello lo atestiguaba el ingente número de medios audiovisuales y de periodistas que cubrían el acto.
Abrió la sesión el presidente de la Comisión, el leonés Juan Morano que hizo una explicación sucinta de los trabajos parlamentarios previos y del contenido del informe.
Por nuestro Grupo Parlamentario intervino el diputado vallisoletano Tomás Burgos Gallego que inicialmente destacó que tras 1995 y 2003, esta Comisión dio tramitación a la segunda renovación del Pacto de Toledo y dijo que en quince años en los cuales nuestro sistema de Seguridad Social ha estado sujeto a cambio y a transformación permanente.
Resaltó que los ciudadanos tienen hoy más desconfianza, más dudas y más incertidumbres respecto al sistema de pensiones que hace un año, y que probablemente el primer objeto de este informe de recomendaciones es contribuir a recuperar esa confianza y a disipar esas dudas.
Citó a continuación algunos de los resultados concretos que la crisis ha provocado en el sistema de la Seguridad Social:
El efecto acumulado de la crisis supone un descenso desde julio de 2007, que se alcanzó el punto más álgido de cotizantes ocupados, hasta hoy, de una pérdida de más de 1.880.232 afiliados cotizantes activos a la Seguridad Social. Una pérdida de casi el 10 por ciento del volumen de cotizantes.
Y dijo que la Seguridad Social afirma tener 2.729.101 afiliados en desempleo, es decir, el 13,46 por ciento de nuestros cotizantes lo son desde la situación de desempleo; situación que pueden perder, que pueden ver afectada si no encuentran un trabajo en las próximas semanas, en los próximos meses. La ratio entre cotizantes y pensionistas ha bajado al 2,55, pero la relación más importante que es la de los afiliados ocupados y los pensionistas está en el 2,21, la más baja desde el año 2000 y pone de manifiesto el progresivo deterioro del sistema a consecuencia de la crisis.
Añadió que eso ha afectado también, por supuesto, al superávit de la Seguridad Social que está descendiendo de forma importante y a otros datos económicos que ciertamente han de preocuparnos.
Y a continuación llegó al meollo de la cuestión, que es que los ciudadanos saben muy bien que los problemas del sistema, los resultados concretos de esta crisis tienen una denominación que se resume en una palabra: desempleo, y que la mejor reforma estructural del sistema de pensiones es la creación de empleo y la recuperación de las cifras de crecimiento de empleo y de cotización necesarias.
Hizo un llamamiento a que el Gobierno respetara y asumiera este informe como la guía oportuna y pertinente para el proceso de reformas que son importantes, que son necesarias y que siempre hemos entendido que deben seguir haciéndose en nuestro país.
Después de esta amplia introducción entró, Tomás Burgos en un pormenorizado detalle de aspectos concretos del informe que cito a continuación de un modo resumido:
- Ninguna actividad sin cotización, pero ninguna actividad comprometida por una cotización injustificada. La cotización por el salario, por la retribución efectiva, ni se puede eludir, ni se pueden admitir comportamientos que supongan fraude o abuso; en un sistema equitativo nadie debe ser injustamente beneficiado o perjudicado.
- Una protección social equiparable y equiparada. La protección social como la otra cara de la moneda de la competitividad, de la productividad, del desarrollo y de la libertad económica; protección sobre las mismas bases, protección sobre los mismos principios, sobre los mismos derechos.
- El desarrollo social también implica la superación de inexplicables diferencias, distinciones, incluso discriminaciones, ya sea por la condición de la actividad, ya sea por las características de la persona. No hay lugar para las discriminaciones, en especial por razones de edad, en un sistema de libertades y derechos como el español.
- El Gobierno debe adoptar las medidas adecuadas para colocar la solvencia del sistema, presente y futura, en el eje de sus actuaciones.
- El compromiso intergeneracional en el que se basa nuestro sistema de pensiones hace imprescindible adoptar medidas que eviten que futuros trabajadores o futuros pensionistas tengan que hacer frente a la carga de un ajuste inesperado para ellos y que deteriore seriamente sus derechos económicos y sociales.
- La equidad como referente: reconocer lo aportado y tratar a cada cual según lo aportado, y que el esfuerzo generado, realizado por los ciudadanos, genere retornos reconocibles.
Solo si la persona constata que su esfuerzo de aportación es justamente correspondido estará dispuesta a vincular una parte de ese esfuerzo a instrumentos de solidaridad.
- Las prestaciones no fundamentadas en la contributividad han de estar sometidas a especial escrutinio y reflejar adecuadamente el esfuerzo de solidaridad posible y justificable.
- Tanto o más que lo que gastamos en pensiones y en prestaciones debería ocuparnos cómo lo hacemos y a qué situaciones estamos orientando esas prestaciones
Y se detuvo en el apartado de la ampliación de la edad legal de jubilación y dijo:
- Una reforma de pensiones en periodo de crisis puede tener un objetivo mucho más importante que recortar. Por eso hemos dicho no a la medida más ineficiente e injusta, a la que supone un recorte de derechos y un coste que algunos sitúan incluso cercano al 20 por ciento de la pensión futura: la subida de la edad de jubilación a los 67 años.
Luego citó otras reformas que han de emprenderse:
- para proteger mejor a quien más lo necesita y esos son hoy en España viudas y huérfanos en especial situación de vulnerabilidad, trabajadores con largas carreras de cotización y una pensión desajustada, mujeres con problemas de insuficiencia de derechos de pensión o autónomos.
- para delimitar mejor la responsabilidad de cada uno a la hora de financiar, a la hora de cotizar, a la hora de percibir.
- para avanzar en una mayor correspondencia entre lo cotizado y lo recibido y en equidad y en equiparación de prestaciones, en equiparación de derechos entre distintas actividades, sectores económicos y condiciones laborales
- para adecuar el sistema a realidades nuevas, realidades laborales dando cobertura a determinadas situaciones como los becarios o las empleadas del hogar; realidades familiares dando cobertura a mujeres que no cotizan en negocios familiares, personas que no desarrollan actividad y podrían cotizar sus cónyuges o parejas por ellas, situaciones de desprotección ante rupturas familiares;
- para sostener financieramente mejor el sistema, contribuyendo a clarificar la financiación, a delimitar y coordinar mejor la Seguridad Social con otras redes públicas asistenciales, a mejorar la gestión, a unificar la dispersión administrativa, a integrar las funciones, a mejorar la lucha contra el fraude, el absentismo injustificado en incapacidades de corto plazo y las disfuncionalidades que permiten que haya personas que obtienen del sistema sin justificación mucho más de lo que aportan.
Concluyó su intervención diciendo que el Pacto de Toledo puede seguir siendo útil y debemos aspirar a su cumplimiento sin afanes dogmáticos pero en la seguridad de que marca el camino adecuado.
Y recordando que hay un tema relevante en el que no se ha conseguido consenso, no se ha logrado un acuerdo para modificar la edad de jubilación existente en 65 años.
Dijo con expresa claridad que el Grupo Parlamentario Popular va a ejercer su derecho a un voto particular en esta cuestión con vistas a la aprobación definitiva por el Pleno del Congreso, siguiendo el precedente de ocasiones anteriores.
Y explicó que es un voto de reafirmación en la conveniencia de mantener la edad legal de jubilación en 65 años. Añadió que ni una sola de las medidas y orientaciones que están contenidas en el presente informe necesitan que se modifique la edad legal para su efectiva y completa aplicación, ni una sola. Pero que sin embargo, algunas de ellas pueden ver seriamente comprometido su cumplimiento efectivo con una medida así.
Pidió finalmente al Gobierno que ha avanzado que mantendrá su postura de elevar la edad de jubilación a los 67 años que rectifique, porque rectificar es de sabios o al menos de prudentes.
Terminó por fin agradeciendo a todos los que han compartido el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de poner con este informe un ladrillo más que contribuya a dar solidez al compacto, al sólido y al firmemente asentado edificio de la Seguridad Social y de nuestro sistema de pensiones en España.
A mi juicio la intervención de Tomás Burgos ha sido seria, completa, realista y ecuánime y refleja de manera nítida el pensamiento del Grupo Parlamentario Popular.
Después de las demás intervenciones el Presidente llamó a votar el documento que sobre las recomendaciones que la Comisión hace al Gobierno y efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.
Ahora este informe se remitirá al Pleno del Congreso, previsiblemente del 25 de enero para su debate.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Pacto/Toledo/aprueba/propuesta/pensiones/consenso/elpepueco/20101229elpepueco_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Pacto/Toledo/aprueba/propuesta/pensiones/consenso/elpepueco/20101229elpepueco_1/Tes
