jueves, 17 de diciembre de 2009

Debate final de la Ley Omnibus


Ayer en el Pleno del Congreso intervine en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el debate del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocido coloquialmente con el nombre de ley ómnibus.


Puse de manifiesto es que es un proyecto de ley que entró en esta casa el 19 de junio de 2009 y que fue objeto de modificaciones en el Congreso y en el Senado.

A continuación me referí a las enmiendas que han sido aprobadas en la Cámara Alta relativas a los colegios profesionales y a la Ley de ordenación del transporte terrestre.

COLEGIOS PROFESIONALES

Dije que en materia de colegios profesionales la reforma de la ley fue impulsada por el Gobierno socialista desde una óptica, la de retirar facultades a los colegios profesionales y reducir su campo de actuación y que fue en la tramitación del Congreso de los Diputados, y como consecuencia de nuestras enmiendas que el texto fue reorientado en visión de la garantía y seguridad del ciudadano, teniendo en cuenta el interés general, pero le quedaban algunos elementos que seguían orientados desde una óptica parcial.

Afirmé que el Grupo Parlamentario Popular cree en los colegios profesionales como una parte importante de la sociedad civil española.


No son, como algunos han dicho, un obstáculo a la competencia; únicamente ordenan las profesiones bajo normas dadas por este poder, el Legislativo, y por el Gobierno, que as restricciones que pueden plantear los colegios se justifican por la necesidad de un sistema de prestación de servicios profesionales de los que los ciudadanos son beneficiarios. Y que po or ello, los colegios profesionales permiten que todos los ejercientes compartan las mismas reglas de juego, favorecen la competitividad de los mismos y evitan el intrusismo.

Por eso explique como, en la Cámara Alta nuestro grupo parlamentario presentó enmiendas posibilistas, realistas y con sentido común que fueron todas ellas aceptadas en el Senado, bien por aceptación directa o bien por transacción con otros grupos parlamentarios, porque aportaban coherencia, cohesión del texto, consenso parlamentario y apoyo al sector colegial.

Pedí a todos los grupos el mantenimiento de las enmiendas incorporadas referentes a colegios profesionales; la enmienda que hace referencia al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3, la referente a la comunicación, que sí se puede exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de la colegiación; la enmienda que hace referencia a la necesidad de otorgar legitimación con ciertas condiciones a los propios colegiados para pedir que se realice el visado, al mismo tiempo que se reconoce a los propios clientes, a las administraciones públicas o cuando lo establezca el Gobierno, no por medio de un real decreto sino de una ley, y al mismo tiempo que se incorporen nuevos criterios como el de la salud, la seguridad e integridad de las personas, la prestación de los servicios de interés general, los servicios públicos o la protección del medio ambiente

Demandé que se siguiera manteniendo la enmienda a la nueva disposición adicional quinta, que establece la necesidad de excluir a otras entidades de unas funciones en relación con el visado que corresponden única y exclusivamente a los colegios profesionales; y asimismo pedí que se mantuviera la enmienda que hace referencia a los criterios de interés público que deben presidir la continuidad de la colegiación obligatoria, que deberá hacerse necesariamente por medio de un proyecto de ley.

Insistí en que no se puede pretender que los colegios profesionales sigan existiendo si les cercenamos sus fuentes de financiación.

PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

También defendía el mantenimiento de la enmienda a la disposición adicional sexta, relativa a los colegios de procuradores, una profesión que existe en nuestro país, que cumple una función social realmente importante y respecto de la cual nosotros, con el texto que viene del Senado, queremos que se pueda garantizar la proximidad en el ejercicio de su profesión sin perjuicio del libre establecimiento, pero ejerciendo en el territorio que dentro de su correspondiente ámbito determine su colegio de procedencia. Afirmé que eso no limita el interés general, ni la libre competencia, pero pone coherencia y orden a lo que es desorden en el texto del proyecto gubernamental.

TAXI

Finalmente también me referí a la modificación por este proyecto de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y a que venía del Senado suprimido en su integridad el polémico artículo 21. Y no solo como consecuencia de la actuación del Grupo Parlamentario Popular, que puso en bandeja la solución y sus votos, sino por que buscó el consenso —y lo logró— en aquella Cámara de los demás grupos parlamentarios, salvo del socialista.

Dije que, la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre no viene impuesta por la directiva comunitaria, porque expresamente excluye al sector del transporte dentro de los sectores que deben ser objeto de reforma. Por ello manifesté que nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados desde el primer día fue inequívoco: negativa a cualquier reforma que afecte a una ley que debe ser objeto de una modificación por medio de un instrumento jurídico especial, como sería una ley propia del transporte para poder ser debatida con suficiente amplitud, buscando el consenso con los sectores afectados y con todos los grupos parlamentarios.

Manifesté que hemos vivido, una posición de soberbia de los ministerios afectados por esta norma, del Ministerio de Economía, al ser más papista que el Papa, al ir más lejos en la trasposición de la directiva de lo que exigen las propias normas comunitarias, y también del Ministerio de Fomento, porque, conocedor de la importancia que tiene el sector del taxi en el transporte público, podía haber tenido la sensibilidad de poner coto a esas pretensiones del otro ministerio.

Expliqué las por las razones no se puede apoyar el artículo 21. De forma: la directiva comunitaria excluye expresamente las actividades de transporte, que son consideradas servicios de interés económico general. Y además debería hacerse a través de leyes sectoriales referentes al tema de transporte.


En definitiva, dije que el Gobierno socialista, como en tantas materias, gobierna solo con una óptica, no buscando el consenso necesario, no solo con todos los grupos políticos sino con la sociedad en su conjunto y expuse que fuera de este hemiciclo, hay un clamor de taxistas que no protesta por capricho, sino que trasladan una preocupación seria en un momento de delicada situación económica, en que las pequeñas y medianas empresas, que al final son los taxistas, se sienten atemorizados por una competencia irregular que va a entrar como consecuencia de la aprobación de este artículo 21 y que nosotros no vamos a ser cómplices en su mantenimiento, señorías.

Cité también las razones de fondo: se va a crear una actividad del taxi en cierta medida paralela y desregularizada; se van a liberalizar las empresas de vehículos de alquiler con conductor que van a poder ir más allá de realizar las legítimas funciones que hoy realizan, sin limitación de origen o destino del servicio y sin limitación del número de vehículos autorizados.

Dije que al Grupo Parlamentario Popular le preocupan las 100.000 familias que dependen del sector y que pueda empeorar un servicio de calidad como es el servicio del taxi que hay en España.

Finalicé con la afirmación de que estábamos ante una oportunidad para mejorar esta ley y un modo es suprimir el artículo 21 de la Ley Omnibus.




Y llegado el momento de la votación de las enmiendas conseguimos mantener un 30 % de las aprobadas en el Senado pero no prosperaron muchas de las relativas a Colegios Profesionales, a los Procuradores y tampoco la relativa al artículo 21, que no fué finalmente suprimido en su integridad.