Esta mañana hemos debatido
en el Pleno del Congreso el Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición
de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus
disposiciones adicionales 18ª y 19ª.
En este debate la diputada salmantina
María Jesús Moro acusó al Gobierno de excluir a 47.000 mutualistas y de
bloquear mejoras a la ley mediante vetos inconstitucionales.
• La portavoz de Justicia del GPP en el
Congreso, María Jesús Moro, asegura que la exclusión de 47.000 mutualistas de
la pasarela prevista por la Ley General de la Seguridad Social constituye una
grave injusticia, al tiempo que acusó al Gobierno y a sus socios de haber
“lesionado derechos políticos” al permitir vetos que considera
inconstitucionales.
• Recriminó al Ejecutivo haber incumplido su
compromiso de diálogo y consenso en la tramitación de la ley, y recordó que el
PSOE prometió acudir al Parlamento con la “mano tendida” y dispuesto a
“escuchar, debatir, mejorar y enriquecer el texto”, pero “eso no ha ocurrido”
• Denunció la falta de
transparencia y la negativa del Gobierno a facilitar información durante la
tramitación parlamentaria, “rechazaron comparecencias y peticiones de
información” que afectaban a los ciudadanos.
• Acusó a Sánchez y los suyos de imponer una
“obediencia ciega” a la oposición y de bloquear el trabajo parlamentario
mediante vetos que consideró injustificados. Y añadió que los argumentos
defendidos para impedir determinadas enmiendas “no cuadran y constituyen un
insulto a la inteligencia”
• Aseguró que miles de
mutualistas han sido tratados de forma arbitraria por el Gobierno y criticó que
“alguien ha decidido en el Gobierno, sin dar explicaciones, quién merece ser
tocado por su dedo divino”, dejando fuera a profesionales con largas carreras
laborales
• Señaló que arquitectos,
abogados, procuradores, médicos y otros profesionales afectados han sido
injustamente estigmatizados y defendió que se trata de trabajadores
cualificados que durante décadas han sostenido sus mutualidades y han sufrido
la ausencia de prestaciones básicas como bajas laborales o cobertura sanitaria
suficiente.
• Advirtió de que la reforma no puede ignorar
los años trabajados por quienes estuvieron obligados a cotizar en mutualidades
y debe reconocerse “todo el tiempo trabajado”, ya que muchos profesionales “no
eligieron” ese sistema, sino que estaban obligados a permanecer en él para
ejercer su actividad.
• Dice que cerrar la puerta a la
alternatividad mientras se limita la movilidad de las aportaciones a la
Seguridad Social es una contradicción y consideró “injusto” que algunos
mutualistas puedan acogerse a determinadas medidas mientras otros quedan
“excluidos sin una justificación clara”
• Afirmó que el Grupo
Popular ha impulsado mejoras en comisión pese a los vetos del Ejecutivo, como
la incorporación del complemento a mínimos y la defensa de que el traslado de
aportaciones a la Seguridad Social no esté sujeto a cargas fiscales, reclamando
“a iguales obligaciones y circunstancias, iguales derechos”.
