martes, 14 de abril de 2026

“Feijóo afirma que “no compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible


Hoy, durante la reunión plenaria del PP en el Congreso y en el Senado, Alberto Nuñez Feijóo por cuestiones de actualidad, se refirió a la regularización masiva de inmigrantes irregulares que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Y dijo: “Es aquí, en el Congreso, donde debería sustanciarse el debate sobre la regularización, y no en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China y tratando de que se deje de hablar del colapso al que ha llevado a su propio país y de la agenda judicial de su familia. Igual que es aquí donde debería estar aclarando si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior de alguna forma.

Estamos absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes irregulares. España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas. Esto no solo lo cree el grupo mayoritario de las Cámaras, lo que se está haciendo va contra las Cortes Generales, porque lo hemos votado aquí y ellos han perdido la votación. Nosotros la hemos ganado.

Va en contra de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a las que nadie ha preguntado.

Va contra Europa porque va en contra del Pacto de Migración y Asilo, defendido por la mayoría del Parlamento Europeo.

Y, lo peor de todo, va contra la mayoría de los españoles. Porque somos los españoles los que tenemos derecho a controlar quién entra en nuestro país y en qué condiciones se vive en nuestro país.

Nuestro modelo migratorio es conocido.

Defendemos firmemente que España tenga una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación Europea. Que proteja a quienes han llegado a España y, por supuesto, que proteja a los españoles. No solo vamos a decir que estamos en contra de la regularización, vamos a explicar por qué, aunque me temo que los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde.

No compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible.

Estamos en contra porque no es humanitaria. Alienta a las mafias y se traslada el mensaje de que España es un chollo para las mafias porque pueden hacer su trabajo con éxito, dado que aquí podrá entrar cualquiera. Nuestro modelo es otro. Antes de cualquier regularización, hay que reformar las vías legales de acceso, reforzar el control de nuestras frontera, mejorar la tasa de retornos y actuar en origen contra el tráfico de seres humanos y las redes de tráfico de personas.

Segundo. No es justa porque perjudica a quien cumple, a quien trabaja y a quien cotiza, a quien aporta, al que ha entrado de forma legal. Perjudica a los inmigrantes que vinieron de manera legal a España y que están aportando y cumpliendo nuestras leyes. Nuestro modelo es otro. La regularización no puede ser un premio por el mero paso del tiempo, sino por una integración real. Y la integración real se mide en trabajo, en conocimiento del idioma, en integración acreditada y en ausencia fehaciente de antecedentes penales y policiales.

En tercer lugar, es insegura. No hay control suficiente, no hay condiciones suficientes, no hay exigencias suficientes. No se sabe ni a cuántas personas afecta. Oficialmente, a 500.000. En privado lo suben a 800.000 y la Policía, que sí que sabe, lo sube por encima del millón de personas. Nuestro modelo es otro. Un Gobierno responsable regulariza con control y los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie.

Y, por último, estamos en contra porque es insostenible. Porque todo esto se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión de coste. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las políticas de empleo. Todo esto va a sufrir una fuerte demanda adicional sin ningún tipo de financiación, sin planificación, y sin que nadie haya explicado quién se va a hacer cargo. Por tanto, serán los ayuntamientos y serán las comunidades autónomas que no han sido ni consultados ni oídos. Insisto, nuestro modelo es otro. El estado de bienestar se protege por encima de todo, no se sobrecarga de manera irresponsable sin medir las consecuencias”.