El pasado
3 de marzo de 2026 Renfe informó que había aprobado la licitación pública de
una sociedad participada que tendrá como objeto social la realización de los
Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera que la compañía lleva a
cabo para sortear las suspensiones del servicio provocadas por obras en la
infraestructura o incidencias sobrevenidas que imposibilitan la realización de
un viaje en tren.
Decía que
“con esta nueva empresa, Renfe,
la única compañía ferroviaria que establece PAT por carretera en caso de no
poder realizar el viaje, ya no tendrá que depender de la disponibilidad
de empresas externas y podrá dar una respuesta más ágil a los viajeros con una
atención más personalizada y un servicio mejor integrado.
El modelo propuesto consiste en la licitación de un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga a instancia de Renfe Viajeros) para la prestación de los PATs a través de una sociedad participada al 49% por Renfe y 51% por el adjudicatario.
Esta estructura permitirá a Renfe disponer de una flota estable de autobuses, personal de conducción suficiente, optimización de costes, mayor profesionalización de la gestión y asegurará la disponibilidad de recursos incluso en momentos de alta demanda, así como una respuesta más ágil ante situaciones imprevistas o de urgencia.
Esta solución garantizará a Renfe la prestación del servicio en todo el territorio y reducirá la dependencia del mercado externo. Además, mejorará la capacidad de respuesta y contribuirá a mantener la calidad del servicio público de transporte en un periodo de intensa actividad en la infraestructura de la red ferroviaria.
El coste estimado será de 61,5 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en el gasto de PAT de entre el 10 y el 15%, lo que se traduce en un ahorro de entre 9 y 13 millones de euros al año. Con la nueva sociedad, Renfe se consolida como grupo empresarial que cubre de manera integral todos los servicios asociados a su operación.”
Suspensión cautelar de la licitación
Pues bien, hoy hemos conocido que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) acordó suspender cautelarmente este concurso público impulsado por Renfe para poner en marcha una nueva sociedad de
Según informan las organizaciones de transportistas el órgano administrativo ha basado su resolución en la conveniencia de evitar
posibles daños que podrían ser de “difícil o imposible reparación” en caso de
que el procedimiento de contratación siguiera adelante antes de analizar el
fondo del recurso presentado por ambas asociaciones contra Renfe.
Los recursos presentados tenía como argumento principal que RENFE había iniciado una licitación para la creación de una filial de autobuses cuyas condiciones excluían al 99% de las empresas de autobuses del sector (a las pymes)
