La sesión plenaria arrancará el martes 24 de febrero, a las 15:00 horas, con los debates de toma en consideración. En primer lugar, se verá la Proposición de Ley para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas. La iniciativa, del Grupo Plurinacional Sumar, tiene por objeto, entre otras medidas, impedir que las empresas que trasladen su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, adopten despidos colectivos y extinciones de contratos por las causas objetivas.
A continuación, se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. La iniciativa del Grupo Vasco (EAJ-PNV) propone, entre otras cuestiones, derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía o de su modificación.
La distribución de las preguntas incluidas en el orden del día de cada sesión plenaria se ajusta al siguiente criterio: diez formuladas por diputados del Grupo Popular en el Congreso, siete formuladas por diputados del Grupo Socialista, dos formuladas por diputados del Grupo VOX, dos formuladas por diputados del Grupo Plurinacional SUMAR y una pregunta para cada uno de los grupos Republicano, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
La segunda iniciativa recoge medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativa a recursos del sistema de financiación territorial, que, entre otras cuestiones, extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos, y, en consonancia, la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario.
El tercero incluye la revalorización de las pensiones y medidas urgentes en materia de seguridad social, que contempla la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026 en un 2,7 por ciento.
Y el cuatro contiene medidas para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La iniciativa plantea modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de incorporar un límite máximo de precios a determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia de carácter extraordinario.
Por último, el Pleno de la Cámara verá el dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de los diputados y diputadas.
