El pasado 29 de diciembre de 2025 la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio cuenta en su web que había aprobado
una nueva propuesta de metodología para calcular el coste neto del Servicio
Postal Universal (SPU) que es más eficiente y razonable desde el punto de vista
económico (STP/DTSP/077/25).
Y decía que “El SPU garantiza la prestación de
determinados servicios postales (envíos nacionales y transfronterizos,
ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kg de peso,
y de paquetes postales hasta 20 kg) de calidad y a precios asequibles en todo
el territorio nacional.
Correos es el operador designado para prestar estos
servicios, y recibe una compensación por ello. La CNMC es la encargada de la
supervisión del sector postal, incluida la verificación de esa compensación a
Correos, de acuerdo con la Ley Postal.
La metodología para su cálculo debía incluirse en el
Plan de prestación del SPU, que se aprobó por el Consejo de Ministros en 2021.
Problemas de la metodología actual
La CNMC ha señalado en varios informes y resoluciones
los problemas de los que adolece esta metodología (INF/DTSP/056/20 y
INF/DTSP/401/23) y ha instado a la aprobación de una nueva metodología para su
aplicación a partir del ejercicio 2021. Uno de los problemas es que no puede
aplicarse más allá del ejercicio 2020, ya que algunos de sus parámetros solo
pueden utilizarse en el periodo 2011 a 2020 (SU/DTSP/012/25). El cálculo del
coste neto La nueva metodología propuesta se basa en los principios de
eficiencia y razonabilidad económica, y en la experiencia de la CNMC en la
verificación del coste neto del SPU del periodo 2011 a 2020 (resoluciones).
Además, incorpora las mejores prácticas europeas.
Presenta un enfoque PC (Profitability Cost), y plantea
el cálculo del coste neto del SPU como la diferencia entre los costes
incurridos en el escenario base del operador designado (la situación actual,
con obligaciones de servicio público) y el escenario contrafactual (uno
hipotético, sin obligaciones de servicio público), donde el operador aplicaría
de manera progresiva decisiones racionales para convertir en rentables las
oficinas no rentables.
Otros
parámetros
Además, tiene
en cuenta el valor de las ventajas inmateriales, como la reputación e imagen de
marca y la mejora publicitaria, con las que cuenta Correos por ser el operador
designado para prestar el SPU. También, el derecho a percibir un beneficio
razonable, calculado como un coste medio ponderado del capital, y un incentivo
a la eficiencia.
Una de las principales ventajas operativas de la
metodología propuesta es que puede aplicarse desde el ejercicio 2021, y también
más allá de 2025, cuando se aplicará la reforma de la Ley Postal, por la cual el
SPU se divide en dos, según se realice en el ámbito urbano o en el ámbito rural
(PRO/CNMC/001/25). La actualización de
los parámetros de la metodología es automática, y los datos que se requieren
para el cálculo emanan, fundamentalmente, de la contabilidad analítica de
Correos”.
Recordemos que en julio de 2025 la Ley Postal fue modificada, incluyendo novedades,
entre otras cosas, en la definición del (nuevo) SPU, que comprende ahora
solamente la prestación de estos servicios en el ámbito urbano, habiéndose
desgajado de él la prestación de servicios en el ámbito rural, para formar
parte de un nuevo servicio de interés económico general bajo la supervisión de
la IGAE, y una serie de ajustes en la metodología de cálculo del coste neto del
servicio postal universal.
Esteremos pendientes para ver los efectos de la aplicación de la nueva metodología, que según afirma la CNMC permite separar los servicios postales urbanos (el nuevo SPU) de los rurales (el nuevo SIEG de comunicaciones postales en el ámbito rural), cuyos costes se valorarán por separado, por supervisores distintos
