Esta tarde ha sido aprobada en el Pleno del Congreso una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para recuperar la calidad y la confianza en el tren en España.
Va precedida de esta Exposición de
motivos:
"El compromiso de puntualidad de Renfe fue
durante años un símbolo de excelencia: devoluciones por retrasos de 15 o 30
minutos que situaban a nuestro país a la vanguardia del transporte ferroviario
europeo. No era un regalo, era un derecho ciudadano, era la justa compensación
por la prestación inadecuada de un servicio.
Ese derecho fue eliminado en julio de 2024 por
decisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo un único argumento:
ahorrar dinero. La propia Renfe reconoció que en 2023 destinó alrededor de 42
millones de euros a indemnizaciones por retrasos, y que con el nuevo sistema
buscaba reducir esa cifra.
El Gobierno, en lugar de combatir
los retrasos y desplegar las políticas que permitan situar los retrasos en
márgenes razonables, decidió hacer caja a costa de los usuarios.
Todo ello se produjo en un
contexto de deterioro progresivo: Renfe ha pasado de tener en 2022 el 84% de
puntualidad en los trenes de Larga Distancia y Alta velocidad, a un 63% de
puntualidad este verano de 2025. Los datos confirman la tendencia: más incidencias,
más retrasos y más caos ferroviario. El Gobierno lo sabía, lo negó y, antes de
que estallara la evidencia del colapso, tomó medidas para blindar sus cuentas.
Resultado: el Estado gana, los
ciudadanos pierden. Este caso es el reflejo de un patrón: cada medida del
Gobierno de Sánchez supone más gasto para los ciudadanos y menos derechos a
cambio; más impuestos menos calidad de los servicios públicos. En el ferrocarril,
los usuarios sufren más retrasos y reciben menos compensaciones. Se ha pasado
de un modelo que premiaba la excelencia a un sistema que penaliza al viajero
por la incompetencia de quienes deberían gestionar con responsabilidad.
Restablecer el compromiso de
puntualidad previo a julio de 2024 no es una cuestión contable, sino una
exigencia democrática: devolver a los españoles un derecho perdido y obligar al
Gobierno a afrontar su incapacidad de gestión en lugar de esconderla detrás de
recortes”
Y en base a lo anterior el Grupo
Parlamentario Popular presentó la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno de España a recuperar de forma inmediata los compromisos de
puntualidad y devoluciones de Renfe en los servicios de alta velocidad y larga
distancia, garantizando a los españoles de nuevo las indemnizaciones a 15 y 30
minutos de retraso, del 50% y el 100% del importe, respectivamente.»