Desde el año 2009, la Xunta de Galicia ha defendido la transferencia de la AP-9 a la Comunidad Autónoma por considerarlo beneficioso para la ciudadanía y viable desde el punto de vista jurídico.
Se trata de la principal arteria de comunicación de Galicia, vertebra el territorio en el que reside más del 60% da la población y sobre ella pivota la red viaria de altas prestaciones de la Comunidad.
Que la Comunidad Autónoma asuma la titularidad de la AP-9 permite una gestión más cercana al territorio, y una respuesta más ágil y acertada a las necesidades de los usuarios y del territorio.
El Parlamento de Galicia ha votado por unanimidad hasta 4 ocasiones que se transfiera la titularidad de la Autopista.
BOICOT DEL PSOE EN LA XIV LEGISLATURA
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con sus Grupos Parlamentarios boicotearon en la pasada legislatura a tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a Galicia”. El inicio de la tramitación de esta proposición en la Cámara Baja fecha de diciembre de 2019, aunque no fue hasta EL 2 febrero de 2021 cuando se aprobó –con una amplia mayoría de 287 diputados– su toma en consideración y se encomendó el Dictamen sobre a misma a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
A partir de este momento, la iniciativa legislativa llegó a acumular hasta 15 prórrogas “acordadas sistemáticamente por los representantes en la Mesa de PSOE y Podemos-Galicia en Común”. Finalmente, el 21 de septiembre de 2021 se constituyó a Ponencia, pero no volvió a convocarse una reunión de la misma hasta el 15 de marzo de 2023, ante la posición contraria de la mayoría gubernamental; en esa reunión de la Ponencia acordaron volver a reunirse una vez pasada la Semana Santa.
El 10 de mayo de 2023 se reunió en el Congreso de los Diputados a ponencia encargada de debatir la Proposición de Ley Orgánica en la Cámara Baja. En esa reunión el PSOE bloqueó que se aprobara el informe de la ponencia encargada de debatir la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a Galicia.
El texto propuesto por los ponentes populares, era “literalmente idéntico” a lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Galicia, donde sí contó con el voto de los socialistas. Los socialistas mantuvieron su postura de desactivar la transferencia de la titularidad y de las competencias y limitarla la una “transferencia de competencias sobre la administración y la explotación”. Es decir, que la titularidad de la AP-9 quede en manos de la Administración General del Estado, como hasta ahora.
El compromiso de respetar la literalidad de la PLO del Parlamento de Galicia —y de abordar en fases posteriores de la tramitación los imprescindibles aspectos materiales y presupuestarios— tenía como objetivo agilizar la aprobación de la transferencia.
PERSISTE EL BOICOT DE PEDRO SÁNCHEZ EN LA XV LEGISLATURA
Como consecuencia de la convocatoria electoral del 23 de julio de 2023 y la disolución de las Cortes, el 12 de septiembre de 2023, a iniciativa del grupo parlamentario que sustenta el Gobierno de la Xunta de Galicia, se debatió y se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Galicia una nueva Proposición de Ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia.
En esta XV Legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 11 de junio de 2024 tomó en consideración la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista de él Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia, presentada por el Parlamento de Galicia, publicada en él «BOCG. Congreso de los Diputados» de 19 de enero de 2024. Obtuvo 342; a favor, 309 y tuvo en contra, 33.
Tomada en consideración la citada Proposición de Ley Orgánica, la Mesa de lana Cámara, en su reunión de él día 18 de junio, acordó encomendar Dictamen sobre la misma la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, así como, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.1 y 126.5 de él Reglamento, disponer su tramitación por él procedimiento de urgencia y abrir un plazo de ocho días hábiles que expiró el día 2 de septiembre de 2024, en él que los Diputados y los Grupos Parlamentarios pudieran presentar enmiendas.
Este plazo ha sido ampliado hasta 34 veces, y mañana si no hay novedad será la prórroga número 35 que sumada a las 15 de la Legislatura anterior haría un total de 50 prórrogas desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
¿QUÉ ES LO QUE DEMANDAMOS?
Reclamamos que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la autopista del Atlántico (AP-9).
Es decir la titularidad y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista del Atlántico (AP-9), adjudicada mediante Decreto 1955/1973, de 17 de agosto, así como las funciones y los servicios hasta ahora ejercidos por la Administración general del Estado en relación con dicha concesión.
3. En virtud de lo dispuesto en la presente ley orgánica, una vez realizado el traspaso de servicios correspondientes, la Comunidad Autónoma de Galicia asumirá las siguientes funciones en relación con la concesión de la autopista del Atlántico (AP-9):
§ a) La autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.
§ b) La supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, con arreglo a la normativa general de carreteras y los pliegos que rigen la concesión.
§ c) La potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la autopista.
§ d) Las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, singularmente en lo que incumbe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, tanto la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria a fin de incentivar su uso como la aprobación normativa de los obligatorios a instancia del órgano competente en materia de carreteras de la Comunidad Autónoma para colectivos específicos por motivos económicos o humanitarios.
§ e) La redacción y aprobación de convenios, o adendas a los actuales, para contemplar nuevas condiciones relativas al régimen de la concesión, así como ampliaciones o reducciones de la actual.
Disposición adicional tercera. La Administración general del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las cuales se acordó la ampliación del periodo concesional.
Se solicita que el Ministerio facilite la transferencia de la titularidad de la AP-9, que debe venir acompañada de la dotación económica y técnica necesaria. La aplicación de las bonificaciones y el pago de las mismas por el Estado no impide jurídicamente el cambio de titularidad.
