• El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, José Vicente Marí, criticó que con esta normativa el Ejecutivo va a acabar lastrando la competitividad y la capacidad de generar riqueza del sector turístico español.
• “Les falta colaboración público-privada para no meter la pata”, afirmó al tiempo que pidió al Gobierno, en concreto al ministro Marlaska, que se siente en la mesa con los operadores para ver de qué manera se pueden compatibilizar las necesidades de protección con la competitividad.
• Señaló que la industria ha advertido al Ejecutivo que el Real Decreto 933/2021 “es una barbaridad” y apunta a que el reto no es más burocracia y menos privacidad, sino seguir escuchándolos “para mantener la seguridad como uno de los factores que nos hace ser más competitivos”
• Aseguró que los requerimientos de registro e información planteados “son absolutamente desproporcionados y se traducirán en una desventaja competitiva frente al resto de los países de nuestro entorno”
• Denunció que esta normativa, que entrará en vigor el 2 de diciembre, tendrá un impacto negativo en la actividad diaria de miles de pequeños negocios ya que vulnerará la normativa europea y generará una carga administrativa desproporcionada.
• Puso en valor el trabajo llevado a cabo por las entidades y operadores turísticos a los que responsabiliza de que “seamos una potencia mundial y que muchos países y empresas de todo el mundo se fijen en su trabajo”
• Recordó que España ocupa el tercer lugar en el índice de desarrollo de viajes y turismo según el World Economic Forum y sostuvo que para mejorar esta posición es fundamental “modernizar nuestros destinos, implementar políticas que aumenten la disponibilidad de mano de obra y posicionarnos como un referente en medioambiental.
