CONCLUSIONES DE LA XXVI INTERPARLAMENTARIA POPULAR
Entre el 20 y el 21 de enero de 2024, el Partido Popular se han celebrado en Ourense las primeras jornadas de la XXVI Interparlamentaria bajo el lema “Cumplir con la palabra”: La premisa de nuestra forma de hacer política y de responder a lo que la sociedad necesita y espera de nosotros desde la responsabilidad y la coherencia con los valores que defendemos, entre ellos, el principio de igualdad entre todos los españoles.
Durante estas jornadas, han participado 42 ponentes y se han celebrado 4 mesas de trabajo, además de una mesa de los portavoces de las diferentes cámaras: Senado, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo. Además, y con el fin de que la 26 Interparlamentaria recogiera también las singularidades de la comunidad autónoma en la que nos congregamos, se contó con la presencia de diputados autonómicos, senadores y conselleiros gallegos.
Por ello, cada una de las mesas ha sido moderada por un representante institucional gallego; ha estado coordinada por cada vicesecretario de área; todas las comunidades autónomas han tenido voz a través de sus diputados autonómicos y también han intervenido como ponentes diputados nacionales, senadores y europarlamentarios. El objetivo ha sido garantizar la representatividad y la exposición de las propuestas de todos los territorios de España y destacar el sello distintivo de Galicia. Tras la celebración de estas mesas, y de acuerdo con los debates que en el seno de las mismas han tenido lugar, se recogen a continuación los ejes sobre los que el Partido Popular se compromete a seguir avanzando.
SOLIDARIDAD INTERREGIONAL COMO GARANTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.
En el Partido Popular no vamos a cejar en la defensa de la igualdad como pilar de nuestra acción política. La Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado, por lo que debemos impulsar la vertebración territorial de España y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, cuenten con el acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo profesional y de un proyecto de vida. Por ello, defendemos el reforzamiento de mecanismos de solidaridad que permitan paliar las diferentes necesidades de financiación entre las regiones de España. Un modelo que no se construyó contra nadie, ni a costa de otros, y que hemos conquistado gracias al esfuerzo de todos los españoles.
Esta igualdad y esta solidaridad entre territorios se quiebra cuando se rompe el marco constitucional y cuando se aprueban privilegios en favor de unos pocos y en detrimento del resto de CCAA. No son admisibles más negociaciones bilaterales que anteponen intereses partidistas a los de todos los españoles, como está sucediendo con los acuerdos del actual gobierno con los partidos que abogan por la independencia de Cataluña.
El gobierno de España debe centrarse en resolver los problemas reales de los españoles y en afrontar los retos que nuestra sociedad tiene por delante garantizando un Estado del Bienestar de calidad. Entre otros, nuestro país se enfrenta actualmente a un reto demográfico significativo que plantea amenazas a diversos aspectos de la sociedad, la economía y los servicios públicos. Es esencial abordar este problema de manera integral para preservar la estabilidad y el progreso.
En este contexto, la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar y la calidad de vida se convierten en pilares fundamentales. Garantizar que las futuras generaciones disfruten de los mismos estándares y beneficios requiere políticas que fomenten el crecimiento poblacional y al mismo tiempo respalden la equidad social. En este proceso, insistimos en que hay que poner un énfasis especial en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Las características que definen la población en nuestro país no pueden traducirse en la disminución de servicios y oportunidades.
NUESTRAS PROPUESTAS:
● La convocatoria de una Conferencia de Presidentes para decidir entre todos el futuro de España y el modelo de convivencia. Ni los golpistas, ni los prófugos, pueden decidir sobre nuestro país. Las decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas deben ser adoptadas con la participación de los gobiernos de todas las comunidades autónomas. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular ya han solicitado por escrito la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, superando los 10 exigidos por el artículo 4.2 su reglamento.
● El Partido Popular se compromete con la defensa de la capacidad redistributiva del Estado, tanto la personal como la territorial.
● Exigimos que cualquier acuerdo de gobierno que afecte al sistema de financiación autonómica, o condicione la capacidad financiera de la administración general del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, sea exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política fiscal y financiera y nunca de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma o de un acuerdo parlamentario entre partidos. Es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, en paralelo al de financiación local, que garantice la prestación de servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales de calidad. La igualdad y la solidaridad entre territorios tiene que ser el eje vertebrador de este sistema.
● La ruptura de la caja común de la Seguridad Social y el establecimiento de privilegios a unos territorios frente a otros, pone en riesgo nuestros actuales servicios públicos e incluso las inversiones en infraestructuras básicas de transporte.
● Defendemos un autonomismo útil y leal, como ya lo hacemos en las CCAA en las que gobernamos.
● Desde nuestros gobiernos autonómicos reforzaremos la colaboración y coordinación entre regiones para mejorar la calidad de los servicios públicos y la defensa de los intereses de los ciudadanos.
● Impulsaremos la actividad de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de fomentar en la misma el debate sectorial entre comunidades autónomas sobre cuestiones de su ámbito competencial, orientado a favorecer la cooperación institucional entre las mismas que redunde en la mejora de la calidad de los servicios que prestan los ciudadanos.
● Desde el Partido Popular exigimos un reparto más equilibrado de los objetivos de déficit, llegando las comunidades autónomas al menos al 0,3 por ciento de déficit para 2024.
● El Gobierno tiene que saldar de una vez por todas sus deudas con los ayuntamientos. Se ha producido un primer pago a los ayuntamientos de 434 millones de euros por el mantenimiento al cien por cien de los servicios de transporte urbano pese a las restricciones del Covid relativas al año 2020. Sin embargo, el Gobierno aún adeuda a los ayuntamientos los pagos de los años 2021 y 2022.
● Pedro Sánchez anunció durante el debate de su investidura la gratuidad del transporte urbano para jóvenes y desempleados. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha concretado esta medida ni ha aclarado a los ayuntamientos a través de qué vía les compensará por este servicio que es fundamentalmente de competencia municipal. Los ayuntamientos, por tanto, no pueden seguir siendo una caja registradora con la que se financia el gobierno.
● Promoveremos políticas inclusivas que garanticen un acceso equitativo a la educación, la salud y las oportunidades laborales también en la España despoblada: ○ Defensa de un Plan de Apoyo a la España despoblada. ○ Creación de un Foro permanente para coordinar políticas rurales. ○ Impulso de una Ley de Desarrollo Rural para todo el territorio nacional. ○ Seguir avanzando en medidas que garanticen la conciliación familiar.
● Reducción drástica de gasto improductivo. Actualmente, el coste derivado de una administración mastodóntica, con 22 ministerios y cientos de asesores, y miles de millones en gastos superfluos hubiera permitido que esa cifra se utilizase para políticas activas de empleo, ayudas a los más necesitados o proyectos de inversión sostenible.
● Es imprescindible mantener un acceso a la Función Pública transparente con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, como garantía de independencia y calidad en la prestación de los servicios públicos, considerando al capital humano como una pieza fundamental, abogando por su motivación, formación y adecuada retribución económica.
○ Previsión con antelación suficiente de las necesidades futuras, con estimación de las jubilaciones, evolución de la población y demás factores, que permita anticipar suficientemente tanto la formación como la selección.
○ Mayor regulación de la figura de la permuta de puesto que permita movilidad entre diferentes Comunidades Autónomas y resto de Administraciones Públicas. ○ Incentivos a nivel de carrera profesional para fomentar cubrir puestos en zonas en las que existe una elevada vacancia. Elaboración previa de un catálogo de dichos puestos.
● La igualdad entre territorios también es fundamental para garantizar el acceso equitativo a servicios públicos de calidad, especialmente en los ámbitos de la sanidad y la educación. Este principio asegura que todos los ciudadanos independientemente de su ubicación geográfica, tengan la misma oportunidad de beneficiarse de un sistema de salud eficiente y de una educación sólida. Por ello, seguiremos reclamando al gobierno que dé solución al déficit de especialistas en medicina familiar aplicando un Plan de Choque para la Atención Primaria, entre otros.
