Pues bien, la disolución anticipada de las Cortes Generales impide que esta norma sea aprobada en esta legislatura.
El texto aprobado hace pocos días por el Pleno coincidía con el dictamen que emitió la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tuve el honor de presidir.
La iniciativa pretendía "reforzar los instrumentos de defensa de los
clientes mediante el establecimiento de un mecanismo efectivo y ágil de
resolución alternativa de litigios entre los clientes y las entidades
financieras". Se trataba de la "creación de una única autoridad que
goce de autonomía e independencia y cuyas resoluciones se dicten con celeridad,
atendiendo a criterios uniformes".
Buscaba "adecuar el ámbito de protección a los nuevos servicios y
productos que se están desarrollando en el ámbito financiero" y extiende
su tutela a los usuarios de las entidades y operadores del sector Fintech y a
la prestación de servicios de criptoactivos. También abogaba por fomentar la
educación financiera de la clientela, en especial "en materia de ahorro,
inversión, préstamo y crédito y gestión de deudas y aseguramiento".
