lunes, 20 de febrero de 2023

Recibiendo informacion sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

Asisto desde hoy a las comparecencias de expertos en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para informar sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

En concreto, escuchamos al presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Irún, José Antonio Santano; a Francisco Javier Carbajo de la Fuente y a Alberto Dorrego de Carlos, en representación de la Fundación Corell; a Arancha García Hermo, directora del Área de Industria y Medio Ambiente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC); a Alberto Álvarez Vega, coordinador y portavoz de Taxi Project 2.0: y Joan Serra i Muset, director general de la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. 





Objeto y finalidad de la ley de Movilidad Sostenible 


El artículo 1 de ese texto se señala que:


1. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas, así como las entidades públicas o privadas puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire.


2. En particular esta ley pretende:


a) Establecer los principios generales que permitan el desarrollo de un sistema integrado de movilidad para todos los ciudadanos y las ciudadanas, seguro, sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado, a un coste razonable para el usuario y el conjunto de la sociedad.


b) Facilitar la existencia de un sistema de transportes multimodal de mercancías y logística eficiente, sostenible y resiliente.


c) Dotar a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para la implantación y desarrollo de este sistema integrado de movilidad.


d) Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y transparencia en el diseño y gestión de las políticas públicas de infraestructuras, transporte y movilidad.

e) Establecer un modelo de participación de la Administración General del Estado en la financiación del transporte urbano que se rija por los principios de igualdad, estabilidad, certidumbre y proporcionalidad.