Gamarra a los socialistas: “Si tuvieran un poco de vergüenza y si fueran valientes pondrían de nuevo las urnas para que hablen los españoles, los primeros, sus votantes”

Hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados debatimos  la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. 

Por su carácter orgánico, esta iniciativa requería ser aprobada por mayoría absoluta en una votación final de conjunto. Fue aprobada con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención Alcanzada dicha mayoría, el texto se remite al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.

La iniciativa, presentada por los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, propone modificar el Código Penal en los capítulos referentes a las estafas, la administración desleal, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, delito de sedición y en materia de desórdenes públicos, entre otros asuntos. 

También se incluye como delito contra la integridad moral a quienes oculten el paradero del cadáver de una persona, y se introduce cambios en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, en lo relativo a las armas de doble uso.

Asimismo, se suprime el Capítulo I del Título XXII del Código Penal, referente al delito de sedición y se modifica el Capítulo III, relativo a los desórdenes públicos. En este sentido, introduce como actos castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación" sobre las personas o las cosas, obstaculicen las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadan instalaciones o edificios.

Durante su trámite en ponencia, la proposición de ley orgánica fue modificada con la incorporación de enmiendas y correcciones técnicas al texto. 

Entre las modificaciones se incluye la reforma del artículo 311 del Código Penal para añadir un nuevo párrafo que sanciona a quienes impongan condiciones ilegales a las personas trabajadoras mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa. Además, se introduce "por primera vez en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito", una figura para la lucha contra la corrupción.

También se reforma la Ley del Poder Judicial para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre los días 24 de diciembre y 6 de enero de cada año judicial. Según el informe de la ponencia, "esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este período". 

Asimismo, la proposición de ley dictaminada hoy modifica también la Ley del Poder Judicial en lo que respecta a la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. En concreto, se reforma el artículo 599.1.1ª donde se especifica que "la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". Si la propuesta de los dos magistrados o magistradas no se realizará en el citado plazo, quien ostente la presidencia del Consejo adoptará, el día siguiente al del vencimiento del plazo de los tres meses, un acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos magistrados. 

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el sentido de suprimir la letra g) del apartado uno del artículo segundo, la letra i) del apartado 1 del artículo diez y se añade un tercer párrafo al apartado uno del artículo 16 con el siguiente tenor: "los magistrados o magistradas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.3 de la Constitución. Si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados o magistradas designados por el órgano que ha cumplido en tiempo su deber constitucional".  

La posición del Partido Popular

Esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra se dirigió a los socialistas diciendo: “Si tuvieran un poco de vergüenza y si fueran valientes pondrían de nuevo las urnas para que hablen los españoles, los primeros, sus votantes”

• “¿En qué página del programa electoral con el que Sánchez se presentó a las elecciones aparece que van a derogar el delito de sedición y que van a abaratar el delito de malversación? Esto es un fraude a sus propios electores”, resaltó la portavoz del GPP y secretaria general del PP.

• Preguntó a Sánchez, que lleva días presumiendo de valentía, “¿dónde está, que no está presente en el Congreso durante este debate?”. “Eso se llama cobardía”, sentenció Gamarra, a la vez que invitó al Gobierno a que, si quiere reformar la ley del TC y del Poder Judicial lo haga con garantías; como proyecto de ley, con todos los informes que lo avalen y con un debate de verdad.

• Subrayó que lo que está defendiendo el PP es “el normal funcionamiento del Congreso y los derechos políticos fundamentales de todos los diputados, que en una democracia se respetan y se garantizan”

• “Nadie decide cuáles son los derechos fundamentales ni su envergadura, para eso existe un Estado de derecho al que hemos recurrido”, señaló Gamarra, quien apuntó a que “será el propio Estado de derecho quien los garantice”

• Afirmó que tanto se ha mimetizado el Ejecutivo con quienes dieron un golpe a la democracia “que han llegado a creerse que la democracia es solo para ustedes o, mejor dicho, que la democracia son ustedes”. “Ha llegado a tal punto que consideran honorables demócratas a los que dieron un golpe a la democracia en 2017, pero no lo son, aunque les dejen su hoja de delitos en blanco”, sostuvo.

• Aseguró que lo que se vota hoy significa “dar un nuevo paso en la demolición del Estado de derecho”.

• Remarcó que la iniciativa del PSOE y Podemos supone que “haya políticos que legislan para que otros políticos estén por encima de la ley; y eso este país no se lo merece”. En este sentido, remarcó que “se rompe la igualdad de los españoles ante la ley y la primacía de la ley ante los poderes públicos”

• Incidió en que derogar el delito de sedición es el “ejemplo de libro de legislar y hacer un Código Penal para personas con nombres y apellidos”. De igual modo, explicó que la reforma de la malversación provocará que la condena “salga más barata” a los políticos que roban, algo de lo que también se beneficiarán muchos que han sido procesados por este delito o que están pendientes de ello: “No mientan a los españoles, porque 12 años de cárcel son más que cuatro”

• Preguntó al Gobierno si puede garantizar que estas reformas no van a afectar a más delincuentes, “como los que están saliendo a la calle por cometer delitos sexuales gracias a las malas leyes que salen de esta Cámara”

• “El drama para los españoles es que esto no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas, que son los que se frotan las manos y aplauden ante esta deriva irresponsable del PSOE. Nunca pensaron que pudieran conseguir de una manera tan fácil y rápida aquello contra lo que el Estado de derecho ha estado luchando”, precisó.

• Dijo que los socios del Gobierno “lo volverán a hacer”, al tiempo que lamentó que, cuando esto ocurra, “los demócratas no estarán unidos porque los socialistas ya están al otro lado”.

• “Afortunadamente el desenlace será positivo porque hay alternativa que está en el PP y en Alberto Núñez Feijóo. Nunca fue tan necesario que todos pudiéramos decidir”, concluyó.