Las propuestas de resolución se votarán individualmente con las enmiendas que, en su caso, se acepten del autor de la resolución y quedarán aprobadas las que tengan más votos a favor que en contra.
El GPP ha registrado ayer 15 Propuestas de Resolución en el debate del Estado de la Nación, que constituyen algunas de sus principales alternativas en las áreas económica, social e institucional para sacar a España de las crisis que atraviesa e iniciar un rumbo de estabilidad, crecimiento y creación de empleo que beneficie al conjunto de la sociedad.
ÁREA ECONÓMICA
En el área económica se han presentado siete propuestas de resolución, una de las cuales se centra en medidas para aliviar los efectos de la inflación en las familias, de manera que se deflactaría la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, para favorecer específicamente a las rentas más bajas y medias, con ajuste de las retenciones para que el efecto sea inmediato. Además, se establecería un nuevo mínimo personal y familiar, específico y temporal, que decrezca conforme aumenten las rentas del ciudadano.
Otra iniciativa es sobre el sector energético, que en el ámbito de la fiscalidad incluye aplicar el tipo del 5% del IVA a todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica y de gas efectuadas a favor de titulares de contratos de suministro de esas dos energías, cualquiera que sea su potencia o caudal contratado o el tipo de contrato. Además, se pide solicitar a la UE la autorización para suspender los tipos mínimos del Impuesto de Hidrocarburos de manera temporal mientras persista la excepcional situación de precios de los carburantes. En favor de los consumidores se insta a extender en el tiempo la reducción del Impuesto Especial de Electricidad del 5,11% al mínimo legal del 0,5% mientras persista la emergencia energética y su proyección inflacionista en España.
También se reclama la suspensión definitiva del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%.
En el mismo área, se insta al Gobierno mediante otra propuesta a aprobar en menos de tres meses una Ley contra la ocupación ilegal con 24 horas máximo para el desalojo de los okupas, estableciendo a su vez medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. Este apartado se completa con propuestas de resolución relativas a asegurar la competitividad de la economía y a la mejora y eficiencia en la gestión y ejecución de los Fondos europeos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia; mantenimiento de la Caja única de la Seguridad Social; sistema de pensiones suficiente, sostenible y sólido; reconocimiento del valor estratégico del sector primario y el mundo rural para la economía española; considerar la política del agua como política de Estado; lucha contra el reto demográfico; y planes eficaces para la vertebración del territorio mediante el transporte público.
ÁREA INSTITUCIONAL
En el área institucional se presentan cuatro propuestas de resolución, una de ellas para defender la Constitución y el Estado de las Autonomías, y para promover la defensa de la Transición como concordia entre españoles y superación de la dictadura franquista. Se completa instando al Gobierno a intensificar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético de nuestro sistema democrático, adaptando la legislación a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes de ETA.
Se propone además una batería de peticiones para garantizar la independencia y neutralidad de nuestras instituciones que empezaría por “cesar de manera inmediata el acoso e intervencionismo hacia las instituciones”. También se presenta una resolución en materia de seguridad para mejorar las condiciones retributivas de las FyCSE, la política de inmigración y reforzar los medios en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla; y otra en materia de Política Exterior y Defensa, que incluye al apoyo en todas sus dimensiones del nuevo concepto estratégico aprobado en la reciente Cumbre de la OTAN, apoyando además la relación con EE.UU. y la ampliación del contingente solicitado para la base de Rota. Se completa con la mejora de las condiciones laborales de todo el personal profesional de las Fuerzas Armadas.
ÁREA SOCIAL
Finalmente, en el área social hay cuatro propuestas de resolución, una en materia de discapacidad, en la que se insta al Gobierno a, tras una reunión este mismo mes de julio con las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria y con los representantes de las personas con discapacidad, consensuar un texto de reforma solo del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad. Otra iniciativa contiene una batería de medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la que afecta a la infancia, mientras que otra afecta a la sanidad para su mejora, que incluye la garantía de que el sistema de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ocurrió en la convocatoria de este año.
Finalmente, está la propuesta de resolución en materia de Educación, que entre otras medidas propone un gran acuerdo con el fin de lograr que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Incluye garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; la implantación de una prueba EBAU única en todo el territorio; que las CC.AA con lengua cooficial garanticen la utilización de ambas lenguas como vehiculares bajo un principio de equilibrio; gratuidad de 0-3 años del primer ciclo de educación infantil, y la aprobación de una Ley de ordenación de la profesión docente similar al consolidado en el sector sanitario.
