Por una parte, el Pleno debatirá, en la sesión del jueves 17 de marzo, las enmiendas del Senado a la Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
La iniciativa reforma la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación del entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
En la misma sesión, la Cámara debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
El objetivo principal de esta iniciativa gubernamental es "reequilibrar las asimetrías existentes actualmente entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, mejorar su posición y competitividad y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores".
Asimismo, el Real Decreto-ley transpone la Directiva europea de trabajadores desplazados incluida en el Paquete de Movilidad, que, de acuerdo con el texto, "resulta clave en la lucha contra la competencia desleal de empresas extranjeras y para combatir el fraude en los desplazamientos de trabajadores entre Estados de la Unión Europea".
También se debatirá el jueves la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Republicano al Proyecto de Ley del Deporte, porque, explica el grupo, "no solo adolece de invasiones competenciales palmarias, sino que limita la capacidad de desarrollo competencial pleno de las Comunidades Autónomas en el ámbito del deporte".
El proyecto de ley presentado por el Gobierno y que se somete a su primer examen parlamentario tiene por objeto actualizar la vigente ley de 1990 y adaptar el marco jurídico del deporte a un entorno mucho más complejo, desarrollado y profesionalizado que el de hace tres décadas.
La iniciativa reconoce expresamente el derecho a la actividad física y al deporte como actividades esenciales; promueve la igualdad y la inclusión en todos los niveles; dota de seguridad y estabilidad a las distintas figuras de personas deportistas; actualiza el modelo de las diferentes entidades; y unifica las funciones públicas y privadas de las organizaciones deportivas, regulando, entre ellas, las competencias del propio Consejo Superior de Deportes.
Modificación del Código Penal y pensión de jubilación parcial
En la sesión del martes, 15 de marzo, el Pleno debatirá la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley: la primera presentada por el Grupo Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica), y la segunda, iniciativa del Grupo Socialista, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial.
La proposición de ley del Grupo Mixto plantea incluir un artículo 2 bis al Código Penal con la siguiente redacción: "Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados en los capítulos II, II bis, III y IV, del Título XXIV del Libro II de este Código Penal".
Este artículo, explican en la exposición de motivos, tiene por objeto "reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
La iniciativa del grupo Socialista propone una modificación de la Ley General de la Seguridad Social con objeto de "otorgar al tiempo de prestación del servicio social femenino los mismos efectos en el acceso a la jubilación parcial que en el acceso a la jubilación anticipada".
La norma, explican en su exposición de motivos, se plantea para dar cumplimiento "del amplio elenco de normas nacionales e internacionales que obligan a la igualdad de trato entre mujeres y hombres, así como a la vista de la Recomendación 17 del comúnmente conocido «Pacto de Toledo», recientemente aprobada, referida a «Mujer y Seguridad Social», que conmina a la adopción de medidas estructurales para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres".
Iniciativas no legislativas y control al Gobierno
Esta semana también se debatirán, el martes, sendas proposiciones no de ley: una del Grupo Mixto, relativa a la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma y otra del Grupo Popular relativa a priorizar la reindustrialización de España. También se debatirán y votarán las mociones consecuencia de interpelación urgente que presenten por grupos parlamentarios.
El miércoles, 16 de marzo, se celebrará a partir de las 9 horas la Sesión de Control al Gobierno. Los diputados formularán las preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida para los grupos parlamentarios en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. La Sesión de Control continuará con las interpelaciones urgentes.
Esta semana la Cámara
también se pronunciará, en su caso, sobre el Dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades, así como
sobre la avocación a pleno de una iniciativa legislativa: el Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
(procedente del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero).
