El
Grupo Popular apoya al estratégico sector alimentario de nuestra economía, que ve en riesgo
su sostenibilidad por el constante incremento de costes de los producción y las
consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania.
Por ello, el GPP presentó una Proposición no de Ley en Pleno que contempla este ambicioso paquete de medidas:
1. Flexibilizar la aplicación de la PAC para 2022,
con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del
adelanto del pago del 50 al 70% (se suelen permitir a partir del 16 de
octubre), y mayor flexibilidad en el uso de superficies de barbecho y de
interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía, con la posibilidad de
aprovechamiento de barbechos con cultivos proteaginosos.
2. Modificar la propuesta de Plan Estratégico de la
PAC de España, remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre de
2021, teniendo en cuenta las actuales circunstancias.
3. Revisar el Pacto Verde Europeo y diferentes
estrategias, como la “Estrategia de la Granja a la Mesa” y la “Estrategia de
la UE sobre Biodiversidad para 2030”, de tal manera que de su aplicación no se
derive una pérdida del potencial productivo del sector agroalimentario, ni se
ponga en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país.
4. Solicitar a la Comisión la activación de la
Reserva de Crisis, diseñada para apoyar al sector cuando afecta a la
producción y poder financiar medias excepcionales.
5. Ayudar en la búsqueda de nuevos mercados para
garantizar el suministro de alimentos que dejaremos de recibir de los países
en guerra y buscar nuevos destinos para la exportación de los productos
alimentarios, de aquellos sectores que puedan verse afectados por las posibles
restricciones al comercio.
6. Proceder a la regulación de los contratos de
energía para regadíos, para poder contratar diferentes potencias (por lo menos
dos) a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el
riego, tal y como está regulado por ley por el PP desde 2018.
7. Poner en marcha las bonificaciones, de hasta un
35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes,
respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo por los
operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de la Cadena
Agroalimentaria.
