La Sesión de Control continuará con tres interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Plural, "sobre la situación insostenible en la que se encuentra el servicio de cercanías de Renfe en el territorio valenciano". En segundo lugar, la interpelación urgente del Grupo Popular, "para que el Gobierno explique cómo se han visto afectadas las principales variables incluidas en el cuadro macroeconómico por los últimos datos conocidos, así como las medidas que piensa adoptar para compensar su efecto en nuestra economía".
Por último, la formulada por el grupo parlamentario Vox, "sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el Presidente del Gobierno".
La jornada del miércoles finalizará con el debate de cuatro mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera, impulsada por Nueva Canarias, formación integrada en el Grupo Mixto, "sobre las medidas previstas para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos". La segunda, presentada por el Grupo Popular, "sobre la propuesta realizada por el Gobierno de eliminar la prestación extraordinaria para autónomos con bajos ingresos por cese de actividad". A continuación, se debatirán las mociones propuestas por el Grupo Vox, relativa a "las medidas que va a adoptar el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad en la política exterior" y "sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña".
Pobreza energética y ERTES
La sesión del jueves, 14 de octubre, arrancará con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre de 2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. El texto crea un suministro mínimo vital para proteger a los consumidores en situación de pobreza energética. "Se establece -indica el texto- una potencia límite que garantiza unas condiciones mínimas de confort", que no podrá ser superada durante seis meses en los que el suministro no podrá ser interrumpido.
La iniciativa establece mecanismos para fomentar la contratación a plazo de energía eléctrica mientras el grado de competencia y liquidez en los mercados a plazo así lo precise. Estos mecanismos "tomarán la forma de subastas de contratos de compra de energía a largo plazo", en las condiciones y plazos que se especifiquen en la convocatoria, para permitir "incrementar la liquidez de los mercados eléctricos".
A continuación, el Pleno decidirá sobre el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. El texto prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) vinculados a la crisis pandémica. Se deberá presentar la solicitud a la autoridad laboral que los autorizó o tramitó entre el 1 y el 15 de octubre de 2021. Además, las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria vinculadas al COVID-19, que sean adoptadas por las autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones a la actividad.
En cuanto a los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que vinieran percibiendo el 30 de septiembre alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.
Los reales decretos-leyes se someterán a votación del Pleno, que podrá convalidarlos por mayoría simple, o en caso contrario, quedarían derogados, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución y 151 del Reglamento del Congreso.
Acceso a las profesiones de abogado y procurador
También el jueves, el Pleno concluirá la tramitación del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Así, la Cámara Baja verá las enmiendas que el Senado ha aprobado a esta iniciativa y decidirá cuales quedan definitivamente incorporadas al texto. Es el último paso parlamentario, previo a que el texto se convierta en ley.
El texto se estructura a través de tres artículos que modifican cada uno una norma diferente, relativas al acceso a las profesiones de abogado y procurador, de sus sociedades profesionales y de los aranceles de derechos de los procuradores. Este proyecto de ley pretende adecuar a la legislación española la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Juzgado de Aguas de Orihuela
Asimismo, el Pleno dictaminará la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco, que fue aprobada en comisión el pasado 5 de octubre. El objetivo de esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal del Senado, es modificar la Ley del Poder Judicial para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco.
Este tribunal tradicional dirige y controla, dice la exposición de motivos, el reparto del agua y su gestión en la zona geográfica del Bajo Segura o zona administrativa de la Vega Baja. También explica que los tribunales consuetudinarios y tradicionales están reconocidos en la Constitución Española de 1978, que en su artículo 125 introduce como formas de participación en la justicia tanto el jurado como dichos tribunales.
Por su carácter orgánico, la iniciativa deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso en una votación final de conjunto, previa a su remisión al Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria.
Memoria democrática y libertad sexual
Se han presentado enmiendas a la totalidad a tres proyectos de Ley, que serán debatidas en la sesión del jueves. En concreto se han registrado una enmienda de texto alternativo al Proyecto de Ley sobre C02 no emitido; dos enmiendas de devolución, de los grupos Popular y Vox, y una de texto alternativo, del Grupo Republicano, al Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Asimismo, se debatirá la devolución propuesta por el Grupo Vox y el texto alternativo del Grupo Popular al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
El objeto del Proyecto de Ley de Memoria Democrática es la "recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España", para "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".
Además, pretende "el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual" durante el período comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
Por su parte, el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual pretende poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales. La iniciativa también tiene como objetivo el "establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, en víctimas principales de todas las formas de violencia sexual".
