La sesión plenaria comenzará el martes, 22 de junio, a las 15:00 horas, con el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción, del Grupo Parlamentario Vox. El objetivo de esta norma es establecer un marco legal de protección de los denunciantes de corrupción mediante el reconocimiento normativo de sus derechos y la correlativa obligación de las Administraciones Públicas de garantizar su efectividad, y crear una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice sus derechos y su "total indemnidad".
A continuación, se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. A través de esta iniciativa, se añade un nuevo número 4º al artículo 2 de la Ley de 1870, que versa sobre las excepciones de los reos que pueden ser indultados, con esta redacción: "Los condenados por los delitos: de rebelión, previsto y penado en los artículos 472 a 484 del Título XXI del Libro II del Código Penal; y de sedición, previsto y penado en los artículos 544 a 549 del Título XXII del Libro II del Código Penal".
Proposiciones no de Ley y mociones
El Pleno del martes continuará con el debate de dos proposiciones no de ley y tres mociones. En primer lugar, se verá la Proposición no de Ley, impulsada por Junts per Catalunya, formación integrada en el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad. En su exposición de motivos, la formación proponente considera que los costes laborales de los Centros Especiales de Empleo se han incrementado en un 29% por cada trabajador con discapacidad contratado. Por ello, se propone incrementar la subvención, del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual al 60% del SMI, con la finalidad de conservar los empleos y la viabilidad de estos centros.
En segundo lugar, se debatirá la Proposición no de Ley relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A través de esta iniciativa, se busca instar al Gobierno a retirar la propuesta de suprimir la reducción por tributación conjunta; enviar a Bruselas una comunicación oficial con la rectificación de esta medida; y compensar el coste del mantenimiento de esta reducción con "la disminución de gasto improductivo".
La jornada del martes concluirá con el debate de tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, "sobre las iniciativas legislativas del Gobierno para frenar la amenaza de la ultraderecha". Posteriormente, se verá la moción del Grupo Parlamentario Popular, "sobre la subida de la factura eléctrica" . Y por último, se debatirá la moción del Grupo Vox "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger la soberanía de España frente a otros países".
Sesión de Control al Gobierno
El Pleno se reanudará el miércoles, 23 de junio, con la Sesión de Control al Gobierno. A partir de las 9:00 horas, los grupos parlamentarios formularán las preguntas y las interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
Las preguntas irán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
La Sesión de Control continuará con tres interpelaciones urgentes. La primera, de la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, formación integrada en el Grupo Mixto, ¿sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de fraude de ley por abuso de temporalidad de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado¿. La segunda interpelación, presentada por el Grupo Popular, ¿para que el Gobierno explique por qué defiende frente a organismos internacionales que la política de vivienda debe estar al servicio de los intereses del Gobierno y no del ciudadanos¿. Y la tercera, del Grupo Vox, ¿sobre los motivos reales en virtud de los cuales se conceden los indultos a los condenados por la Sentencia firme 459/2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin concurrir las causas legales para ello¿.
Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados
La sesión continuará el jueves, 24 de junio, con el debate de totalidad del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. El objeto de esta norma es regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos; a la prevención, producción y gestión de residuos; y a los suelos contaminados.
Su finalidad es prevenir y reducir la generación de residuos y de impactos adversos de su gestión; mejorar la eficiencia de dicho uso para proteger el medio ambiente y la salud humana; efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono, con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles; y prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático.
A este proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. El grupo proponente considera que el texto desarrolla un modelo de gestión que se caracterizará por "más dirigismo estatal y supraestatal, más trabas burocráticas a empresas y más impuestos". Además, justifica la devolución del texto porque "lesiona" la libertad de mercado y de emprendimiento, sus cambios implican un encarecimiento de productos y procesos y porque "no distribuye competencias claras de control o fiscalización, aunque sí establece un régimen sancionador".
Si se rechaza la enmienda de devolución, el proyecto de ley continuará su tramitación en los términos del texto original. Si se aprueba, la iniciativa no se tramitará y se devolverá al Gobierno.
