Según la OCDE la economía española avanza por la senda de la recuperación y es urgente priorizar inversiones y reformas que faciliten el crecimiento

 

Conocimos esta semana el último Estudio económico de España de la OCDE, que pone de manifiesto que la economía española avanza por la senda de la recuperación, pero la perturbación causada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar problemas estructurales que vienen de lejos. 

Además dice que aunque el apoyo sigue llegando a las empresas y los hogares más perjudicados, la inversión y las reformas deberían centrarse en impulsar el crecimiento de la productividad y la creación de empleo de calidad.

En una nota de prensa la OCDE dice en relación con este Estudio “que los fondos europeos de recuperación, con especial hincapié en la inversión ecológica y digital, pueden ser fundamentales para forjar una recuperación duradera y una economía resiliente y más inclusiva. El plan elaborado por España para la asignación de los fondos de la UE contempla reformas en ámbitos en los que la OCDE centró sus recomendaciones en ediciones anteriores del Informe, como las políticas de educación, innovación y competencia. Priorizar inversiones y reformas que faciliten el crecimiento a largo plazo garantizará un uso verdaderamente eficaz de los recursos de la UE. Un sistema de gobernanza robusto, una adecuada coordinación entre los distintos niveles de la administración y la aplicación de criterios y procedimientos de inversión transparentes serán cruciales para lograr un equilibrio entre la obtención rápida de resultados y la rendición de cuentas.

El Informe, presentado por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en un evento de lanzamiento virtual con Nadia Calviño, Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, prevé un repunte del crecimiento hasta el 5,9% este año y el 6,3% en 2022, tras una contracción del 10,8% en 2020, gracias a la demanda acumulada y el retorno gradual del turismo, así como al impulso de los fondos de recuperación de la UE.

Son varios los riesgos sustanciales para estas perspectivas. Por una parte, la demanda interna podría ser más fuerte de lo previsto si la vacunación y la aplicación de los fondos europeos avanzan a mayor ritmo, pero, por otra, un posible incremento de las insolvencias conforme se vaya retirando el apoyo de las políticas constituye un riesgo a la baja. 

«España ha superado una fase crítica tras el golpe que supuso el COVID-19 y empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, las secuelas de la pandemia tardarán en sanar y es vital aprovechar esta oportunidad para invertir con inteligencia y llevar a cabo reformas ambiciosas y bien diseñadas», dijo Ángel Gurría. «El plan de recuperación puede marcar un ‘parteaguas’ para España y encauzar su economía por el camino de una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva».

Antes de la pandemia, España disfrutaba de una recuperación sólida con un importante componente de creación de empleo, tras haber mejorado su resiliencia económica después de la crisis financiera mundial de 2008 con un patrón de crecimiento más equilibrado y un sector financiero más saneado. Los efectos de la pandemia de COVID-19 han sido más graves que en otros países de la OCDE, en parte debido a la elevada participación de los servicios y el turismo en la economía. La actividad turística cayó un 75% estimado entre abril de 2020 y marzo de 2021, y algunas actividades de servicios acusaron mucho las normas de distanciamiento físico, bien por su propia naturaleza, bien por su escasa adopción de tecnologías digitales.

La crisis ha acentuado problemas estructurales generales en España, como el desempleo persistente —especialmente entre los jóvenes—, la elevada proporción de trabajadores con contratos temporales, las trabas al crecimiento empresarial y el bajo crecimiento de la productividad. La pandemia también ha puesto de relieve los beneficios de una economía digitalizada, ya que los países con mayores tasas de adopción digital estaban mejor preparados para recurrir al comercio electrónico y el teletrabajo y reducir así los efectos de las medidas de confinamiento.

El Informe recomienda fomentar el crecimiento de la productividad con medidas encaminadas a acelerar la transformación digital, estimular la innovación y crear empleo de calidad, mediante una combinación de mejora de las competencias, apoyo a los demandantes de empleo y reducción de la proporción de contratos temporales. Reducir los obstáculos a la adopción y el uso de tecnologías, por ejemplo mejorando el escaso acceso a Internet de alta velocidad en zonas rurales, también debería reforzar la resiliencia al ayudar a empresas y trabajadores a adaptarse al mundo pospandemia.

El Informe señala que la crisis ha tenido un efecto desigual en las distintas regiones, que podría agravar las disparidades autonómicas en materia de nivel de ingresos, educación y empleo. Para contribuir a garantizar que la recuperación beneficie a tantos ciudadanos como sea posible, se debería ofrecer a los desempleados y a los trabajadores acogidos a programas de reducción temporal de empleo formación en el empleo pertinente y de calidad, inclusive en competencias digitales, así como acompañamiento individualizado en la búsqueda de empleo. Mantener un mercado laboral flexible ayudará a las empresas a adaptarse a las cambiantes condiciones económicas, mientras que una pronta reestructuración de las empresas viables con problemas temporales puede acelerar la recuperación.

Ya antes de la crisis del COVID-19, las finanzas públicas de España afrontaban presiones a largo plazo como consecuencia de la elevada deuda pública y de una proporción de trabajadores en activo por cada jubilado que se prevé sea una de las más altas de la OCDE para 2050. Una vez que la recuperación esté firmemente encarrilada, deberían realizarse esfuerzos para reducir el coeficiente de deuda pública/PIB, mediante una estrategia de consolidación fiscal creíble y transparente que implique a todos los niveles de la administración, entre otras iniciativas. También será importante tomar medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones a largo plazo.”

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