Persisten riesgos para la estabilidad financiera y se han incrementado las vulnerabilidades, que emanan de la reducción de márgenes y de la capacidad de generación de capital de las entidades bancarias


Como publicaba ayer en este blog, en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dedicó un apartado para referirse a la situación y retos del sector bancario.

Por la importancia del tema, transcribo aquí su intervención al respecto: Tras la crisis financiera, la aplicación de la reforma regulatoria global y el proceso de reestructuración provocaron que las entidades bancarias aumentaran su solvencia y capacidad de resistencia, lo que les ha permitido afrontar mejor esta crisis. De hecho, los bancos han sido un actor fundamental en la transmisión de las decisiones de política monetaria y en la ejecución de algunas de las medidas financieras y fiscales.

Estas medidas han permitido, en paralelo, mitigar los efectos de la crisis sobre el sector. Así, su ratio de solvencia (CET1) aumentó, a pesar del severo deterioro económico, en 71 puntos básicos (pb), hasta situarse en el 13,3 % a finales de 2020. En paralelo, el crédito bancario al sector privado en España aumentó en 2020 un 3,5 %, rompiendo la tendencia previa. El papel de las medidas aplicadas ha sido, de nuevo, muy importante. Así, el crédito dispuesto en operaciones vinculadas con las líneas de avales del ICO representó el 18 % del total del crédito nuevo y el 34 % del crédito a sociedades no financieras y empresarios individuales. Además, la evidencia disponible revela que los bancos han utilizado la financiación recibida del Eurosistema para otorgar préstamos a la economía real y que las entidades que no repartieron dividendos fueron más activas en la concesión de préstamos.

A la vez, el crédito dudoso continuó descendiendo, aunque a menor ritmo que en los años precedentes. No obstante, en el último trimestre de 2020 se observaron algunas señales de deterioro de la calidad crediticia, como el aumento de préstamos dudosos en algunos segmentos (como el crédito al consumo), una ralentización del descenso de crédito refinanciado o un fuerte incremento del crédito en vigilancia especial.

Por su parte, el resultado neto consolidado del sistema bancario fue negativo en 2020, lo que se tradujo en que la rentabilidad sobre activos (ROA) fuera del −0,21 %, lo que supuso una caída de 72 pb respecto a 2019. Una parte significativa de este retroceso lo explican factores extraordinarios negativos en tres de las principales entidades. Si se excluyeran los principales elementos extraordinarios, el ROA se habría situado en el 0,3 %. En cualquier caso, la presión a la baja sobre la rentabilidad fue generalizada por entidades y se debió, en particular, al incremento de las provisiones por deterioro, de más del 50 %. Las perspectivas de recuperación económica se traducen en una mejora de las expectativas del sector. De hecho, en el primer trimestre de 2021 la rentabilidad sobre fondos propios (excluidos impactos extraordinarios) para los bancos españoles cotizados se situó en el 8 %, todavía por debajo de las estimaciones sobre el coste del capital (8,9 %). 

Pero persisten riesgos para la estabilidad financiera y se han incrementado las vulnerabilidades, que emanan de la reducción de márgenes y de la capacidad de generación de capital de las entidades, así como del debilitamiento de la situación financiera de hogares y de empresas. Para la gestión de estos riesgos, las autoridades supervisoras hemos seguido subrayando que el uso de los colchones de capital es adecuado para reconocer el deterioro del crédito y seguir proporcionando crédito solvente. Las entidades tendrán tiempo suficiente para volver a cumplir con los requerimientos de capital y el proceso no se iniciará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado. 

En paralelo, debido a que la incertidumbre todavía persiste, a que el impacto de la pandemia no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades y a que estas siguen beneficiándose de diversas medidas de respaldo público, les hemos recomendado que actúen con extrema prudencia en las políticas de distribución de dividendos y de remuneración variable. Al mismo tiempo, las entidades deben mantener una política de anticipación del reconocimiento de deterioros, garantizando que este sea adecuado y oportuno, como establecen las guías supervisoras. 

En este sentido, en el primer trimestre de 2021 la ratio de dudosos en los sectores de hostelería, restauración y ocio se ha incrementado en 1,1 pp y el volumen de créditos en situación de vigilancia especial ha seguido aumentando a un ritmo del 8,1 % intertrimestral. Asimismo, como cabría esperar, las señales de deterioro en las carteras de préstamos avalados y en moratoria son superiores a las del resto. En conjunto, es probable que haya que mantener el esfuerzo de provisionamiento durante los próximos años. 

En paralelo, deberemos asegurarnos de que la resistencia del sector bancario se mantiene en relación con los nuevos riesgos que emerjan. En particular, queda pendiente la implementación de las últimas reformas globales de Basilea III. El objetivo, que sigue plenamente vigente, es homogeneizar el cálculo de los activos ponderados por riesgo. Para conseguirlo, un elemento clave es el llamado output floor, que establece un suelo a las minoraciones que los bancos pueden obtener con el uso de modelos internos para calcular los requisitos mínimos de capital con respecto al método estándar. Además, el Banco de España está en el proceso de modificar la Circular 2/2016, para hacer operativos los nuevos instrumentos macroprudenciales conferidos en la legislación nacional. Estos instrumentos, que incluyen requisitos a los criterios de concesión de crédito, mejorarán nuestra capacidad de actuar ante posibles episodios de crecimiento excesivo o inadecuado del crédito. 

Sería también adecuado reflexionar sobre nuestra arquitectura financiera institucional. Algunos países han evolucionado hacia modelos más integrados y con un mayor papel de los bancos centrales. Entre estos, la separación de las responsabilidades de preservación de la solidez patrimonial de todas las entidades financieras (bancarias, de seguros, valores, etc.), de las de la vigilancia de la conducta en las relaciones con sus clientes y su asignación a autoridades diferenciadas (al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respectivamente) representan, en mi opinión, un esquema institucional óptimo para gestionar los posibles conflictos entre ambas responsabilidades y para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad supervisora. En esta reflexión habría que incorporar las funciones de resolución de las entidades, que en España se encuentran separadas entre las relativas a la prevención y a la ejecución, que efectúan el Banco de España y el FROB, respectivamente, en el marco del Mecanismo Único de Resolución europeo. Este es un esquema más complejo que el de otros países, donde las dos funciones se encuentran generalmente unificadas bajo el organismo responsable de la supervisión bancaria (en el caso español, el Banco de España), lo que se justifica con argumentos de economía informacional, de costes y coherencia en la valoración de las implicaciones para la estabilidad financiera. 

Entre los nuevos riesgos que están emergiendo, destaca la necesidad de que el sector financiero incorpore los asociados al cambio climático. Los supervisores financieros hemos de garantizar que las entidades valoran correctamente estos riesgos y los incorporan en su gestión, y debemos favorecer el desarrollo de estándares de información y bases de datos adecuados para su medición. En cuanto a los derivados de los desarrollos tecnológicos, además de los asociados a los ciberataques, destaca la posibilidad de que la competencia de las compañías tecnológicas (bigtech) pueda convertirse en una vía disruptiva. Será necesario que las diferentes autoridades adopten una postura proactiva para cuestionarse el perímetro regulatorio, de forma que se garantice la máxima de «misma actividad, mismos riesgos, mismas reglas». Asimismo, la competencia tecnológica podría ejercer una presión adicional sobre la rentabilidad del sector bancario, por lo que resulta fundamental que las entidades sigan profundizando en las ganancias de eficiencia, reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. Los bancos centrales y los supervisores financieros también debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. 

En el Eurosistema estamos en el proceso de fijar los objetivos y los plazos para un eventual proyecto de euro digital, que se concibe como una herramienta para estimular la innovación y actuar como catalizador de la competitividad y del crecimiento. Asimismo, constituiría un apoyo para salvaguardar nuestra soberanía monetaria y podría, además, incrementar el papel exterior de nuestra divisa y, por extensión, la capacidad de influencia más allá de nuestras fronteras. Es un enfoque ambicioso que obliga a abordar su diseño con una mentalidad abierta, al tiempo que se adoptan las cautelas necesarias para garantizar que todas las dimensiones relevantes (como las relativas a la estabilidad financiera, la política monetaria o la configuración y el papel de la industria financiera) se tienen en cuenta adecuadamente."

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