Sobre el próximo Pleno del Congreso de los Diputados


El 
Pleno del Congreso de los Diputados de la próxima semana comenzará el martes, 29 de septiembre, a las 15:00h, con el debate de toma en consideración de dos proposiciones de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

 Esta proposición de ley propone la modificación de varios artículos de la Ley de protección de la seguridad ciudadana con el objetivo, asegura el grupo proponente, de que en el binomio de libertad y seguridad, "clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad se ampare en el principio de legalidad y en el de proporcionalidad". 

Asimismo, se plantean reformas "en la línea del principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga".

La segunda proposición de ley que se debatirá ha sido presentada por Foro Asturias, integrado en el Grupo Mixto, para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19

El texto plantea eventuales bonificaciones fiscales para el presente ejercicio con el objetivo, aseguran, de llevar a cabo "medidas proactivas que faciliten el desarrollo de la actividad económica, conserven el tejido productivo, generen confianza para la reacción económica y la generación de empleo". 

Proposiciones no de Ley y Mociones

Tras estas, se debatirán dos proposiciones no de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la "okupación", y que busca, entre otras cosas, instar al Gobierno a diseñar legislativamente los mecanismos necesarios "para que puedan resolverse los casos de okupación a través de un proceso sumario que garantice a los legítimos propietarios la recuperación de su vivienda en un plazo inferior a 24 horas". En este sentido se plantean varias reformas legislativas y se solicita "asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional". 

La segunda proposición no de ley que se debatirá ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu sobre salario mínimo interprofesional y derogación de reformas laborales. Con ella se quiere instar al Ejecutivo "a transferir a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra la capacidad y competencia para establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio y acorde a la realidad económica de cada territorio", implantar en esas Comunidades "un salario mínimo interprofesional neto de al menos 1.200 euros, con 14 pagas" y "derogar las reformas laborales de 2010 y 2012". 

La sesión del martes finalizará con el debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes de Nueva Canarias, integrado en el G.P. Mixto, "sobre las previsiones del Gobierno para atender el mayor impacto de la crisis en Canarias por sus singularidades y su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021"; y del G.P. Popular en el Congreso "para que el Gobierno valore las alarmantes previsiones conocidas recientemente en relación a la economía y el empleo de los españoles". 

Sesión de Control al Gobierno

El miércoles, 30 de septiembre, el Pleno se reanudará a las 9:00h. para celebrar la Sesión de Control al Gobierno. En esta ocasión se han registrado 19 preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo; Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

Asimismo, se formularán tres interpelaciones urgentes. La primera "sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero)", presentada por el Partido Regionalista Cántabro, integrado en el Grupo Mixto. 

La segunda, del G.P. Ciudadanos, "para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España". Y la última, del G.P. Popular en el Congreso "sobre la gestión política del Gobierno, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional". 

Comisión de investigación

El jueves, 1 de octubre, la sesión se volverá a reanudar a las 9:00h. para debatir y votar seis dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. 

Por último, el Pleno debatirá y votará la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de creación de una Comisión de Investigación "relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular".

La creación de comisiones de investigación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso, es aprobada por el Pleno a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, sobre cualquier asunto de interés público.

Una vez constituidas, elaborarán un plan de trabajo y podrán  requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara.

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