La sesión comenzará el martes, 14 de julio, a las 16h., con el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, y en la que solicita la devolución del mismo al Gobierno.
Esta norma tiene como principales objetivos que España alcance a más tardar en 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, que el país solo emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros son capaces de absorber, y que el sistema eléctrico español sea ese mismo año 100% renovable. Para ello fija una hoja de ruta y pasos intermedios, estableciendo, por ejemplo, que en 2030, las emisiones deberán haberse reducido al menos un 20% con respecto a 1990 y que como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable.
El Grupo Parlamentario VOX solicita la devolución de este proyecto de ley al Ejecutivo argumentando que la búsqueda de estos objetivos "requerirá de un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público", lo que, aseguran, puede tener "efectos adversos para la inversión, el consumo, el empleo y la competitividad de la economía española", más aún, dicen, en el contexto de recesión que se vislumbra tras la pandemia del COVID-19.
Dictámenes de Comisiones
A continuación, se debatirá el dictamen que ha elaborado la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Dicho dictamen fue aprobado, con la incorporación de enmiendas y por unanimidad, el pasado 26 de junio, y tras haber sido rechazada en Pleno la enmienda a la totalidad que presentó el diputado Néstor Rego, del BNG e integrado en el Grupo Parlamentario Plural.
En primer lugar se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios hayan mantenido vivas, y a continuación se votará el dictamen resultante de la incorporación de enmiendas. Al tratarse de una Ley Orgánica, para su aprobación se requerirá del voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Cámara. De conseguirse, la Ley se entenderá aprobada por el Congreso y será remitida al Senado.
Con esta norma, asegura el Ejecutivo, se inician los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave. En ella se crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España y se establecen las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.
La sesión del martes concluirá con los 19 dictámenes que ha elaborado la Comisión de Asuntos Exteriores sobre diferentes acuerdos, protocolos, declaraciones, denuncias y convenios internacionales.
Reales decretos-leyes fondo COVID-19 y con medidas en materia de energía
El jueves, 15 de junio, la sesión se reanudará a las 9h. para debatir la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes. El primero de ellos será el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
Con esta norma se crea un fondo de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica y así garantizar que cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. Se establece un reparto que se llevará a cabo en cuatro tramos. Los dos primeros, de 6.000 y 3.000 millones de euros, serán repartidos en julio y noviembre, respectivamente, atendiendo a criterios de gasto sanitario. Otros 2.000 millones serán repartidos en septiembre asociados a la educación y los restantes 5.000 en diciembre entre las CCAA de régimen común.
Tras este, se debatirá el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Se trata de una batería de medidas para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. Para ello elimina barreras para el despliegue de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones.
