Debate sobre el Fondo COVID-19 y las reglas relativas a su distribución y libramiento

Reanudamos hoy el Pleno del Congreso comenzando con el debate del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

La defensa del R.D.L. en nombre del Gobierno correspondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.


Con esta norma el Ejecutivo crea un fondo de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica y así garantizar que cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.

El Fondo COVID-19 se configura como un fondo excepcional de carácter presupuestario, cuyo objeto es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.

Estas transferencias se distribuirán entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sobre la base de, entre otros, criterios poblacionales y de incidencia del virus. Todo ello, con el objetivo de que, a pesar de que la crisis sanitaria está teniendo un impacto desigual en las comunidades autónomas, la especial incidencia en algunos territorios no lastre sus finanzas y puedan hacer frente a esta situación extraordinaria y excepcional con carácter de urgencia.

Se trata, asimismo, de recursos adicionales e independientes del Sistema de Financiación Autonómica y de los Fondos Extraordinarios de Liquidez, por lo que, en ningún caso, el desembolso del Fondo supondrá que las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía reciban menos recursos por el Sistema de Financiación Autonómica o vean reducido su acceso a los mecanismos extraordinarios de liquidez, que siguen plenamente vigentes.

Se establece un reparto que se llevará a cabo en cuatro tramos. Los dos primeros, de 6.000 y 3.000 millones de euros, serán repartidos en julio y noviembre, respectivamente, atendiendo a criterios de gasto sanitario. 

Otros 2.000 millones serán repartidos en septiembre asociados a la educación y los restantes 5.000 en diciembre entre las CCAA de régimen común.

Con cargo al crédito extraordinario se realizarán transferencias que tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos.

La posición del GPP

Por el Grupo Parlamentario Popular intervino la diputada Elvira Rodríguez que aseguró que “para salir de esta España necesita cambiar la tendencia, y para eso es imprescindible que el Gobierno acierte con la política fiscal, que se la tome en serio”.

Pidió  al Ejecutivo que utilice “esta potente herramienta de política económica, en sus vertientes de ingresos y gastos, para generar crecimiento y crear empleo, para restablecer la confianza y la credibilidad”.

Aseguró que las cuentas públicas “necesitan transparencia porque de eso andan escasas”.

Recordó a la ministra de Hacienda que “antes de pedir acuerdos para aprobar los presupuestos debe confeccionarlos y presentar sus fundamentos de acuerdo con lo suscrito en Europa porque ¿si no cumplimos con nuestras obligaciones cómo vamos a demandar apoyo?”

Recordó  que el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, dijo que España debía empezar por resolver sus problemas internamente, no poner todas nuestras esperanzas en que nos los resuelvan otros.

Subrayó que no cuenten con el PP si lo que busca el Gobierno es un contrato de adhesión. “Los acuerdos no son buenos por ser acuerdos sino por lo que se acuerda, por su contenido”, señala.

Preguntó  a la titular de Hacienda si “no se sonroja cuando martes tras martes reclama al PP su apoyo para que luego el presidente del Gobierno diga todo lo contrario en un diario italiano: que con nosotros no se acuerda ni se tiene la intención de acordar”.

Instó al Gobierno a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque las Comunidades Autónomas necesitan esas previsiones para cumplir con sus obligaciones presupuestarias, saber con qué margen cuentan para planificar 2021 y seguir prestando los servicios básicos a los ciudadanos.

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