Hoy el Gobernador, Pablo Hernández de Cos presentó el Informe Anual 2019 del Banco de España que se centra de forma monográfica en la evolución de la crisis sanitaria del Covid-19, en su impacto económico inicial y en las medidas de política económica que se han desplegado para limitar sus efectos adversos.
Recordó el Gobernador como tuvo oportunidad de expresar recientemente en el Congreso que muchos de los desafíos actuales de nuestra economía ya existían antes del estallido de la crisis sanitaria, pero esta circunstancia ha incrementado el calibre de su amenaza y la urgencia en darles respuesta. La pandemia ha dado lugar también a nuevos retos, cuya magnitud e implicaciones se presentan aún muy inciertas. La manera con la que la política económica enfrente todos estos desafíos determinará la intensidad y la sostenibilidad del crecimiento económico y del bienestar social de nuestro país en los próximos años.
Dijo en su presentación que “Naturalmente, la respuesta de la política económica a esta crisis debe adaptarse a la
evolución sanitaria de la pandemia. En una primera fase, en la que las
medidas debe contar con un tamaño proporcional a las necesidades de
financiación generadas por la pandemia.
En las últimas semanas hemos entrado en una segunda fase de la crisis, en la que, en un contexto de mayor
control de la enfermedad, ha sido posible avanzar, tanto en España como en
otros países de nuestro entorno, en planes de desescalada de las medidas de
contención inicialmente adoptadas. Esta segunda fase, en la que la economía
comienza a reactivarse gradualmente, presenta algunas características
relevantes. En primer lugar, la incertidumbre es todavía muy elevada, dado que
son numerosas las incógnitas acerca de la evolución que seguirá la enfermedad
en los próximos meses. Esta incertidumbre afectará negativamente a las
decisiones de consumo y de inversión, y también a las transacciones económicas
internacionales. En segundo lugar, minimizar el riesgo de un rebrote de la
enfermedad exigirá mantener durante algún tiempo determinadas limitaciones y
medidas de seguridad sanitaria. Estas circunstancias, que condicionarán el normal
desempeño de la actividad económica, afectarán de forma heterogénea a las
distintas ramas productivas. En tercer lugar, en esta fase comenzará a
apreciarse en qué medida, a pesar de las acciones de política económica
aplicadas, la crisis puede estar produciendo daños de carácter más permanente
en el tejido productivo y, por tanto, en nuestra capacidad de crecimiento.
También empezarán a vislumbrarse algunos indicios sobre los posibles cambios
estructurales que podrían derivarse de la pandemia (por ejemplo, en términos de
una trasformación en los procesos de globalización y de digitalización, en los
que la economía mundial ha estado inmersa en las últimas décadas).
En este período, la respuesta de
política económica deberá combinar dos objetivos: apoyar la recuperación —lo que aconseja evitar una retirada prematura de las medidas de
apoyo, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera
daños más duraderos— y facilitar el
ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
En el terreno de las políticas
monetaria y financiera, a cuyas decisiones a escala
europea contribuye el Banco de España como integrante del Eurosistema y del
Mecanismo Único de Supervisión, la
prioridad debe seguir siendo dar apoyo a la recuperación, facilitar unas
condiciones de financiación adecuadas para los distintos agentes económicos y
mantener la estabilidad financiera. Para ello, en relación con la política
monetaria, desde el Consejo de Gobierno del BCE hemos reiterado nuestro
compromiso de hacer cuanto sea necesario para apoyar la economía del área del
euro en esta coyuntura extremadamente difícil. Esto incluye asegurar que la
política monetaria del Eurosistema se transmita adecuadamente a todos los
sectores de la economía y a todos los países, y evitar la fragmentación
financiera del área. En este sentido, seguimos preparados para ajustar todos
nuestros instrumentos según proceda.
En materia supervisora, el sector
bancario afronta esta crisis desde una situación más saneada que en la recesión
anterior, lo que subraya la importancia de la profunda reforma financiera
global acometida en la última década. En todo caso,
en los próximos meses será preciso continuar ejerciendo una doble vigilancia:
por una parte, sobre la capacidad de las entidades de crédito de seguir
facilitando la financiación que precisan las empresas, los autónomos y los
hogares, y, por otra, sobre los riesgos para la estabilidad financiera
derivados de esta crisis.
En relación con la capacidad de
provisión de financiación, los supervisores hemos adoptado
varias decisiones que, entre otras cuestiones, permiten que las entidades
puedan hacer uso de los colchones de capital y liquidez disponibles. Además, la
mayoría de los Gobiernos europeos, incluido el español, han aprobado programas
de avales públicos a los préstamos a empresas, para mitigar la posible
reticencia de los intermediarios financieros a incurrir en mayores riesgos en
un contexto como el actual y favorecer que muchas pymes y autónomos puedan
seguir financiándose en esta difícil coyuntura. Por el momento, estas medidas
han sido efectivas en términos de favorecer el dinamismo del crédito en nuestro
país, como se pone de manifiesto en el epígrafe 4 del Informe y como atestiguan
los datos de los últimos meses, que evidencian un fuerte repunte del flujo de
nuevo crédito concedido por las entidades bancarias a las empresas en España.
En todo caso, mientras persista el
elevado nivel de incertidumbre actual, las empresas de menor tamaño y las que
se han visto más afectadas por la crisis podrían encontrar dificultades para
acceder a la financiación, especialmente en ausencia de instrumentos de apoyo
público. Esta posibilidad aconsejaría que, en función de cómo evolucione
la actividad económica, se estudie la posibilidad de extender los mecanismos de
garantía pública ya dispuestos, en cuyo rediseño debe primar el acceso a estos
recursos por parte de las empresas con perspectivas sólidas de viabilidad, de
cara a facilitar el necesario proceso de reasignación de los recursos
productivos entre empresas y sectores.
Por otro lado, la crisis tendrá un
impacto significativo sobre la calidad de la cartera crediticia de las
entidades, que será desigual entre estas, en función de su posición de
partida, de su modelo de negocio y de la distribución de sus exposiciones a los
sectores y a los territorios más afectados por la pandemia. La magnitud de la
perturbación y su evolución incierta nos obligan, por tanto, a vigilar
estrechamente los riesgos para la estabilidad financiera derivados de esta
crisis, y a estar preparados para dar una respuesta contundente, a escala
europea, en caso de que estos se materialicen.
En este sentido, las
autoridades económicas —europeas y nacionales— debemos compartir el
objetivo de evitar que la crisis actual venga acompañada de un endurecimiento generalizado de las condiciones de
financiación o que dañe gravemente la estabilidad del sistema financiero,
pues sabemos que las crisis que incorporan un deterioro financiero
significativo suelen ser más profundas y duraderas.
En el terreno de las políticas de
ámbito nacional, en esta segunda fase de la crisis deberían extenderse
temporalmente y recalibrarse algunas de las medidas ya aplicadas. Así, además de la
extensión de los ERTE hasta finales del mes de septiembre, que ha sido aprobada
recientemente, parece apropiado mantener también algunos de los instrumentos de
apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables, si bien es fundamental que
se mantenga su carácter focalizado, con un diseño que no distorsione las
decisiones, por ejemplo, de participación laboral. En paralelo, debería asegurarse el correcto
funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad laboral
disponibles para las empresas, cuyo papel es especialmente útil en estas
circunstancias para permitir llevar a cabo de manera eficiente los ajustes
derivados de la crisis.
Al mismo tiempo, también sería conveniente incorporar nuevas
medidas en ámbitos diversos. Las
políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores
afectados por los ERTE deberían orientarse, convenientemente rediseñadas, a
potenciar la empleabilidad y a facilitar la recolocación de los trabajadores
más afectados por la crisis en aquellos sectores o empresas con mayor capacidad
de crecimiento. Asimismo, la suspensión de la educación presencial tiene el
riesgo de generar un impacto negativo sobre el rendimiento académico de los
estudiantes, particularmente en los hogares con menores recursos. En
consecuencia, sería deseable dotar al
sistema educativo de mecanismos que permitan a todos los alumnos adquirir las
cualificaciones necesarias, aun en ausencia de educación presencial. Del
mismo modo, resulta urgente revisar los procesos de reestructuración,
insolvencia y alivio de la carga financiera de las empresas, al objeto de
establecer procedimientos administrativos ágiles y simplificados.
Concretamente, las empresas deudoras con dificultades financieras deberían
tener la capacidad de acceder a un marco preventivo que les permitiese
continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables.
La respuesta de política económica
en esta segunda fase de la crisis debe contar también con un respaldo decidido
de la Unión Europea, que, a través de un impulso fiscal
adicional al que desarrolle cada país miembro, permita apoyar la
reestructuración del tejido productivo europeo y la recuperación de su
capacidad de crecimiento. Para ello, sería
recomendable priorizar el uso del mencionado fondo de recuperación europeo en
determinadas inversiones que suelen contraerse más en tiempos de incertidumbre
y de dificultades financieras. Este es el caso de la inversión en capital
tecnológico y en formación. También es el momento de impulsar los proyectos
que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible
medioambientalmente. La aprobación y la ejecución de este fondo europeo deberían
agilizarse en la medida de lo posible. En su diseño, también debería
incorporarse la posibilidad de la ampliación de su tamaño, dependiendo de la
evolución de la crisis. Este fondo debería ser igualmente el embrión de un
mecanismo fiscal permanente de estabilización macrofinanciera a escala europea.
Más allá de las políticas que son necesarias en esta fase de
incipiente reactivación económica, con una perspectiva más amplia, el contexto
extraordinariamente complejo que contemplan las últimas proyecciones del Banco
de España —y las de la inmensa mayoría de los analistas— para los próximos años
hace necesaria también la definición de
una agenda de reformas dirigida a afrontar los desafíos estructurales de
nuestra economía, que con esta crisis se han hecho más apremiantes. Además,
en la medida en que, tras la pandemia, la economía española registrará los
mayores niveles de deuda pública en muchas décadas, en parte como consecuencia
de la necesaria expansión fiscal en el corto plazo, también resulta fundamental
diseñar un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo. De
otro modo, unas ratios de deuda pública sobre el PIB persistentemente elevadas
nos mantendrán en una posición de vulnerabilidad crónica ante la eventualidad
de que surjan perturbaciones macrofinancieras negativas en el futuro. Estos y
otros aspectos prioritarios para volver a posicionar a la economía española en
una senda sostenible de crecimiento y creación de empleo constituyen el objeto
del epígrafe 5 de este Informe.
Uno de los retos más visibles es el
relativo a la necesidad de aumentar la productividad. Esto exige incrementar la
inversión pública y privada en capital humano y tecnológico, revisar el modelo
educativo, y favorecer el crecimiento y el dinamismo empresarial. La dualidad en el mercado de trabajo y una tasa de paro
estructural muy elevada no solo limitan nuestra capacidad de crecimiento, sino
que también contribuyen al aumento de la desigualdad. Esto requiere abordar, sin demora, una revisión de las
políticas activas de empleo, junto con aquellos aspectos del actual marco
regulatorio laboral que favorecen una excesiva disparidad en el grado de
protección del que gozan los trabajadores con contratos permanentes frente a
los temporales, en los que se ha concentrado el flujo de destrucción de empleo
durante la primera fase de esta crisis, como ha sucedido de modo recurrente en
episodios recesivos previos. Estas reformas, junto con las medidas de sostenimiento de rentas (como el ingreso mínimo vital,
ya aprobado), contribuirían a reducir la desigualdad en nuestro país, cuyos
niveles, que eran más elevados al inicio de esta crisis que al comienzo de la
anterior, probablemente sufran un repunte adicional en los próximos trimestres,
dado que esta crisis está afectando en mayor medida a colectivos que cuentan,
en general, con rentas relativamente bajas.
No podemos olvidar tampoco la necesidad
de abordar el proceso de envejecimiento poblacional en el que estamos inmersos, que, entre otros aspectos, condicionará muy sensiblemente el
comportamiento en las próximas décadas del mercado laboral, las dinámicas de
crecimiento y las principales magnitudes fiscales. Asimismo, una vez superada
la crisis, las cuentas públicas deben reconstruir sus márgenes de actuación de
manera gradual mediante un plan de consolidación plurianual creíble. Reducir la
vulnerabilidad de nuestra economía exige también impulsar el progreso en el
diseño institucional del área del euro, hacia la Unión Bancaria plena, la Unión
de los Mercados de Capitales y, más en general, hacia una mayor compartición de
riesgos en el conjunto de la UEM.
En cualquier caso, todo
reto plantea también nuevas oportunidades. La economía española debe ser ágil y
proactiva para aprovechar las nuevas posibilidades que surgen del proceso de
lucha contra el cambio climático y de transición hacia una economía más
sostenible, de los cambios en el modelo de globalización y de la previsible
aceleración de la digitalización de la economía. Los análisis desarrollados
en este Informe y las valoraciones contenidas en él acerca de la evidencia
acumulada en los ámbitos nacional e internacional aspiran a contribuir
activamente al debate colectivo sobre estas cuestiones de máximo interés para
la economía española.
Abordar los retos citados requiere, de manera urgente, una estrategia ambiciosa, integral, permanente
y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal en nuestro
país. La estrategia deberá ser ambiciosa si verdaderamente se aspira a
sentar las bases de un crecimiento más sostenible y equilibrado en el futuro. El diseño y la implementación de las
reformas deberían acelerarse, dado que su formulación creíble puede generar
efectos positivos sobre las decisiones de gasto, inversión y contratación,
incluso en el muy corto plazo. En el
caso de la consolidación fiscal, esta ha de aplicarse una vez que la economía
recupere una senda de crecimiento sólido, pero su definición y comunicación
tempranas comportarían importantes beneficios para la credibilidad de nuestra
política económica. Esta estrategia debe presentar, asimismo, un carácter
integral, de modo que se tengan en cuenta las múltiples interacciones que
existen entre los desafíos que han de abordarse y que, en muchos casos,
requieren de acciones a escala internacional y, en particular, europea. Los
retos estructurales exigen respuestas estructurales, que perduren en el tiempo.
Por ello, las líneas maestras de esta estrategia deberán gozar de un alto grado
de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de
forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean estables.
Finalmente, toda estrategia concebida
con un horizonte de medio plazo tendría que ser evaluada de forma rigurosa y
continua, con el objetivo de identificar áreas de mejora en su diseño o en su aplicación.
Adoptar esta cultura de evaluación en el diseño e implementación de la política
económica debería ser uno de los pilares de la estrategia de crecimiento de la
economía española."
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