El Pleno del Congreso celebra Sesión de Control y debate dos reales decretos-leyes



Tan sólo cincuenta diputados asistieron presencialmente por las restricciones del estado de alarma, de modo que doscientos noventa y nueve seguimos el Pleno y votamos desde nuestros domicilios, en mi caso desde Ourense.

La sesión comenzó con las preguntas e interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución por grupos parlamentarios, tal y como recoge la resolución de la Presidencia del 6 de febrero de 2020 y en desarrollo del artículo 188 del Reglamento del Congreso.

En esta ocasión se formularon 15 preguntas, en su mayoría relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respondió a tres preguntas formuladas por Pablo Casado, del Grupo Popular, Aitor Esteban, del Grupo Vasco EAJ-PNV, y Oskar Matute, del Grupo Euskal Herria Bildu.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, contestó a dos preguntas; el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a una; la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también a una; a otra la ministra de Defensa, Margarita Roble; a dos la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero; a una el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a otra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; a otra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y a dos el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

A continuación, se debatieron las interpelaciones urgentes. La primera del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que exponga cuáles son sus responsabilidades como coordinadora del proceso de "desescalada", así como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase. Y la segunda presentada por el Grupo Parlamentario Vox para que el Gobierno explique "si el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española".

Reales Decretos-Leyes

Tras la Sesión de Control, se celebró el debate de convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. El primero el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que finalmente ha sido convalidado con 201 votos a favor, 52 en contra y 96 abstenciones. Asimismo, se ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia. 

En este real decreto-ley se trata de un nuevo paquete de medidas económicas y sociales de apoyo a las empresas y a los trabajadores que refuerzan, complementan y amplían las anteriores y así contrarrestar el impacto del COVID-19.

Aprueba, entre otras cuestiones, prorrogar dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada; se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs a las empresas que desarrollan servicios esenciales y que también han visto reducidos sus ingresos; se reduce el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, así como el de de los libros, revistas y periódicos electrónicos; se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo; se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos; y se crea una Fundación deportiva dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol para contribuir a financiar al deporte federativo, al deporte olímpico y paralímpico. 

Tras este, se debatió el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, que ha sido convalidado con 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones. Asimismo, se ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia. 

Esta norma aborda medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento y trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo. Su contenido se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos recoge las relacionadas con la seguridad en el trabajo y garantizar la salud de los funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios; el segundo está encaminado al impulso a la recuperación de la actividad judicial y, entre otras cuestiones, habilita el mes de agosto; el tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital; en el cuarto se establecen una serie de medidas procesales con la finalidad de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma; y el quinto pretende hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. 

El debate de estos reales decretos-leyes ha comenzado con la intervención de un miembro del Gobierno, sin límite de tiempo, para justificar las razones que han obligado a su promulgación. A continuación, los Grupos Parlamentarios han fijado su posición de menor a mayor en turnos de 15 minutos. 


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