Acusando al Gobierno de tomar decisiones “deprisa y corriendo para colocar a sus amigos” al frente de los organismos reguladores


Hoy hemos celebrado en el Congreso la comparecencia del Ministro de Industria, Miguel Sebastián ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 1 del artículo 13 de la Ley de Economía Sostenible, en relación con la propuesta de nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de la Energía acordado por el Consejo de Ministros en su reunión del 10 de junio y en relación a las propuestas de nombramientos de los Consejeros de la CNE acordados por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 1 de julio. Y a continuación celebramos la comparecencia del candidato a presidir la CNE y de cuatro candidatos a consejeros.

Intervine en nombre del Grupo Parlamentario Popular y acusé al Gobierno socialista de tomar decisiones “deprisa y corriendo para tratar de colocar a sus afines y amigos” al frente de los organismos reguladores sin importarles en absoluto el interés general o que dichos organismos se politicen.

En relación con la propuesta del Gobierno para situar al frente de la Comisión Nacional de la Energía al actual presidente de Correos, Alberto Lafuente Felez, denuncié que el Ejecutivo “toma decisiones atendiendo a criterios partidarios entre las distintas facciones del Gobierno y del Partido Socialista”, dado que Lafuente se encuadra en “la vieja guardia socialista” al haber sido alto cargo de Felipe González.

Afirmé que el candidato propuesto por el Gobierno para Presidente de la CNE “no reúne las condiciones de idoneidad para el puesto”, ya que “no es independiente del Gobierno” y se presume que “no actuará con imparcialidad” y que “es dependiente y se debe a quien lo nombró”

Asimismo, manifesté nuestro rechazo a las propuestas de nombramiento de María Teresa Baquedano, actual subdirectora general del Ministerio de Industria y consejera de Hunosa, y de Joan Batalla, jefe de gabinete de la actual presidenta de la CNE, como consejeros de dicho organismo.

Recordé que Lafuente, actual presidente de la Sociedad Estatal de Correos, durante su mandato ha tenido dos expedientes de la Comisión Nacional de la Competencia. Uno sobre precios predatorios y otro nada menos que por “una posible conducta anticompetitiva derivada de su negativa a dar acceso a su red postal a las notificaciones administrativas depositadas por otros operadores”, lo que se conoce como abuso de posición dominante.

Y afirmé que “parece poco recomendable, cuando no de difícil digestión, que quien ha recibido dos expedientes en materia de competencia, uno de ellos achacable al 100% a su gestión presidencial, pueda desempeñar fiel y lealmente funciones del más alto nivel en materia de regulación sectorial”.

También dije que “trasladar directamente a miembros y altos cargos del Gobierno a la CNE no garantiza en absoluto la independencia y menos aún si esto se convierte en un chalaneo de puestos a cambio de apoyos parlamentarios o pactos políticos con los diferentes grupos parlamentarios” y añadí que “parece que se trata de premiar a los amigos y garantizarles un trabajo estable en tiempos complicados” y que “nosotros no seremos cómplices de esta política del Gobierno: una política fracasada, con precios caros, con malos servicios y restando competitividad a la economía española”.

Aseveré que “la salida de altos cargos del Gobierno buscando el refugio de un puesto de trabajo en esos organismos supervisores, lo que hace es dañar la reputación de los dichos organismos y la de toda la economía española”. En este sentido, puse como ejemplo el del Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, propuesto para presidir la CMT.

Por otra parte, recordé que es cierto que con la Ley de Economía Sostenible se ha reducido el número de consejeros y limitado sus mandatos y que se ha establecido un proceso de comparecencia de los candidatos en el Congreso, de rendición de cuentas y de coordinación entre los organismos reguladores.

No obstante, consideré estos avances “claramente insuficientes” y destaqué que “apenas se gana en transparencia y prácticamente nada en independencia”.

Así, cité el informe de la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, que dice que “los organismos reguladores constituyen una pieza clave de nuestro sistema energético” y que por ello, “se hace necesario garantizar que los organismos reguladores cumplan con una serie de condiciones, entre ellas la independencia, tanto respecto de las empresas a las que supervisan como respecto de las Administraciones Públicas y, en particular, del Gobierno”

En este sentido, denuncié que “la respuesta del ejecutivo de Zapatero, Rubalcaba y Sebastián a esa recomendación, ha sido la reforma contenida en la Ley de Economía Sostenible, que no garantiza la independencia de estos organismos reguladores, ya que el nombramiento de sus miembros sigue dependiendo del Gobierno”.

PROPUESTA DEL PP

Recordé que el Grupo Parlamentario Popular presentó en el trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible unas enmiendas que fueron todas ellas rechazadas y que ahora reproduce en una nueva Proposición de Ley en trámite que persigue:

- Que la Comisión Nacional de Energía esté adscrita –no relacionada- al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en cualquier caso debe asegurarse que este organismo regulador tenga plena independencia funcional con este Ministerio.

- Que el Presidente y los Consejeros de los organismos reguladores sean nombrados a propuesta del Congreso entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el área de la energía. “No estamos de acuerdo con que decida el Gobierno, mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Industria”.

- Que el Presidente ha de ser propuesto por una mayoría de tres quintos y los Consejeros por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, previa comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso para determinar la adecuación y capacidad de los candidatos.

- Que el Presidente y los Consejeros puedan cesar en el cargo por separación acordada por el Congreso de los Diputados por la mayoría absoluta de sus miembros por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés o del deber de reserva.

Además, dije que el PP quiere dotar a las Cortes Generales de un verdadero control parlamentario sobre las actividades de la CNE, de modo que en las comparecencias anuales basadas en las memorias de actividades y los planes de actuación de los diferentes Organismos, deberán ser aprobados por la Comisión correspondiente del Congreso.

- Que, los Organismos Reguladores cooperarán entre ellos y con prevalencia de la Comisión Nacional de la Competencia.

Dije que “la experiencia demuestra que el origen gubernamental de los nombramientos de este tipo de organismos no les permite independizar adecuadamente su labor estrictamente supervisora de las funciones reguladoras propugnadas por el Gobierno”.

Y afirmé que el PP quiere “un regulador independiente” mientras los socialistas están defendiendo “un regulador ministerial”.

Por último, advertí que la CNE “no puede ni debe ser el brazo largo del Gobierno en la ejecución de sus políticas”.

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