La sesión plenaria del Congreso de la próxima semana comienza el martes, a las 15:00 horas, con la toma en consideración de dos proposiciones de ley. En primer lugar, se debatirá la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia y de modificación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los procesos de familia con personas menores de edad. La proposición de ley introduce modificaciones en los procesos judiciales de familia para proteger el “interés superior del menor”, exceptuar determinados casos de la exigencia de acudir a un “medio adecuado de solución de controversias”, regular los efectos del inicio de la negociación y hacer preceptiva la celebración de vista.
Sesión de control y real decreto-ley
El miércoles, a las 9:00 horas, se reanuda el Pleno con la sesión de control al Gobierno, en la que se formularán las preguntas e interpelaciones urgentes al Ejecutivo.
Durante esta legislatura, las sesiones de control tienen como máximo 26 preguntas, de acuerdo con la Resolución de la Presidencia de la Cámara que organiza dichas sesiones, reguladas en el artículo 188 del Reglamento.
La distribución de las preguntas incluidas en el orden del día de cada sesión plenaria se ajusta al siguiente criterio: diez formuladas por diputados del Grupo Popular en el Congreso, siete formuladas por diputados del Grupo Socialista, dos formuladas por diputados del Grupo VOX, dos formuladas por diputados del Grupo Plurinacional SUMAR y una pregunta para cada uno de los grupos Republicano, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
Seguidamente, el Pleno de la Cámara debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las comunidades autónomas que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026. El texto establece medidas como la extensión al periodo impositivo de 2026 de la deducción aplicable a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma durante 2026 en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También establece “reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de 2025 de las comunidades autónomas a financiar inversiones financieramente sostenibles”.