“El Pleno del Congreso extraordinario celebró este jueves el debate de las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.
En concreto, la Cámara Alta había aprobado siete enmiendas del GPP que suponían una redacción completa (literalmente idéntica a a la PLO que envió el Parlamento de Galicia) alternativa a la que fue aprobada por el Congreso.
Al no haber sido ratificadas dichas enmiendas, por 138 a favor, 210 en contra y ninguna abstención, la ley aprobada es la que partió de la Cámara Baja.
Ha concluido hoy su tramitación parlamentaria y está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor.
En este debate intervine en nombre del GPP y estas fueron mis palabras:
“Con la venia, señora presidenta, señorías, defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este debate el texto que viene del Senado, que es literalmente idéntico al que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia el 19 de diciembre de 2023.
Un texto que preserva la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma, que impone claramente al Estado la obligación de asumir los principales costes, pasados y futuros, de la concesión de la autopista, blindando la sostenibilidad financiera de la futura gestión autonómica. En otras palabras, Galicia, con este texto que viene del Senado, recibiría la transferencia de la titularidad y competencias sin cargas indeseadas ni facturas ocultas.
Porque este texto, que coincide con el que viene del Parlamento de Galicia por unanimidad, transfiere de forma efectiva la titularidad de la autopista AP‑9 a Galicia, no como se propone en el texto de PSOE, BNG y SUMAR, que lo que hace es diferir la transferencia a un posible acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, lo cual presenta claros indicios de inconstitucionalidad.
El texto que traemos hoy aquí ―y que coincide con el Parlamento de Galicia― contempla el mantenimiento de las bonificaciones que ya existen, pero también contempla la obligación de que la Administración General del Estado dote a la comunidad autónoma de aquellos recursos económicos para ampliar las bonificaciones de los peajes, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos, algo que ya estaba comprometido.
Al igual que este texto ―que es el mismo que el del Parlamento de Galicia, unánime― dice que se financie con cargo a presupuestos generales del Estado aquellas inversiones, actuaciones e infraestructuras que ya estaban comprometidas.
Y al igual que este texto ―igual que el del Parlamento de Galicia― contempla que el Estado se haga cargo de los costes derivados de la supresión de los peajes como consecuencia del incremento del 1 % anual. Una decisión que se toma en la etapa del Gobierno del “faro moral” del Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, hoy imputado por tres causas.
Señorías, el texto que llega del Senado, que coincide literalmente con el texto que vino del Parlamento de Galicia por unanimidad, establece muy claramente que, en el supuesto de que se declare por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la nulidad de las prórrogas de la concesión por incumplimiento de normativa contractual, será el Estado el que asuma claramente esa obligación.
Y ustedes, PSOE, BNG y SUMAR, han excluido esa disposición adicional del texto que proponen. En definitiva, desnaturalizan el texto original para blindar la posición del Estado.
Por lo tanto, resulta muy irresponsable que BNG, PSOE y SUMAR, que saben que solo la transferencia se puede materializar con el concurso de la voluntad del Gobierno de Galicia, impongan requisitos en la ley que condicionan la viabilidad financiera del traspaso y que la Xunta ―ustedes lo saben― no debe ni puede aceptar.
Y es que hace muy poco, el 22 de abril de 2026, en el Parlamento de Galicia, BNG y PSOE votaron a favor de que se mantuviera este texto en su integridad y se decía en la resolución ―que ustedes votaron― que tenía una vigencia plena. ¿Dónde está la vigencia plena si ahora ustedes dan un completo cambiazo?.
No respetan el texto, deciden en los despachos, blindan al Estado y limitan las responsabilidades del Estado. Eso es lo que a ustedes les preocupa y nosotros a eso le llamamos traicionar los intereses generales de nuestra comunidad autónoma.
Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda, Arcadi España, en una emisora de radio y decía, abro comillas: “Los Gobiernos autonómicos deben hacerse cargo de las competencias que consiguen por medio de sus presupuestos, sus recursos y sus políticas”. Y decía el señor Arcadi España con cierta displicencia: “¿Qué quieren? Que les entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla”. Realmente es indignante.
Por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hacen PSOE, BNG y SUMAR es un pésimo negocio porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia.
Y por eso, señorías, por eso compartimos la respuesta que dio el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ―abro comillas―: “Galicia no está reclamando un trato de favor, sino unas condiciones que permitan asumir la gestión de la infraestructura, pues sin poner en riesgo las cuentas autonómicas. La transferencia debe llegar con una financiación suficiente y no aceptaré un acuerdo que suponga una carga económica para la comunidad”. Y sentenció, y yo comparto esa sentencia: “No queremos más que nadie, pero tampoco menos. Nosotros queremos el ‘lacito’ que sí se les pone a las competencias que, por ejemplo, se piden desde Cataluña o que se piden desde el País Vasco”.
Por cierto, en el debate anterior que hubo aquí en esta Cámara en el que intervino mi compañero Pedro Puy, el diputado de Junts ―que hoy no ha hablado más que de Cataluña, como si los temas de Galicia no interesaran― afirmó que él bajo ningún concepto aceptaría una transferencia con las condiciones que vienen en este texto. Es la prueba más clara de que este texto es un camelo y que es un sucedáneo inaceptable.
Concluyo. Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas que podrían suponer que Galicia llegase a afrontar unos costes rondando hasta los 4000 millones de euros lo que desnaturaliza el propósito de la transferencia y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar la AP-9 y avanzar hacia el objetivo que perseguimos: la gratuidad.
Exigimos, por lo tanto ―ya termino, señora presidenta― que respetemos los términos esenciales aprobados por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Por cierto, en el Parlamento de Galicia ese texto unánime por parte del Partido Socialista ¿saben qué lo defendió? La misma diputada del PSOE que ahora quiere que votemos un texto absolutamente diferente.
Por lo tanto, señorías, queremos que la transferencia de la AP-9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón, riesgos ocultos para Galicia.
Los diputados del Partido Popular vamos a votar a favor de este texto que viene del Senado que es literalmente idéntico al aprobado y votado por unanimidad por todos los que estamos en el Parlamento de Galicia.
Por VOX no, porque VOX no está ni en el Parlamento de Galicia ni tiene un solo concejal en toda la comunidad autónoma.
Queremos la transferencia.
Hoy vamos a votar a favor y quienes van a votar en contra son BNG, PSOE y SUMAR y, lamentablemente, aquellos que sin intervenir en el debate no tienen el rigor de analizar realmente qué es lo que viene y qué es lo que venía.
Muchas gracias.”
