El Pleno del Congreso ha convalidado ayer el Real Decreto-ley 17/2026 de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con 317 votos a favor y 33 en contra. Además, se ha acordado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Tal y como recoge en su exposición de motivos, tiene por objeto “incrementar la corresponsabilidad de la Administración General del Estado con su financiación para contribuir a garantizar un adecuado y homogéneo despliegue en el conjunto del Estado de los nuevos derechos y servicios” que pretende reconocer la propuesta de reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Precisamente, en la sesión plenaria de hoy se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, así como algunas de las enmiendas mantenidas por los grupos, del proyecto de ley que acomete dicha reforma “para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española”. La iniciativa se remite ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
En consonancia con las medidas del mencionado proyecto de ley, el presente real decreto-ley modifica en su artículo primero la disposición adicional centésima sexta de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2026, para incrementar las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En concreto, las nuevas cuantías son: 4.930 euros al mes para el grado III+ de dependencia extrema; 660 euros al mes para el grado III de gran dependencia; 260 euros al mes para el grado II de dependencia severa; y 90 euros al mes para el grado I de dependencia moderada.
Asimismo, para atender al pago de las obligaciones derivadas de su aprobación, el real decreto-ley concede en su artículo segundo un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinado a financiar las transferencias al IMSERSO para el nivel mínimo garantizado de protección de la dependencia, por importe de 2.097.652.020 euros, y para el nivel convenido del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por importe de 121 millones de euros. De esta forma, la contribución de la Administración General del Estado en 2026, “sumando el nivel mínimo y el nivel convenido de protección, ascenderá a 5.513 millones de euros”.
Fúnez denuncia la falta de “planificación,
financiación y presupuestos” en Dependencia: “No vamos a convalidar su forma de gobernar
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, manifestó el apoyo del GPP al Real Decreto sobre financiación del sistema de Dependencia, pero denunció la mentira del Gobierno, que habla de 6.200 millones de euros que no aparecen en el decreto, donde solo se contempla la financiación de 2.218 que sirven para el año en curso.
“La financiación estructural de la Dependencia seguirá dependiendo de la aprobación, año a año, de los Presupuestos Generales del Estado, donde ustedes tienen poca credibilidad”, criticó.
Cómo puede garantizar una financiación estable para mantener estos derechos un gobierno incapaz de garantizar estabilidad presupuestaria y que lleva incumpliendo la Constitución toda la legislatura, sinpresentar Presupuestos Generales del Estado?”, se pregunta: “LaDependencia necesita certezas, no parches”
Advirtió al Gobierno de que el Real Decreto-ley que hoy se debate en el Congreso “no viene a sustituir la memoria económica que le hemos venido pidiendo” para el proyecto de ley de Dependencia, puesto que solo supone “un suplemento de crédito” y un incremento “de las cuantías del nivel mínimo”, pero en ningún caso cambia el sistema de financiación de la Dependencia: “No puede hacer algo que jurídicamente es imposible”
