Hoy jueves se celebró el debate del dictamen de la Comisión de Transportes relativo a la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia.
n nombre del
GPP intervino el diputado gallego Pedro PUY que dijo:
“Debatimos
ahora la Proposición de ley orgánica de transferencia de la AP9, la vía que
vertebra Galicia de norte a sur, a la que el Grupo Parlamentario Popular ―que
lleva años respaldando una petición unánime del Parlamento de Galicia― ha
presentado cinco votos particulares, que son los que defiendo, con el objetivo
de recuperar el texto consensuado por Partido Popular, Partido Socialista y
Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, y que el
acuerdo transaccionado entre nacionalistas socialistas y también SUMAR deturpa
profundamente, como tan acertadamente señaló mi compañero Cerso Delgado en el
debate en comisión.
Estamos
ante un problema para Galicia, pero no es exclusivamente gallego, porque afecta
a la cohesión social y territorial de España y a la competitividad de la
eurorregión, de Galicia y del Norte de Portugal, y también de Asturias y
Castilla y León. Los usuarios soportan los peajes más altos del país. Al
tiempo que los trenes de alta velocidad de vía única y diferentes anchos
dificultan la operatividad, el desarrollo del eje atlántico de mercancías está
paralizado, los aeropuertos apenas tienen frecuencia y el mantenimiento de las
autovías deja mucho que desear. La gestión de la AP9 por la Administración del
Estado ha sido costosa para sus usuarios desde el primer momento, cuando en el
último franquismo se optó por financiar infraestructuras mediante el pago de
peajes. Retrasos desde el inicio a consecuencia de la crisis económica de los
setenta y a la oposición del nacionalismo de izquierdas, que hablaba entonces
de unha navallada para Galicia y de que las vacas iban a dejar de dar leche. Y
luego, todos los gobiernos de todos los colores, desde el de Adolfo Suárez
al de Zapatero, pasando por los de González y Aznar, decidieron compensar
las pérdidas de la concesionaria o financiar las nuevas obras incrementando los
peajes o el plazo de explotación. Todos los gobiernos y de todos los colores.
Y hoy,
cuando la mayoría de las autopistas de peaje de España han sido liberadas o
rescatadas por razones de seguridad vial o medioambientales, es injusto y
carece de sentido que los usuarios de la AP9 tengan ―tengamos― que seguir
pagando esta hipoteca hasta 2048 a una empresa que este año subió los peajes un
5 % y que en los últimos cuatro años ha multiplicado por dos sus
resultados.
El texto
que llegó al Congreso tuvo el respaldo unánime del Parlamento de Galicia porque
allí se consensuó. De hecho, una de las modificaciones más preocupantes
introducida en la tramitación en el Congreso por el Partido Socialista, SUMAR y
Bloque, ha sido la eliminación de la disposición adicional que en su día se
incluyó, precisamente a propuesta del Bloque, para garantizar que el coste de
una posible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contraria a
la prórroga de la concesión del año 2000, no recayera sobre la Administración
autonómica, sino sobre quién la realizó: la Administración del Estado. Y
resulta lamentable que el Bloque, que en la anterior tramitación de esta
proposición de ley solicitó la retirada de las enmiendas, cosa que el Grupo
Popular hizo, y que el pasado 22 de abril votó en Galicia a favor de defender
aquí y ahora la literalidad del texto original, exigiéndole al PSOE el 28 de
abril que retirara sus enmiendas, participe en la modificación sustancial
de la propuesta a espaldas del grupo mayoritario en esta Cámara y en
Galicia.
Los votos
particulares responden a esta alteración sustancial del acuerdo unánime
original. El Congreso, obviamente, está en su derecho de modificar las
propuestas remitidas por los Parlamentos Autonómicos, pero también el
Parlamento Gallego y la Xunta de Galicia están en su derecho de denunciar que
este pacto rompe los consensos alcanzados en Galicia, como acaba de hacer el
pasado Pleno de hace ocho días del Parlamento de Galicia y la Xunta, en una
carta que estos días ha dirigido al ministro Puente, la conselleira de
Infraestructuras, advirtiendo que en estas condiciones la transferencia no es
viable. Y no es viable por tres motivos, el primero, jurídico. El artículo 1 de
la proposición de ley original dice, literalmente, que se transfiera a la
Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la Autopista del Atlántico y
especifica las funciones que asume la Comunidad Autónoma en relación con la
concesión. En el texto transaccionado no se transfiere, l transferencia queda
diferida ―no sé si esto, además, es constitucional― al acuerdo que se formule
después en la Comisión Mixta de Transferencias.
Y, además,
con muchos límites, lo que nos lleva al segundo motivo, que es el económico.
Del texto original se han caído garantías esenciales para la viabilidad
financiera del traspaso, como por ejemplo la cobertura de las inversiones ya
comprometidas, el mantenimiento de las bonificaciones que ya está asumiendo
la Administración del Estado y la ampliación a la que se comprometió y que
iba incluida en los presupuestos de 2024, la compensación por los incrementos
tarifarios diferidos al año 2038 y la mencionada asunción por la Administración
del Estado de las posibles consecuencias de una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en relación con la ampliación de la concesión. Y
hay motivos para la preocupación, no solo los 4000 millones que le puede costar
a la Xunta el que no se hayan incluido estas previsiones, sino porque en las
catorce ocasiones que la Xunta ha solicitado al ministro Puente conocer la
posición del Gobierno en relación con ese procedimiento judicial en Europa, el
ministro ―habitualmente tan rápido en sus respuestas― no ha contestado ni a una
de las cartas que se le ha dirigido desde Galicia por la eficaz conselleira de
Infraestructuras María Martínez Allegue. Y ante esta falta de
transparencia, la Xunta no ha tenido más remedio que interponer un recurso
contencioso-administrativo simplemente para acceder a la documentación remitida
por el Gobierno a las instituciones europeas. Y por si esto no bastase, se
ha introducido una cláusula nueva adicional que fija como techo máximo de las
obligaciones a asumir por la Administración del Estado los límites económicos
vigentes a fecha del acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, lo que
evidentemente desnaturaliza el texto original.
Y el tercer
motivo es político. Resulta irresponsable, cuando saben que la transferencia
solo se puede materializar con el concurso de la voluntad del Gobierno
gallego, imponer requisitos en la ley que condicionan la viabilidad
financiera del traspaso y que la Xunta saben que no puede aceptar. Porque
la Xunta tiene la obligación de defender la posición financiera
del Gobierno autonómico, que es lo que estamos haciendo precisamente
nosotros ahora. Defender que los gallegos ya no paguen dos, sino tres
veces por una autopista que es vital para la economía de Galicia y el noroeste,
no lo podemos aceptar. Alguien debería explicar por qué se han traicionado los
acuerdos previos en Galicia y hasta los acuerdos que el PSOE firmó en su día
con el Bloque para la investidura de Sánchez en el año 2020, que
garantizaban el traspaso libre de cargas y ese mismo año, pero, como siempre,
bravos en Galicia, pero mansos en Madrid. Los cambios introducidos ponen
en riesgo la seguridad jurídica y la viabilidad financiera del traspaso y no
los podemos apoyar. De no prosperar los votos particulares en el Senado, como
es natural, recuperaremos el espíritu y la letra del texto original. Y serán
entonces los grupos que han roto los acuerdos y traicionado sus propios
compromisos los que tendrán que explicar sus motivos para hacerlo. Porque si
algo evidencia este debate es que hay quien respeta los acuerdos alcanzados,
quien mantiene sus compromisos y quien defiende a la ciudadanía, y quien
no lo hace. Y, por eso, quien merece gobernar en Galicia y pronto en
España.”
Un texto sustancialmente diferente al remitida por la unanimidad del Parlamento de Galicia salió adelante por 179 votos a favor, 169 votos en contra y ninguna abstenciones, alcanzando la mayoría absoluta necesaria para su aprobación por su carácter orgánico, y continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. La redacción aprobada coincide con el dictamen de la comisión, al haber quedado rechazados los votos particulares presentados por el GPP.
