Publica hoy el diario ABC una información de Bruno
Pérez titulada “El Gobierno ultima un contrato millonario con Correos para
blindar su futuro” y subtitulada “El
centenario operador postal del Estado prestará todo tipo de servicios públicos
a la Administración a cambio de unos 150 millones de euros al año”
En
ella se hace eco de las preguntas registradas el 10 de marzo por quien suscribe
y mi colega diputado Jaime Olano sobre el avance de las cuentas de Correos de 2025.
Dice así la información:
"Nueve meses después de que el Congreso, con el apoyo fundamental proporcionado por una abstención estratégica del PP, avalara la reforma legal que habilitó una ampliación sin precedentes del perímetro de actuación del tricentenario operador postal del Estado, Correos y el Gobierno se disponen a cerrar los últimos flecos del contrato-programa que concretará los servicios ajenos a su actividad tradicional que la empresa pública empezará a prestar de forma inmediata para el Estado. En él se recogerán las condiciones que deberá cumplir para recibir por ellos una asignación anual de los Presupuestos del Estado que en principio se estima en unos 150 millones de euros, según han confirmado a ABC fuentes cercanas al Gobierno.
Este acuerdo es existencial para la empresa que preside Pedro
Saura. En pleno proceso de saneamiento por
el desplome de su negocio tradicional y por los excesos de la etapa de Juan
Manuel Serrano, que abrieron un agujero de más de 1.000 millones de euros en
las cuentas de la empresa y dispararon su endeudamiento en cientos de millones,
la consolidación de una fuente permanente de ingresos asociados a los llamados
servicios de interés económico general (SIEG) aporta una certidumbre a futuro
que no le garantizan ni sus incipientes apuestas por la diversificación de
negocio ni por supuesto el negocio postal tradicional, en pleno retroceso.
El poder balsámico de este nuevo flanco de negocio para Correos ha empezado a percibirse ya en 2025, el primer ejercicio en el que la compañía postal no ha cerrado en pérdidas desde 2019 y en el que ha reportado un beneficio neto de 14,4 millones de euros. La compañía ha atribuido esta mejora de sus resultados «al aumento de los ingresos y a los esfuerzos de reducción del gasto», pero fuentes no oficiales de la sociedad aseguran que el año pasado esta ya comenzó a recibir recursos públicos por los servicios no postales que presta a los ministerios. Una posibilidad, por cierto, que ya se preveía en la norma de 2025 que reguló su ampliación de competencias y que preveía la posibilidad de abonar anticipos por esos servicios antes incluso de que entrara en vigor el contrato-programa que aún está pendiente de firma.
Fuentes de Correos informan, en este sentido, de que a lo largo de 2025 la compañía tramitó cerca de 160.000 operaciones administrativas para una decena de ministerios (Seguridad Social, Transportes, Transición Ecológica, Política Territorial o Trabajo, entre otros) a través de su servicio ORVE, que permite a los ciudadanos registrar, digitalizar y enviar de manera inmediata documentos administrativos a las administraciones públicas desde las oficinas de la empresa postal.
El año pasado también Correos fue designado por el Gobierno como operador estratégico de apoyo para informar y asistir a las personas afectadas por la dana de la Comunidad Valenciana en todas las gestiones para la solicitud de ayudas de las distintas administraciones públicas, poniendo sus oficinas y su personal al servicio de la atención de la emergencia como una especie de UME civil, una de las nuevas competencias y responsabilidades que le otorga su nuevo marco regulatorio.
Agente rural y financiero
No es la única. La hoja de ruta a futuro que el SIEG traza para Correos pasa por la reconversión de su amplísima red de más de 2.300 oficinas en una especie de ventanilla única de la Administración y también en una sucursal financiera, singularmente en el ámbito rural.
El abanico de servicios que se prestarán en las oficinas de Correos es amplio: tramitación de las solicitudes administrativas presentadas por los ciudadanos y las empresas, entrega a los ciudadanos de los documentos expedidos por las administraciones públicas, gestión del pago de impuestos y multas, gestión del pago a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas o servicios de acreditación de identidad digital.
El SIEG también habilita a Correos para prestar servicios financieros básicos en régimen de libre competencia y el plan de la empresa es avanzar en ese camino. La compañía postal firmó en febrero de 2025 un acuerdo con AXA para ofrecer de forma exclusiva en sus oficinas las pólizas de automóvil, hogar, salud o accidentes de la aseguradora y está apostando en sus oficinas rurales por el servicio Correos Cash, que permite ingresar y retirar efectivo en sus oficinas con solo solicitarlo en la app del banco.
El plan hace de la necesidad virtud, ya que plantea una alternativa de servicio para decenas de oficinas rurales o de pequeñas poblaciones que no son rentables. Por este motivo, el relato oficial de Correos desmiente que el SIEG forme parte de una especie de salvavidas para rescatar a la compañía de un futuro incierto y sitúa el debate en el terreno de las compensaciones públicas por prestar un servicio en lugares donde bancos e incluso administraciones públicas han considerado conveniente cerrar sus instalaciones por falta de rentabilidad, un poco del mismo modo que sucede con la compensación pública que recibe por la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), que viene a compensar al operador del Estado por garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que impone la ley postal en todo el territorio, también allí donde no es rentable.
De hecho, la empresa postal incide en que la retribución que recibirán por el SIEG estará en función de los servicios efectivos que se presten a las administraciones públicas.
El PP duda de los beneficios de Correos y pide revelar las
inyecciones del Estado
Al PP no le salen las cuentas con Correos. Sospecha que tras los 14,4 millones de euros de beneficio neto reportados por el operador postal hay inyecciones extraordinarias de recursos por parte del Estado, una reducción drástica de su patrimonio inmobiliario, ajustes en el empleo y alguna maniobra contable. Por esta razón ha planteado una batería de medio centenar de preguntas en el Congreso para que el operador postal dé explicaciones por la información «insuficiente y confusa» que ha ofrecido de su balance. Los populares exigen conocer qué cantidad ingresó Correos en 2025 del Estado por el servicio postal universal y el SIEG, qué parte de ese resultado se debe a plusvalías por ventas de activos inmobiliarios, cuál ha sido su plantilla media respecto a 2025 y también cuál ha sido la retribución de los miembros del consejo.
Sea por una cosa u otra, el caso es que Correos va camino de asegurarse una inyección anual de unos 400 millones de euros en un momento en que su negocio postal cae a doble dígito y sus ingresos por este también se han desplomado tras la pandemia. La compañía espera ingresar 150 millones de euros anuales del SIEG y confía en que la Comisión Europea le dé el visto bueno a los 250 millones de euros anuales por el Servicio Postal Universal, cuya prestación el Gobierno le ha garantizado hasta 2030 y cuyas obligaciones también se han ensanchado a la paquetería ligera.
El erario público también sufragará una parte de la factura millonaria de las miles de prejubilaciones que la compañía espera sustanciar a partir de este año.
