Los diputados gallegos del Partido Popular acabamos de presentar en el Congreso la siguiente pregunta al Gobierno, de la que deseamos obtener respuesta por escrito:
"El Consello de la Xunta de
Galicia celebrado el 2 de febrero dio cuenta de un informe sobre el último
requerimiento hecho en este inicio de año al Gobierno central para conocer la
respuesta que dirigió el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la
Comisión Europea, tras el dictamen de ese órgano sobre las prórrogas de la
AP-9.
Y es que la Consellería de
Vivienda y Planificación de Infraestructuras requirió hace más de tres meses el
acceso a la información remitida por el Ministerio a la Comisión Europea tras
su dictamen sobre las prórrogas de la AP-9 emitido en septiembre.
Transcurrido el plazo legal
para contestar, sin que el Gobierno central facilitara la documentación
solicitada, la Xunta ha vuelto a enviar un nuevo requerimiento al Gobierno
central, brindándole una última oportunidad de facilitar la documentación,
previa a la apertura de la vía contencioso-administrativa.
El requerimiento tiene como
objetivo acceder a la respuesta que el Estado español remitió a la Comisión
Europea en el marco del dictamen motivado sobre las prórrogas a la concesión de
la AP-9, en el que Bruselas cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria
de contratación pública.
La Comisión Europea advirtió,
además, de que España podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea si no adopta las medidas oportunas, por lo que se trata de un
asunto de enorme trascendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia.
El Gobierno gallego actúa así
en defensa del interés general de Galicia y para garantizar la transparencia en
una infraestructura estratégica que vertebra el territorio como es la AP-9. Y quiere insistir en que la solución en la
AP-9 pasa por el rescate y la transferencia de la gestión de la autopista. La
Xunta de Galicia tiene hechos los cálculos sobre el coste del rescate en
relación con la permanencia de la prórroga hasta 2048, que plasmó en un estudio
en 2024 que estimaba inicialmente la cifra en 2.331 M€, equiparables a lo que
supondría atender la política de bonificaciones desarrollada por el Gobierno
estatal hasta esa fecha.
Actualizado este cálculo el
pasado agosto de 2025 -informado por el Consello de la Xunta- la cuantía se
eleva hasta los 2.356M€, una nueva estimación en la que destaca el incremento
en 65M€ del lucro cesante de la concesionaria, a consecuencia del aumento de
sus beneficios.
Las condiciones del rescate, a
medida que pase el tiempo, serán cada vez más gravosas por las inyecciones de
dinero público que está recibiendo la concesionaria, sumada a la subida de
tarifas. Además, se retrasarán los beneficios del trasvase de tráfico que la
liberación del peaje implicará desde las carreteras convencionales hacia la
AP-9, con el consecuente ahorro de tiempo, menos contaminación y más seguridad
vial. Por todo lo anterior preguntamos:
¿Atenderá el Gobierno los reiterados
requerimientos de la Xunta de Galicia y le facilitará la respuesta que dirigió
el Estado español a la Comisión Europea, tras su dictamen sobre el cumplimiento
de la normativa comunitaria de contratación pública en relación con las prórrogas
de la concesión de la autopista del Atlántico, AP-9?·
