viernes, 29 de noviembre de 2024

El Consejo de Ministros celebrado ayer acordó ampliar el compromiso de gasto para financiar la mejora de las bonificaciones de los peajes de la Autopista del Atlántico (AP-9) pero el Gobierno sigue boicoteando la tramitación de la PLO de transferencia a Galicia

El Consejo de Ministros  celebrado ayer acordó ampliar el compromiso de gasto para financiar la mejora de las bonificaciones de los peajes de la Autopistas del Atlántico (AP-9), que incrementa las rebajas a los usuarios hasta el 50%, cumpliendo una serie de condiciones. Así, se eleva a los 81,6 millones de euros el presupuesto previsto para financiar todos los descuentos de la AP-9 en 2025.

En la referencia gubernamental se dice que “esta medida supone un paso previo para la tramitación y aprobación del Real Decreto que regulará el aumento de los descuentos a los vehículos ligeros que utilicen la autopista de forma habitual y a todos los pesados.

Las nuevas bonificaciones se aplicarán de la siguiente forma:

  • Se mejora el descuento extra por recurrencia, que se eleva al 50%, a aquellos vehículos que realicen al menos 20 viajes al mes y abonen los peajes con telepeaje o VIA-T.
  • La recurrencia es una rebaja del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen al menos 20 viajes en dicho periodo. Se contabiliza como un viaje el recorrido realizado en un mismo día y en un mismo sentido de circulación por tramos de peaje de la autopista.
  • Se mantiene gratuidad de todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas, siempre que se pague con telepeaje, y el resto de las bonificaciones.
  • Los vehículos pesados verán incrementado el descuento desde el 20% actual al 50% desde el primer viaje, independientemente del sistema de pago y de los tramos que recorran.

Con el actual sistema de bonificaciones, en vigor desde finales de julio de 2021 (Real Decreto 681/2021), se han bonificado hasta el 30 de septiembre de 2024 más de 66 millones de tránsitos de vehículos ligeros y casi 14 millones de vehículo pesados, generando ahorros a los usuarios de unos 141 millones de euros.

Valoración

Como ya publiqué en una entrada de este Blog, el pasado 16 de octubre intervine en el Pleno del Congreso en la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ante el Pleno de la Cámara, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), para informar sobre la posición del Gobierno en relación con la activación de la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la autopista del Atlántico AP-9, así como sobre el cumplimiento de los compromisos que adquirió sobre la implantación de nuevas bonificaciones a los usuarios y el de gratuidad de la autopista expresada en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas.

Sobre este tema de las bonificaciones le decía al ministro Óscar Puente: Usted habla también de las bonificaciones. Nosotros celebramos, obviamente, las bonificaciones, las que se han implantado y las que están pendientes de implantar ―el pasado jueves se ha dado un paso administrativo―, pero tengo que decirle ―y usted también en su discurso ha querido obviarlo de una manera sorprendente― que es un hecho que este sistema de bonificaciones se viene produciendo prácticamente desde que se otorgó la primera concesión. 

Hay bonificaciones en etapas del Gobierno del Partido Socialista y en etapas de gobierno del Partido Popular. Entre otras cosas, las bonificaciones que se establecieron en febrero de 2013 por un convenio se produjeron siendo ministra del Gobierno de España una ministra del Partido Popular y se aplicó una bonificación por uso habitual a los vehículos ligeros en los tramos entre Pontevedra y Vigo, que ampliaba hasta el cien por cien el descuento existente. Es decir, claro que los ha habido, y los ha habido antes de estos y habrá otros después. Por lo tanto, obviar esto y querer negar esa realidad, nos parece muy poco serio.

En definitiva, el camino de las bonificaciones lo aplaudimos, lo valoramos y lo han venido pidiendo el Parlamento de Galicia y la Xunta de Galicia; para eso hubo una propuesta en el año 2019, hubo un dictamen del Consello de Contas, que justamente criticaba la causa de una subida extraordinaria de los peajes, que fue un decreto de octubre del 2011, siendo ministro don José Blanco, auténticamente lesivo para los intereses de Galicia, puesto que establecía una subida acumulativa del 1 % anual durante veinte años. Tampoco se ha referido a esto; bueno, pues lo tengo que hacer yo.

Pero no es mirar al pasado lo que pretendemos con esta comparecencia. Nosotros buscamos un camino hacia la transferencia de la titularidad, estamos en el camino hacia la gratuidad de la autopista. En la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, el candidato, el señor Gómez Besteiro, enarboló como gran bandera para intentar atraer el voto ―aunque luego se quedó simplemente en diez diputados― que con él la autopista sería gratuita porque tenía el aval de Pedro Sánchez. Tal cosa no sucedió, pero podemos seguir avanzando por ese camino.”

Expuesto lo anterior, me ratifico en esa valoración, me alegro de que se haya dado este paso en el Consejo de Ministros, que me parece un acto de justicia, aunque insuficiente.

El objetivo del PP es que esta autopista sea libre de peaje y que su titularidad y competencias pasen a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Pero lo cierto es que el Gripo Parlamentario Socialista y el de SUMAR que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, están siguiendo las órdenes del Gobierno y siguen boicoteando la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la autopista a Galicia.

En la pasada Legislatura estos mismos Grupos forzaron quince prórrogas del plazo de presentación de enmiendas, se negaron a reunir la ponencia y presentaron enmiendas para que en lugar de transferir la titularidad y la gestión simplemente fueran actividades de administración y explotación.

Y en esta legislatura, estos Grupos ya acordaron, con la frontal oposición del Grupo Parlamentario Popular, catorce prórrogas del plazo de presentación de enmiendas a una proposición de ley orgánica que solo tiene tres artículos. Algo inaceptable.