La
proposición no de ley, votada en sus términos, insta al Gobierno “a reconocer a
Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 en
Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo del país”. El texto
solicita que el Gobierno lidere el reconocimiento de González en las
instituciones europeas e instancias internacionales y garantice el respeto al
voto de los venezolanos para iniciar un proceso de transición hacia un sistema
de derechos basado en el reconocimiento de los resultados, con el objetivo de
asegurar la toma de posesión como nuevo presidente.
Para
todo ello, el texto aprobado aboga por “rechazar categóricamente cualquier
opción que niegue al pueblo venezolano el ejercicio de su soberanía, como
podría ser una repetición electoral o un gobierno de coalición que excluya el
mandato popular”.
Por
otro lado, se le exige "al régimen de Maduro el cese inmediato de la
represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos
políticos, incluyendo la suspensión de detenciones arbitrarias, la intimidación
a ciudadanos y el asedio a representaciones diplomáticas”.
En
este sentido, opta por reforzar las medidas de seguridad personal a los
dirigentes de la oposición democrática, además del respaldo como los únicos
interlocutores legítimos en las negociaciones para la transición democrática,
lo que “implica el reconocimiento pleno de los resultados de las elecciones
primarias y presidenciales, en las cuales María Corina Machado y Edmundo
González fueron elegidos como las figuras principales para liderar este
proceso”.
Además,
promueve ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los
dirigentes del régimen de Maduro y la ampliación de las mismas, dirigiéndolas
especialmente “a los intereses económicos de los jerarcas, testaferros y
colaboradores de la dictadura”.
El
Congreso con su voto afirmativo a la iniciativa no legislativa reclama al
Gobierno que apoye la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro
Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las
elecciones venezolanas.
Finalmente, la proposición solicita el apoyo a las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas, “especialmente aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado del 28 de julio, incluida la movilización de los casi 8 millones de venezolanos que han sido obligados a emigrar de su país, y que continúan luchando por un futuro mejor para Venezuela desde el exilio”.
